La pandemia por Covid-19 trajo consigo que se retomara el tema del teletrabajo, cuyas iniciativas se habían gestado durante un periodo de tres años (2016-2019), pero fue en enero de 2021 que el artículo 311.° de la Ley Federal del Trabajo fue reformado, estableciendo que el “trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo”; no obstante, a raíz de esta modificación, se establecen derechos y obligaciones para los patrones y trabajadores, y con ello, impuestos relacionados con esta modalidad de trabajo a distancia.
La vicepresidencia de Desarrollo y Capacitación programó el curso Cálculo del Impuesto Sobre Nóminas y teletrabajo, que se efectuó el 4 de agosto, gestionado por la comisión técnica de Contribuciones Locales del Colegio, representado por las comisionadas Laila Yarina Moreno Sotelo, Ana Victoria Albareda Soberón y Nancy Leticia Segura León, quienes abordaron los temas de Teletrabajo: derechos y obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores, y el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) relativo al teletrabajo, según la entidad federativa.
Laila Moreno abrió su participación al hacer referencia del artículo 330-A al 330-K relacionados con los temas del teletrabajo, condiciones de trabajo, cambios de modalidad, reglamento interior de trabajo, obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, equilibrio en la relación laboral, garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores, condiciones especiales de seguridad y salud, y las atribuciones y deberes especiales de los inspectores del trabajo.
“Se considera teletrabajo cuando se cubre 40% del total de la jornada. No se contempla como tal, aquel que se realice de forma ocasional o esporádica”.
En ese sentido, agregó que en esta modalidad de home office, los patrones contraen obligaciones “especiales” como el de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo; recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios; asumir los costos derivados del trabajo de la modalidad a distancia (teletrabajo); llevar registro de los insumos entregados en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud; implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados; respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores; inscribir a los trabajadores en la seguridad social; establecer los mecanismos de capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
De igual forma, los trabajadores asumen obligaciones “especiales” como la guarda y conservación de los equipos y materiales que reciban del patrón; informar de manera oportuna el costo pactado por los servicios de telecomunicación y electricidad; obedecer disposiciones en materia de seguridad y salud; atender y utilizar los mecanismos para la supervisión de las actividades; atender las políticas y mecanismos de protección de datos; atender políticas, restricciones del uso de la información y almacenamiento.
A este respecto, Laila Moreno subrayó que “el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo debe ser voluntario y establecido por escrito; además de ser reversible y considerar que las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos será establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana”.
El teletrabajo desde el punto de vista fiscal fue retomado por la contadora Ana Victoria Albareda Soberón, quien habló del ISN, refiriéndose como una tributación estatal por el salario otorgado a los trabajadores y como pago estatal; es decir, este impuesto depende de cada entidad federativa, por lo que se centró en las tasas del ISN por Estado y de la normativa de cada región, tomando como referencia el artículo 31.° fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “en el que se habla de la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como de la Ciudad de México o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Sobre el particular habló de los principales elementos como el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago; conjuntamente con el tema de las prestaciones legales y contractuales y lo que representa el tema de la previsión social como el pago complementario a las prestaciones que reciben los asalariados por su trabajo de acuerdo con la LFT, Ley del Seguro Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Eventos recientes
La confianza, la transparencia y el cumplimiento fueron algunos de los ejes de la 2.ª Cumbre para donatarias autorizadas, organizada por la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio y realizada del 23 al 25 de septiembre. Durante tres jornadas, especialistas analizaron los principales retos fiscales, legales, contables y operativos que enfrentan estas organizaciones, así como herramientas para fortalecer su gestión, prevenir riesgos y contribuir a su sostenibilidad.Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que detrás de cada donativo existe un voto de confianza que las donatarias deben preservar mediante la transparencia, el cumplimiento, la prevención de riesgos y la rendición de cuentas. Asimismo, señaló la importancia de la profesionalización para consolidar organizaciones sólidas y sostenibles, y llamó a los profesionales de distintas disciplinas a contribuir a este propósito.En la primera jornada, Gloria Lara Cantó, Dina Isabel Moreno Uribe y Sergio Sánchez Arciniega abordaron la evolución de la rendición de cuentas en las donatarias mediante la incorporación de criterios ASG y marcos como las NIS, el ISSB y el GRI. Entre los aspectos revisados estuvieron la determinación de la materialidad con los grupos de interés, la construcción de una cadena de impacto y la trazabilidad de la información no financiera, con el propósito de respaldar los resultados reportados y prevenir prácticas de impact washing.Por su parte, Gemma Sáez Banús expuso el marco jurídico de las donatarias autorizadas en México y las principales figuras mediante las cuales pueden constituirse, entre ellas A.C., S.C., I.A.P. y fideicomisos. También explicó las condiciones para conservar la autorización, como destinar los activos al objeto social y atender las disposiciones fiscales aplicables. Asimismo, José Sinaí Trejo Suárez analizó la ingeniería contractual y la utilidad de los