La pandemia por Covid-19 trajo consigo que se retomara el tema del teletrabajo, cuyas iniciativas se habían gestado durante un periodo de tres años (2016-2019), pero fue en enero de 2021 que el artículo 311.° de la Ley Federal del Trabajo fue reformado, estableciendo que el “trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo”; no obstante, a raíz de esta modificación, se establecen derechos y obligaciones para los patrones y trabajadores, y con ello, impuestos relacionados con esta modalidad de trabajo a distancia.
La vicepresidencia de Desarrollo y Capacitación programó el curso Cálculo del Impuesto Sobre Nóminas y teletrabajo, que se efectuó el 4 de agosto, gestionado por la comisión técnica de Contribuciones Locales del Colegio, representado por las comisionadas Laila Yarina Moreno Sotelo, Ana Victoria Albareda Soberón y Nancy Leticia Segura León, quienes abordaron los temas de Teletrabajo: derechos y obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores, y el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) relativo al teletrabajo, según la entidad federativa.
Laila Moreno abrió su participación al hacer referencia del artículo 330-A al 330-K relacionados con los temas del teletrabajo, condiciones de trabajo, cambios de modalidad, reglamento interior de trabajo, obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, equilibrio en la relación laboral, garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores, condiciones especiales de seguridad y salud, y las atribuciones y deberes especiales de los inspectores del trabajo.
“Se considera teletrabajo cuando se cubre 40% del total de la jornada. No se contempla como tal, aquel que se realice de forma ocasional o esporádica”.
En ese sentido, agregó que en esta modalidad de home office, los patrones contraen obligaciones “especiales” como el de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo; recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios; asumir los costos derivados del trabajo de la modalidad a distancia (teletrabajo); llevar registro de los insumos entregados en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud; implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados; respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores; inscribir a los trabajadores en la seguridad social; establecer los mecanismos de capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
De igual forma, los trabajadores asumen obligaciones “especiales” como la guarda y conservación de los equipos y materiales que reciban del patrón; informar de manera oportuna el costo pactado por los servicios de telecomunicación y electricidad; obedecer disposiciones en materia de seguridad y salud; atender y utilizar los mecanismos para la supervisión de las actividades; atender las políticas y mecanismos de protección de datos; atender políticas, restricciones del uso de la información y almacenamiento.
A este respecto, Laila Moreno subrayó que “el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo debe ser voluntario y establecido por escrito; además de ser reversible y considerar que las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos será establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana”.
El teletrabajo desde el punto de vista fiscal fue retomado por la contadora Ana Victoria Albareda Soberón, quien habló del ISN, refiriéndose como una tributación estatal por el salario otorgado a los trabajadores y como pago estatal; es decir, este impuesto depende de cada entidad federativa, por lo que se centró en las tasas del ISN por Estado y de la normativa de cada región, tomando como referencia el artículo 31.° fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “en el que se habla de la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como de la Ciudad de México o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Sobre el particular habló de los principales elementos como el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago; conjuntamente con el tema de las prestaciones legales y contractuales y lo que representa el tema de la previsión social como el pago complementario a las prestaciones que reciben los asalariados por su trabajo de acuerdo con la LFT, Ley del Seguro Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Eventos recientes
El Foro de contribuciones estatales en México fue precedido en el Colegio el 11 de diciembre, como un espacio bajo la coordinación de María Margarita Aranda Martínez que permitió conocer una visión integral de las contribuciones locales en nuestro país. En el evento se contó con la participación de miembros de la Comisión Nacional de Contribuciones Estatales (CoNCE) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) e integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales.En total se reunieron 12 expertos en materia para desarrollar el tema: Ubaldo Díaz Ibarra, César Martínez Hernández, Sergio Alejandro Ríos Alonso, Alfonso García Suárez, Juan Betancourt Desni, Ana Patricia Pozos García, Luisa Sabido Encalada, Ramón Ortega Día, María Margarita Aranda Martínez, José Eduardo Beristain Martínez, Fernando Robles Gutiérrez y María Margarita Aranda Martínez, antes mencionada.Para comenzar, se destacaron los aspectos fundamentales de estas contribuciones, donde se señaló su importancia para los ingresos estatales, al punto en que se han convertido en un recurso más de negociación para financiar sus actividades y servicios con una alta influencia en la toma de decisiones empresariales.Como complemento, los ponentes comentaron la relevancia del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la fiscalización, ya que se ha convertido en una máxima de la información que conoce la autoridad. Según describen, los CFDI representan una declaración por parte de quien firma, así que han cobrado un valor notorio para señalar la congruencia de los estados financieros.También se señaló la importancia de identificar la obligatoriedad el dictamen de contribuciones locales, ya que este depende de cada entidad federativa pues son legislaciones fiscales locales las que establecen los supuestos de su presentación.Posteriormente, se desarrollaron distintos impuestos locales aplicables en los estados del país y se brindaron detalles de sus supuestos de obligatoriedad y sus fundamentos normativos, con el fin de brindar un panorama amplio de ellos. Entre los impuestos presentados, se destacó el impuesto sobre nóminas y retenciones, que supone un 50% del total de los ingresos del Estado en Ciudad de México y, como otros impuestos locales, tiene distintos nombres que varían en función del estado.También se recupero la importancia de entender el valor de las contribuciones locales al hablar de los impuestos ecológicos, ya que estos permiten desincentivar actividades contaminantes que comprometen la sostenibilidad y son una forma de financiar proyectos ambientales que la preserven. Sin embargo, el mayor punto de atención es su función complementaria con cuerpos normativos, como las Norma Internacionales de Sostenibilidad, y con la práctica profesional, como lo refleja el Código de Ética Profesional en su más reciente actualización.
