El Colegio, a través de la comisión de Fiscal Internacional llevaron a cabo, de manera virtual, la decimoquinta edición del Foro de aspectos fiscales en operaciones internacionales, del 16 al 19 de marzo, bajo el patrocinio de la firma Basham, Ringe y Correa S.C.
Como parte del protocolo de bienvenida, el presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, brindó unas palabras de apertura a los presentes. Puntualizó que pese a las circunstancias pandémicas que impiden realizar eventos presenciales, el Colegio continúa fiel a su compromiso de mantener actualizado al gremio contable, ahora con la modalidad a distancia; “si bien este foro había sido uno de los elementos de innovación, de atreverse a hacer cosas distintas, hoy hacerlo en este formato sigue siendo un ejemplo a seguir”.Por su parte, Julián Agustín Abad Riera, vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional, fue el encargado de inaugurar el foro.
Para dar inicio con las sesiones de la tarde, Armando Lara Yaffar, socio en KPMG; Mauricio Ambrosi Herrera, socio en Turanzas, Bravo & Ambrosi; y Fernando Lorenzo Salazar, socio en PwC, integraron el panel titulado Actualización de precedentes normativos y legales en materia internacional. En la charla, los panelistas analizaron algunos criterios y sentencias en materia internacional.
Dentro de los más controversiales se encuentra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), se comentó que, al no ser un impuesto comprendido dentro de los convenios para evitar la doble tributación, podría significar un impacto negativo a futuro, ya que, cuando se negoció el IETU con los demás países, nunca se estableció la posibilidad de tener que renegociar los tratados para incluir este impuesto como parte de los impuestos comprendidos. Los panelistas coincidieron en que la sentencia expuesta, va en contra de todo el trabajo que se hizo como política fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pues echa en reversa un esfuerzo que podría ser recaudatorio para la autoridad.
También, se pusieron sobre la mesa temas como los casos de las bases netas (Tratado México/EE.UU.), la asistencia técnica como un no beneficio empresarial, las interpretaciones dinámicas-estáticas del modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el caso de Whirlpool y sus afectaciones fiscales en México y Estados Unidos.
Por otro lado, Alejandro Héctor Calderón Aguilera y Luis Ignacio Vázquez Ruiz, integrantes de la comisión organizadora, fueron los encargados de hablar sobre los esquemas reportables en operaciones internacionales. Calderón Aguilera recordó que la incorporación de los esquemas al Código Fiscal de la Federación (CFF), tiene como antecedente el cumplimiento de las recomendaciones del Proyecto BEPS, específicamente de la acción 12, con la finalidad de que las autoridades fiscales obtengan información oportuna respecto a esquemas que puedan considerarse agresivos.
En su turno, Vázquez Ruiz explicó que los asesores fiscales podrán emitir una constancia de esquema no reportable, siempre y cuando hayan participado en alguna operación intercompañía como responsable de su diseño, comercialización, implementación o administración. “A través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y de la ficha de trámite 301/CFF, se establece que el asesor fiscal deberá expedir a su cliente la constancia mediante la plataforma del SAT, y su aplicación es obligatoria al estar así establecido en el séptimo párrafo del artículo 197 del CFF”, expresó.
Asimismo, el expositor manifestó que por cada constancia de esquema no reportable que no sea expedida, el asesor fiscal podría recibir una multa de 25 mil a 30 mil pesos, además de que la autoridad fiscal podría dar de baja su sello digital.
El segundo día de actividades dio inicio con el panel titulado Hacia una fiscalización más eficiente en materia de precios de transferencia, presentado por Yoshio Uehara Hashimoto, Ivón Marlene Sáenz Benítez y Carlos Alberto Monárrez Córdoba, integrantes de la comisión de Precios de Transferencia del Colegio.
En la charla, los ponentes analizaron cuatro ejes centrales para llevar a cabo una correcta fiscalización de precios de transferencia. En el primer eje se habló sobre la documentación contemporánea en la evaluación de riesgo; se comentó que contar con esta información propiciará un correcto cumplimento de las obligaciones fiscales, aunado a esto, las empresas deberán procurar tener una adecuada asignación y administración de recursos entre las partes relacionadas.