convenios de colaboración y apoyo económico, con énfasis en su objeto, confidencialidad, protección de datos, prevención de lavado de dinero, vigencia y jurisdicción.En materia contable, César Daniel Pérez Castro revisó la aplicación práctica de las NIF B-10, D-3, D-5 y E-2 en las organizaciones civiles, relacionadas con inflación, beneficios a los empleados, arrendamientos y donativos. De igual forma, Elizabeth Pérez Esteban y Mario Espadas Sánchez destacaron la utilidad de los catálogos de cuentas y las guías contabilizadoras para estandarizar registros, organizar la información por centros de costos, programas o donantes y facilitar el análisis de las variaciones financieras.Mario Espadas Sánchez también abordó las reglas para la emisión y validación de CFDI por donativos, así como el Complemento de Donatarias y las medidas para reducir riesgos fiscales. Entre las prácticas señaladas estuvieron la conciliación de ingresos y egresos con los movimientos bancarios, la revisión de las listas del artículo 69-B del CFF y la emisión oportuna de los comprobantes. Por otro lado, Maribel De La Llave González y Maribel Trejo Estudillo analizaron la materialidad de las operaciones y la defensa preventiva, destacando la necesidad de mantener congruencia entre los aspectos legales, fiscales, contables, administrativos y operativos, así como evidencia que permita acreditar la realidad, propósito, destino y trazabilidad de los recursos.También se abordó la identificación del beneficiario controlador. Ivonne Canett Rivas y David Henry Foulkes Woog explicaron las obligaciones aplicables desde las perspectivas fiscal y de PLD, así como la necesidad de implementar controles para identificar, verificar, documentar, conservar y actualizar la información correspondiente. En este último ámbito, señalaron los cambios previstos para 2027 y la importancia de fortalecer los controles internos ante los nuevos requerimientos.Durante la segunda jornada, Alma Goretti Rivera Pérez, Elizabeth Pérez Esteban y Alejandro Gualito Hernández analizaron la ingeniería financiera y el control digital en el tercer sector. Los especialistas revisaron el análisis de los estados financieros bajo las NIF B-16 y E-2, el uso de razones financieras y los requerimientos de contabilidad electrónica, además de la información y documentación que respalda la Declaración de Transparencia.En esta misma jornada, Alma Goretti Rivera Pérez expuso las posibilidades de la IA para automatizar procesos administrativos y contables, realizar conciliaciones predictivas, detectar inconsistencias y apoyar el cumplimiento fiscal. Asimismo, Luz Berenice Trujillo Mendieta y Alejandro Méndez Rueda revisaron las nuevas obligaciones derivadas de las reformas en materia de PLD, entre ellas la elaboración de manuales de políticas internas, matrices de riesgo y perfiles transaccionales, así como los nuevos plazos de conservación de información, capacitación y auditoría.Por su parte, Alejandro Gualito Hernández abordó el remanente distribuible y las implicaciones de determinadas operaciones con partes relacionadas, precios de transferencia y reportes de donativos recibidos en efectivo, oro o plata. En tanto, Adolfo David Fonseca Trejo explicó que la renovación de la autorización para recibir donativos deducibles depende de un cumplimiento permanente, por lo que destacó la importancia de mantener vigente el objeto social, atender las obligaciones periódicas, conservar la documentación soporte y prevenir causales de revocación o suspensión.Asimismo, Orlando Corona Lara, vicepresidente de Gobierno, abordó la gestión laboral y de seguridad social en las donatarias, destacando que su carácter no lucrativo no las exime de sus responsabilidades como patrones. En su exposición revisó la correcta integración del SBC y la congruencia de información entre CFDI de nómina, SAT, IMSS e Infonavit, además de criterios relacionados con la PTU.Durante la tercera jornada, Margarita Aranda Martínez y Sergio Sánchez Arciniega analizaron la sistematización de los procesos de cumplimiento y la integración de información para los informes de transparencia. Entre las herramientas revisadas estuvieron las matrices de cumplimiento y los controles para donativos, bancos, compras y proveedores, así como el uso de tecnología para centralizar información, automatizar conciliaciones y mitigar riesgos.De igual forma, Ernesto Torres García y Gabriela Farías Martínez abordaron distintos criterios relacionados con la PTU en las donatarias autorizadas, particularmente los supuestos en los que pueden surgir obligaciones cuando se obtienen ingresos no relacionados con el objeto autorizado. La planeación presupuestal también formó parte de los trabajos, con la participación de Ligia Mabell Cajas Catota, quien destacó la importancia de vincular el presupuesto con la misión y los objetivos institucionales, distinguir entre fondos restringidos y no restringidos y fortalecer el control mediante el análisis de variaciones, el seguimiento del flujo de efectivo y la constitución de reservas.Como parte de la conferencia magistral, Maribel De La Llave González, Maribel Trejo Estudillo, Roberto Carlos Figueroa Atilano, Adolfo David Fonseca Trejo y José Sinaí Trejo Suárez presentaron el Método ADA, creado en 2021 como una metodología de alineación y cumplimiento institucional que integra aspectos legales, fiscales, contables, de auditoría, materialidad y buenas prácticas. El modelo plantea un enfoque preventivo para identificar y corregir riesgos, así como mantener la congruencia y trazabilidad entre las operaciones que realiza una organización, la documentación que genera, sus registros contables y la información que declara.Finalmente, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, fue la encargada de clausurar las actividades de la 2.ª Cumbre para donatarias autorizadas. En su intervención destacó los conocimientos y herramientas compartidos para fortalecer la certeza jurídica, la gobernanza, la transparencia y la operación de las organizaciones sin fines de lucro, y llamó a llevar estos aprendizajes a la práctica para contribuir a su sostenibilidad, fortalecer la confianza de los donantes y ampliar su impacto en las comunidades.