El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la última conferencia mensual del año titulada Panorama económico de México hacia 2026, un encuentro que contó con la participación de la reconocida periodista y analista política Ana Paula Ordorica, quien ofreció un diagnóstico amplio, crítico y sustentado sobre el rumbo económico del país.Desde el inicio, Ordorica definió a México como un país de contrastes. “México creo que es un país bipolar actualmente”, afirmó, al explicar que esta dualidad no solo se refleja en la polarización política, sino también en el ámbito económico. Por un lado, destacó un entorno externo sólido; por el otro, un escenario interno debilitado.“Por el ámbito externo es un país que tiene muchas fortalezas: somos el primer socio comercial de Estados Unidos, tenemos un tipo de cambio fuerte y estabilidad macroeconómica”, señaló. Sin embargo, advirtió que el panorama cambia radicalmente al observar la economía doméstica: “Si volteamos a ver el lado interno de México, es un país que tiene problemas de consumo, de inversión, bajo crecimiento y un poder de compra bastante reducido”.Durante su exposición, Ordorica subrayó que las proyecciones de crecimiento para México son preocupantes. De acuerdo con el Banco de México, el país crecería apenas 0.3% en 2025, una cifra que calificó como realmente raquítica frente al crecimiento esperado en otras regiones del mundo.La principal causa, explicó, es la caída de la inversión, particularmente la pública. De enero a septiembre hubo un desplome del 32.5% en la inversión pública, con reducciones drásticas en sectores clave como agua, educación, hidrocarburos e infraestructura. A ello se suma un clima de desconfianza empresarial: “Llevamos nueve meses consecutivos por debajo del umbral del 50% en el indicador de confianza empresarial del INEGI”.Este entorno, afirmó, inhibe la creación de nuevas empresas y limita la innovación. Al comparar a México con Estados Unidos, Ordorica fue contundente: “Las empresas más importantes de México son centenarias y tradicionales, mientras que las de Estados Unidos son más jóvenes y de innovación tecnológica”. La razón, dijo, es clara: “Faltan incentivos para que se creen nuevas empresas en México”.La periodista puso especial énfasis en la falta de políticas públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas. “Las mipymes generan cerca de la mitad del PIB y siete de cada diez empleos, y aun así no vemos políticas claras para impulsarlas”, afirmó.También criticó la complejidad del sistema fiscal mexicano, que desincentiva la formalidad. “En México, cualquiera que quiera estar en la formalidad requiere los servicios de un contador por lo complejo que es el sistema”, comentó al comparar la situación con otros países de América Latina.Este exceso de trámites, explicó, alimenta un círculo vicioso de baja inversión, escaso crecimiento y precariedad laboral.Respecto con el análisis de la informalidad, comentó que según datos del INEGI, 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad, es decir, más de 32 millones de personas. “De cada diez empleos, casi seis son informales”, señaló.La consecuencia es una productividad extremadamente baja: “Por cada 100 pesos que genera un trabajador formal, uno informal genera apenas 24 pesos”. A pesar de presumir una tasa de desempleo cercana al 3%, Ordorica advirtió: “Sí hay trabajo, pero es muy precario”.La ponente también cuestionó la estructura del gasto público, especialmente el peso de las pensiones, los programas sociales y los apoyos a Pemex. “El Estado está regando el pasado y secando el futuro”, sentenció.En 2025, el gasto en programas sociales ascendió a 850 mil millones de pesos, y para 2026 se proyecta un aumento del 16%. Al mismo tiempo, la inversión pública retrocede y la deuda pública podría alcanzar 58% del PIB hacia 2030, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.A pesar del panorama complejo, Ordorica destacó el papel estratégico del T-MEC. Recordó que México es desde 2023 el principal socio comercial de Estados Unidos y que millones de empleos en ambos países dependen del tratado.