En el segundo eje, se discutieron las operaciones comúnmente controvertidas como los pagos a partes relacionadas, las reestructuras corporativas y las actividades que no son objeto de IVA. Explicaron que, ante una mala aplicación de estos procesos pueden terminar en una doble tributación, por lo que es importante conocerlos a fondo para su correcta aplicación.
En los ejes tres y cuatro, los expositores versaron, a grandes rasgos, acerca de los esquemas reportables, la subcontratación laboral, recomendaciones por parte de la OCDE, así como la resolución de controversias y medios de defensa.
Para hablar sobre los acuerdos conclusivos, se contó con la distinguida participación de Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Prodecon y de los integrantes de la comisión organizadora, Ana Aceves Villalba y Luis Antonio González Flores.
De acuerdo con estadísticas reveladas por la Prodecon, Balderas Espinosa refirió que, desde el 1 de enero de 2014 al 15 de marzo de 2021, la instancia a la cual pertenece ha recibido alrededor de 14, 183 solicitudes de acuerdos conclusivos, de las cuales el 70% de ellas están relacionadas directamente con auditorías practicadas por el SAT, el 11% son de grandes contribuyentes y sólo un 3% corresponden a la administración central de Fiscalización Internacional.
Dentro de las reformas para este año, y con el fin de evitar malas prácticas por parte de los contribuyentes, se consideró la modificación de tres de los seis artículos que regulan el procedimiento de acuerdos conclusivos (69-C, 69-F y 69-H del CFF). Uno de los cambios con mayor revuelo ha sido la reducción del tiempo para la presentación del acuerdo, que paso de un lapso de hasta seis meses a tan sólo 20 días hábiles después de recibir una notificación por parte del fisco. El subprocurador puntualizó que la mayor ventaja de los acuerdos, es lograr la condonación de hasta el 100% de multas evitando así juicios largos y costosos; “Ciertamente es que dos de cada tres solicitudes logran un acuerdo con la autoridad, lo que significa un doble beneficio, pues los contribuyentes pagan lo justo y las autoridades logran una recaudación efectiva sin ir a juicios”.
Otro tema tratado fue la recaudación por parte del SAT y la percepción que tiene el contribuyente. Aceves Villalba indicó que, aunque se cree que México es un país que cobra muchos impuestos, lo que generaría una mayor recaudación, la realidad es otra y es que nuestra recaudación tributaria en comparación con otros países de América Latina y el Caribe sigue siendo muy baja.
Bajo ese panorama, González Flores expuso el plan de acción del Plan Maestro de Operación 2021, propuesto por la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal de los grandes contribuyentes, mejorando los procesos de fiscalización en un marco de legalidad y seguridad jurídica para los contribuyentes.
La tercera jornada de conferencias virtuales dio inicio con el panel conformado por Eduardo Valenzuela Acuña, socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía; Gerardo Napolitano Pompa, socio en Muñoz, Manzo y Ocampo; y Layda Cárcamo Sabido, socia en Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, quienes versaron acerca de las inversiones patrimoniales.
Entrando en materia, Napolitano Pompa razonó sobre las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en 2020, para la fiscalización de estructuras extrajeras. Comentó que antes de la reforma, los vehículos o estructuras extranjeras estaban regulados como paraísos fiscales de acuerdo al título VI de la LISR, y ahora sus efectos fiscales son regulados por los artículos 4-A y 4-B de la misma ley.
Dentro de los cambios a la LISR, el ponente indicó que se incorporaron reglas para hacer una separación de las entidades extranjeras transparentes, figuras jurídicas extranjeras y las entidades extranjeras no trasparentes, con el objetivo de identificar el tratamiento correcto de los ingresos.
“De acuerdo con el artículo 4-A, habrá que considerar si la estructura extranjera es residente en México o no. En caso de serlo, dejará de considerarse trasparente fiscal para efectos de la LISR, por lo que deberán pagar este impuesto como cualquier otra persona moral residente en México”
Asimismo, para lo establecido en el artículo 4-B, Napolitano Pompa señaló que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, estarán obligados a pagar ISR por los ingresos que obtengan por medio de entidades extranjeras transparentes o por figuras jurídicas extranjeras.