El 24 de septiembre, el Colegio de la Contaduría Pública de México presentó el curso Cadena de suministro sostenible y sus beneficios, mismo que contó con la participación de Graciela Enríquez Guadarrama, comisionada de Sostenibilidad, en la coordinación de las ponencias. El curso estuvo estructurado en dos ejes temáticos: introducción general sobre el tema y los aspectos relevantes. En el primer bloque, Roberto Valdivia Echaniz, profesor en Pontificia Universidad Católica de Ecuador, expuso los conceptos básicos, la importancia de la sostenibilidad en los procesos logísticos y su relación con los objetivos principales de desarrollo sostenible y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG). En su intervención, Valdivia Echaniz definió el desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, a través de la integración de las dimensiones ecológica, social y económica. En ese sentido, relacionó los criterios ESG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Mientras los ODS marcan las metas globales, los criterios ESG constituyen la herramienta práctica para medir el desempeño empresarial en materia de emisiones, eficiencia energética, condiciones laborales, inclusión, ética y cumplimiento normativo. Valdivia Echaniz habló de los beneficios de la adopción de cadenas sustentables como los ambientales (por la reducción de emisiones contaminantes, conservación de recursos naturales y gestión eficiente de residuos), los económicos (por la disminución de costos operativos, incremento de la competitividad, acceso a capital de inversión e impulso a la innovación), los sociales (promoción de condiciones laborales éticas, apoyo al desarrollo comunitario y fortalecimiento de la reputación corporativa) y estratégicos (atenuación de riesgos por crisis climáticas, resiliencia organizacional y alineación con marcos como el Acuerdo de París). En materia de logística inversa, Valdivia Echaniz la interpretó como la planificación y control del retorno de productos desde el consumidor final hasta el origen para su recuperación, reparación, reciclaje o eliminación. La segunda parte del curso, Dina Moreno Uribe, integrante de la comisión de Sostenibilidad, abordó los beneficios operativos, la reducción de costos, el fortalecimiento de la reputación corporativa y la resiliencia en el suministro. De igual forma, presentó un análisis de las estrategias para la implementación como: compras sostenibles, economía circular, gestión de la huella de carbono y uso de marcos de reporte internacional como Global Reporting Initiative (GRI) y EcoVadis. En lo que respecta a la economía circular, y en palabras de la especialista, el modelo plantea superar el esquema tradicional de extracción, producción, consumo y desecho. Dicho modelo propone una dinámica de diseño, reducción, reutilización, reparación, remanufactura, reciclaje y valorización. Asimismo, la sostenibilidad abarca materias primas, proveedores, transporte, empaques, residuos y recuperación. Esta perspectiva permite mitigar riesgos operativos —asociados a fallas de proveedores, sequías o rutas ineficientes— y riesgos de mercado ante clientes que demandan datos sobre gases de efecto invernadero (GEI) e indicadores ambientales. A lo largo de su ponencia, Moreno Uribe agregó que, en el contexto mexicano, la Ley General de Economía Circular (LGEC), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 2026, busca incrementar la vida útil de los productos, minimizar residuos y fomentar la materia prima secundaria. Esta legislación contempla la Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual somete a fabricantes, importadores y distribuidores a presentar planes de gestión ante la SEMARNAT. El evento terminó con la dinámica de preguntas y respuestas; además de la entrega de los reconocimientos.