“Romper el T-MEC sería como querer aterrizar un avión en pleno vuelo”, afirmó, al tiempo que llamó a poner en perspectiva el discurso político y separar el ruido de la realidad económica. Citó además el artículo 34.7 del acuerdo, que garantiza su vigencia hasta 2036, aun si no se ratifica en el corto plazo.En su conclusión, Ana Paula Ordorica sostuvo que México enfrenta una decisión crucial. “Podemos seguir por la inercia del bajo crecimiento o tomar un camino más complejo, pero necesario”, afirmó.Ese camino, explicó, implica fortalecer el estado de derecho, impulsar la inversión productiva, reducir la informalidad y enfocar el gasto público en infraestructura, especialmente en el sector energético. “La estabilidad macroeconómica no es garantía de bienestar”, advirtió.Finalmente, dejó un mensaje claro: “Hay que romper la trampa del bajo crecimiento y pensar en el futuro. Una revisión exitosa del T-MEC puede ayudar, pero México tiene que hacer una tarea mucho más profunda”.
Este 11 de diciembre, el Colegio llevó a cabo el foro Cierre estratégico contable y fiscal para donatarias: método ADA, espacio que sirvió para fortalecer las capacidades de cumplimiento de las organizaciones autorizadas para recibir donativos.La sesión estuvo a cargo de la contadora Maribel Trejo Estudillo, integrante de la comisión de Entidades con Propósitos no Lucrativos, quien compartió una explicación integral del Método de Alineación para Donatarias Autorizadas (ADA) y su relevancia para el cierre fiscal de las donatarias. La coordinación estuvo a cargo de la contadora Alma Goretti Rivera Pérez.Durante su intervención, Trejo Estudillo destacó que la correcta correspondencia entre ingresos, gastos y registros contables es un elemento central para sostener la transparencia y la confiabilidad de la información, especialmente frente al escrutinio del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que una primera dimensión del método consiste en asegurar la alineación entre los ingresos registrados y lo reportado ante la autoridad fiscal, lo cual implica verificar que cada monto provenga de actividades efectivamente vinculadas con el objeto social autorizado.En este sentido, señaló que la autoridad revisa que la oficina de donatarias autorizadas realice exclusivamente actividades coherentes con dicho objeto, por lo que identificar ingresos relacionados y diferenciarlos de aquellos que no lo están es indispensable para evitar inconsistencias. También subrayó la importancia de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido coincida con el registro contable y con las declaraciones informativas.La especialista explicó que una segunda dimensión de este método es la clasificación precisa de los ingresos no relacionados, como los derivados de ventas o eventos. Estos deben ser identificados con claridad y sujetos al tratamiento contable y fiscal correspondiente, considerando que su naturaleza puede implicar obligaciones adicionales o un control más estricto para garantizar que no se confundan con ingresos autorizados.En paralelo, destacó la relevancia de revisar de manera continua los donativos recibidos, distinguiendo entre los que cumplen con los requisitos para ser deducibles y aquellos que no están autorizados, pues mantener esta separación evita contingencias y facilita la rendición de cuentas.De igual forma, señaló que esta metodología exige una verificación puntual entre los CFDI recibidos y el registro contable, de modo que ambos reflejen la operación real de la entidad. Esta revisión permite identificar gastos que carecen de comprobante fiscal, así como erogaciones realizadas en el extranjero que requieren documentación específica y un tratamiento fiscal particular. Respecto a los gastos efectuados fuera del país, explicó que su deducibilidad depende de contar con la factura extranjera, el comprobante digital, el método de pago y la conversión correcta del monto conforme al tipo de cambio aplicable. Añadió que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), puede ser necesaria la traducción de ciertos documentos y, en todos los casos, el registro adecuado en la contabilidad electrónica para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.La contadora concluyó que el Método ADA constituye una herramienta estratégica para que las donatarias fortalezcan sus procesos internos, garanticen la trazabilidad de recursos y mantengan un cierre fiscal ordenado.