En su turno, Cárcamo Sabido abundó en algunas consideraciones respecto de las inversiones al extranjero como los son las implicaciones fiscales, desde los efectos cambiarios hasta la aplicación del 10% sobre dividendos mensuales; también los beneficios de la inversión directa, así como las obligaciones fiscales en ambas nacionalidades.
Por otro lado, Valenzuela Acuña enfocó su intervención en las tendencias de fiscalización para personas físicas. Aseguró que la estrategia del SAT para 2021 es explotar el intercambio de información de cuentas en el extranjero para reforzará la fiscalización de los grandes contribuyentes, esto a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) y del Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés). Entre otros aspectos tratados, se habló sobre la repatriación de capitales, el impuesto a las herencias y el impuesto al patrimonio.
El segundo panel del día contó con la participación de Juan Ignacio Rivero Celorio, integrante de la comisión organizadora, así como de Jorge de Presno y Alejandro Barrera Fernández, ambos socios en Basham, Rige y Correa. La terna debatió sobre el controvertido tema del home office, desde las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como las implicaciones fiscales tanto para empleados y empleadores de empresas nacionales como para los de empresas extranjeras.
En el cuarto y último día del 15.° Foro de aspectos fiscales en operaciones internacionales, se habló sobre fenómeno fiscal internacional más relevante del siglo XXI, el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
En el primer panel, integrado por Laura Rodríguez Berrón, socia en Deloitte México; Koen Van't Hek Koot, integrante de la comisión Fiscal Internacional del Colegio y Christian Raúl Natera Niño de Rivera, integrante de la comisión Fiscal Internacional del Colegio, profundizaron acerca de las experiencias que ha tenido el país tras un año de la adopción de las reglas del proyecto.
Entrando en materia, los ponentes explicaron que, dentro de la reforma fiscal del año pasado, se consideró la modificación del artículo 28 de la LISR, en su fracción XXIII, con el objetivo de ampliar los supuestos en los cuales no serán deducibles ciertos pagos al extranjero, incluyendo aquellos ingresos sujetos a los Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres).
Coincidieron que, a pesar de ya haber pasado un año de su implementación, las autoridades fiscales siguen sin emitir las reglas generales a las que hace referencia la norma, además que en la cuestión práctica los asesores fiscales tienen nulas experiencias de auditoria, por lo consecuente aún no hay criterios normativos.
Otra de las recomendaciones de la OCDE, debatida por los panelistas, fue la incorporación de la fracción XXXII al artículo antes citado, que limita hasta un 30% la deducción de intereses generados por grupos multinacionales, esto como medida para combatir el traslado de utilidades de las planeaciones fiscales internacionales. Al igual que la fracción XXII, la falta de claridad por parte del fisco, ha generado incertidumbre a los contribuyentes, ya que no sabrán si se podrá deducir los costos por intereses en su próxima declaración anual.
César Julio Catalán Sánchez, integrante de la comisión Fiscal Internacional del Colegio; Juan Carlos Pérez Peña, asesor de planificación fiscal agresiva en la OCDE y Gabriel Andrade Ochoa, vicepresidente de impuestos en CEMEX, fueron los encargados de cerrar con broche de las conferencias del foro.
En el panel, se analizó el segundo pilar del proyecto BEPS que aborda los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, desde la perspectiva de OCDE, así como la visión empresarial.
Finalmente, Julián Agustín Abad Riera, vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional, agradeció la asistencia de todos los presentes, así como de los ponentes que participaron a lo largo de la semana, de igual forma, externó una grata felicitación a los integrantes de la comisión organizadora que hicieron posible la realización de este magno evento.