El 24 de septiembre se celebró el 13.° Encuentro de temas fiscales del sector financiero en el Hotel Marquis, coordinado por la comisión técnica de Investigación Fiscal, representada por los coordinadores del evento: Víctor Manuel Pérez Ruiz y Juan Alejandro Solano González. En este encuentro, expertos en materia compartieron las tendencias fiscales y jurídicas que impactan el sector financiero, así como sus recomendaciones y puntos de vista con el fin anticipar cambios futuros y alinear las mejores prácticas con la realidad actual. Antes de comenzar con las ponencias técnicas, Rosalía Ortega López, la presidenta del Colegio, brindó unas palabras de apertura para señalar que el espacio es parte del compromiso asumido por el gremio de mantenerse actualizados para fortalecer el criterio profesional de los especialistas con herramientas contemporáneas alineadas a la realidad tangible. La primera ponencia fue presentada por Brenda García Flores y Rafael Camarena Zavala, quienes delinearon las expectativas económicas para el 2027. Los expertos comentaron una tendencia al crecimiento acotado de la economía del país y una mayor presión recaudatoria sustentada en el reforzamiento de la trazabilidad mediante la digitalización y el uso de datos. Sin embargo, ambos expertos enfatizaron en que el entorno geopolítico cambia la realidad comercial, por lo que conocer el estado de los conflictos internacionales o las políticas públicas es fundamental para comprender el presente y el futuro del entorno comercial; seguido a ello, analizaron los indicadores económicos relacionados al crecimiento económico con el fin de explorar las tendencias y señalar los factores indirectos que pueden generar impacto en ellos.Jorge Antonio Jiménez Cañizares, Alejandro Hernandez Zaragoza y Adriana Vázquez Padilla integraron el Panel sobre aspectos controvertidos en materia de IVA para aseguradoras a partir del 2026, en conjunto trataron el impacto del reciente cambio en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que elimina la posibilidad de acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado a proveedores. Este cambio tiene por consecuencia un aumento de costos y alza de primas debido al incremento del costo de siniestralidad, ya que dicho IVA es trasladado al precio pagado por los bienes y servicios vinculados al aseguramiento. Los especialistas señalan que la complejidad de estos cambios no está en el cálculo del IVA, sino en la definición conceptual, por lo que el reto se encuentra en el análisis de información que habilite al experto acreditar de manera apropiada el impuesto.En Resoluciones recientes del Tribunal Fiscal: impacto práctico y recomendaciones, Alejandro Guízar Acosta y Alejandro Javier Torres Rivero presentaron las últimas resoluciones del tribunales fiscales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que establecen criterios a través de controversias entre la administración pública y los contribuyentes; estos criterios, según los expertos, deben ser atendidos por los especialistas en contaduría pública para traducirlos en acciones que minimicen riesgos y preserven el cumplimiento de las normas fiscales.Por su parte, Iván Diaz Barreiro Hernández enfocó su participación en aspectos clave a considerar sobre la fiscalización en materia de precios de transferencia. Para abrir su ponencia, indicó que la falta de sustento económico, tasas de interés poco realistas y los beneficios económicos no demostrados son los principales detonantes de controversia en precios de transferencia. La exposición terminó con el análisis de casos prácticos que permitieran entender sus estructuras y conocer los razonamientos tras las resoluciones de cada caso, donde estableció una premisa clave: a pesar de que un proceso opere, no debe dejar de ser cuestionado para encontrar errores mediante la evaluación constante.El Panel de análisis de temas relevantes en ISR, compuesto por Juan Carlos Santillán Hernández, Asael Eduardo Apolinar Hernández y Víctor Manuel Pérez Ruiz, desarrollaron una serie de consideraciones prácticas relacionadas a cuentas incobrables de bancos en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) presentada este año. Al respecto de este segundo punto, comentaron el capítulo que aplica limitante de deducciones y pérdidas fiscales, aplicable a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y cuya ejecución implicará una mayor carga tributaria desde enero del 2027, por lo que las empresas deben comenzar a analizar esta propuesta para medir las implicaciones específicas que tendría si se concreta esta iniciativa.Finalmente, se contó con la participación de autoridades del Subcomité Fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB): Laura Martínez Martínez, Luis Gerardo Hernández Francisco y Ricardo Real Munguía. En conjunto comentaron las iniciativas que ha impulsado la AMIB recientemente; entre ellos, comentaron los cambios propuestos al régimen de repatriación de capitales, con el fin de incentivar el retorno o ingreso de recursos al país y promover su canalización a inversiones y actividades productivas. Adicionalmente, detallaron en los temas fiscales que aún generan inquietud a su gremio, y que se delinean como proyectos para continuar su labor como intermediarios entre el sector bursátil y las autoridades.Para el cierre del evento, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, brindó un discurso de cierre donde enmarcó el valor del esfuerzo brindado por la comisión coordinadora y cada asistente al 13.° Encuentro de temas fiscales del sector financiero, ya que representa el sentido de responsabilidad del gremio contable con cultivar sus conocimientos y mantenerse actualizado para brindar un ejercicio profesional responsable y de vanguardia.