Eventos recientes
El pasado 21 y 22 de septiembre el Colegio presentó el 9.° Encuentro de temas fiscales del Sector Financiero, foro en el que representantes de Citibanamex, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y especialistas en la materia se dieron cita para compartir los aspectos trascendentes en materia fiscal de cara al Paquete Económico 2023.El encuentro, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, fue moderado por Víctor Manuel Pérez Ruiz y Juan Alejandro Solano González, quienes destacaron la importancia de llevar a cabo en una edición más este encuentro. Posteriormente, cedieron la palabra a Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex, quien compartió un análisis sobre el panorama económico en México de cara al próximo año, a raíz de la reciente presentación del Paquete Económico 2023.En su participación, el economista puntualizó que México se ha convertido en un fuerte receptor de remesas en el mundo, lo cual ha dado como resultado la elevación del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.9% a 4% en los últimos años.Respecto al Paquete Económico 2023, comentó que existe un exceso de optimismo en los supuestos macroeconómicos, ya que se estima un crecimiento del PIB de hasta 3%.Por su parte, Víctor Pérez Ruiz y Pablo Javier Corvera Caraza, versaron sobre los principales cambios fiscales tales como la fiscalización para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), al respecto señalaron que la autoridad tributaria considera que estas sociedades de grupo abusaron de los beneficios fiscales debido a que en su razonamiento las Sofomes de grupo no son Sofomes por no tener como fin principal abaratar los financiamientos para el público, por ello, la campaña de fiscalización.De la misma manera explicaron que, dentro de los argumentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentra la retención de intereses que aplica retroactivamente reglas de capitalización delgada, así como el incumplimiento de la Sofom de estas reglas, lo que d como resultado el que se tenga que recalcular en las empresas operativas considerando la deuda de la sociedad como si fuera del extranjero directamente.En otro tenor, la presidenta del comité fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Laura Martínez Martínez, en compañía de Ernesto Reyes Retana Valdés, director técnico de comités de la AMIB, se encargaron de explicar los proyectos fiscales que el gremio bursátil ha emprendido en el presente año, tales como el régimen fiscal a fondos de inversión, operaciones de préstamo de valores, fondos multiactivos, facturación electrónica, entre otros.Por lo anterior, la presidenta puntualizó, con relación al régimen fiscal aplicable a los Fondos de Inversión, que su asociación ha tenido diversos acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a quienes se le han presentado propuestas para su revisión. “A pesar de que la SHCP externó su interés en los proyectos, finalmente no se incluyó en el Paquete Económico 2023, sin embargo, continuaremos insistiendo en la necesidad de dicha propuesta”, expresó.En su intervención, Asael Eduardo Apolinar Hernández y José Luis Mejía Soto discutieron acerca de las consideraciones en las reglas de capitalización delgada aplicables a Sofomes derivadas de la reforma del presente año. Al respecto aclararon que el criterio normativo 64/ISR/N relativo a intereses pagados a residentes en el extranjero limita la retención del 4.9% por intereses pagados, mismos que incluye también a los percibidos de certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos.Para reforzar el tema, se presentaron Adriana Vázquez Padilla y Ángel José Turanzas Díaz quienes informaron sobre las actividades que forman parte de las incorporaciones a la reforma fiscal de 2022. Además, compartieron las principales controversias presentadas en los actos no objeto.Finalmente, Marcela Calderón Agoitia, Luis Guillén Juárez y Olivia Segura Ortiz, presentaron un panorama sobre la evolución de la reglamentación para el trabajo remoto en México, partiendo de la NOM-037 y las principales normativas incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El mundo está cambiando y con él la forma de hacer las cosas. Un nuevo planteamiento estructural para agilizar los procesos en las auditorías fue la exposición de motivos en la plática en línea La auditoría desde el Modelo Agile, que se realizó el 22 de septiembre, en una acción concertada con la Universidad Iberoamericana (Ibero). Rosalía Ortega López, vicepresidenta de Vinculación Universitaria en el Colegio, y José Luis Vásquez Costa, integrante de la comisión de Docencia, se sumaron a los comentarios acerca de la trascendencia de realizar trabajos conjuntos con instituciones educativas, lo que representa estar a la vanguardia y actualizados; demás de plantear un panorama real que contribuye al desarrollo profesional de los universitarios. Entrando de lleno en la plática, el abogado y catedrático de la Iberoamericana, Roberto Flavio Ramos Maruri, basó su participación en el Modelo Agile, del cual comentó que se trata de un formato ágil que permite la mejora en los procesos, entre ellos, el de la auditoría como parte de la estrategia del negocio. El modelo está basado en cuatro pilares nominados Valores de la agilidad: 1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 2. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. 3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Estas convicciones a su vez están definidas en 12 principios, que se resumen en transparencia, inspección, adaptación y autoorganización. El enfoque en la auditoría agile facilita la priorización de trabajos, actividades y recursos en función de la relevancia y aporte de valor para la organización, todo centrado hacia un mismo objetivo: la eficacia. Ramos Maruri comentó que la auditoría agile posibilita la flexibilidad en los planes y programas de trabajo para adaptarse a los requerimientos y riesgos emergentes; además de la reducción en los tiempos de entrega, pero principalmente en la anticipación y solución de problemas.El consejero técnico con experiencia en controles internos y regulación contable incentivó a los participantes a sumarse al cambio con esta metodología, que representa agilidad en los procesos de revisión de la auditoría.
Para considerar que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) —que se percibe a través de entidades extranjeras— es sujeto al Régimen Fiscal Preferente (Refipres), se presentó el curso en línea Implicaciones en México de 4-A, 4-B y Refipres, realizado el 20 de septiembre, y contó con las intervenciones de los comisionados en Fiscal en el Colegio, Roberto Ivan Colín Mosqueda, Pablo Cervantes García, Guillermo Leopoldo Uribe Garay y Guillermo López Corral, quienes pusieron en contexto el origen, según la OCDE, la tributación en México por beneficiarios controladores, la fiscalización de las entidades extranjeras y el cumplimiento de obligaciones, así como la definición de control efectivo desde sus aspectos prácticos y su problemática.Con objeto de entender mejor en qué consiste este impuesto y cuándo fue implementado en México, el contador Colín Mosqueda mencionó que tiene su origen en el plan BEPS emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual contiene medidas, cuya finalidad es que las jurisdicciones puedan prever reglas para obligar a los inversionistas residentes en una entidad o figura extranjera transparente, a que reconozcan los ingresos a través de éstas, así como el evitar situaciones donde exista una deducción en una jurisdicción sin la correspondiente inclusión en otra, y por ello, las reglas de híbridos deben permitir la deducción en la medida que la otra instancia adopte la recomendación vinculante. “Las reglas respecto a entidades o pagos híbridos deben ser diseñadas en coordinación con otras jurisdicciones a efecto de evitar la doble tributación”. En lo que concierne a la reforma fiscal 2020, se propuso regular a las entidades y figuras jurídicas extranjeras, por lo que se adicionaron los artículos 4-A y 4-B de la Ley del ISR, que reglamenta el régimen tributario de los residentes en el extranjero con permanencia en México.En esa misma línea informativa, Pablo Cervantes García argumentó que en la exposición de motivos de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) se planteó la necesidad de cumplir con los compromisos a nivel internacional para garantizar condiciones de igual y dar respuesta al llamado G-20, que invita a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador para efectos del estándar de intercambio de información, previa petición con respecto a personas, estructuras jurídicas y cuentas bancarias. En ese tenor, Guillermo Leopoldo Uribe Garay habló, entre otros temas, del Refipres, del cual dijo que se consideran los ingresos sujetos a este régimen los que no están gravados en el extranjero —para no caer en la doble tributación— o los que están con un ISR inferior al 75%, que se causaría y pagaría en México. Al tiempo que comentó que para determinar la tasa a que está sujeta la entidad se debe considerar el impuesto consolidado, el ISR que pague la entidad extranjera, sin importar el país donde se paga (si es federal o local); excluir el ISR pagado mediante acreditamiento y para la comparación, excluir el ISR adicional por dividendos. Para concluir de forma magistral, Guillermo López Corral se enfocó en el control efectivo como una medida de incorporar una prueba de inspección que combina la evaluación de control jurídico y económico, y la inclusión de supuestos normativos referentes al test de control de facto y de consolidación. En la determinación de control efectivo, se consideran los derechos que tenga el contribuyente y sus partes relacionadas y personas vinculadas, sin importar su residencia fiscal o lugar de constitución. “En el caso de partes relacionadas y personas vinculadas que sean residentes en México o establecimientos permanentes en territorio nacional de residentes en el extranjero, se encuentran obligadas a cumplir con disposiciones fiscales”.
