El Colegio, a través de la comisión de Fiscal Internacional llevaron a cabo, de manera virtual, la decimoquinta edición del Foro de aspectos fiscales en operaciones internacionales, del 16 al 19 de marzo, bajo el patrocinio de la firma Basham, Ringe y Correa S.C.
Como parte del protocolo de bienvenida, el presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, brindó unas palabras de apertura a los presentes. Puntualizó que pese a las circunstancias pandémicas que impiden realizar eventos presenciales, el Colegio continúa fiel a su compromiso de mantener actualizado al gremio contable, ahora con la modalidad a distancia; “si bien este foro había sido uno de los elementos de innovación, de atreverse a hacer cosas distintas, hoy hacerlo en este formato sigue siendo un ejemplo a seguir”.Por su parte, Julián Agustín Abad Riera, vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional, fue el encargado de inaugurar el foro.
Para dar inicio con las sesiones de la tarde, Armando Lara Yaffar, socio en KPMG; Mauricio Ambrosi Herrera, socio en Turanzas, Bravo & Ambrosi; y Fernando Lorenzo Salazar, socio en PwC, integraron el panel titulado Actualización de precedentes normativos y legales en materia internacional. En la charla, los panelistas analizaron algunos criterios y sentencias en materia internacional.
Dentro de los más controversiales se encuentra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), se comentó que, al no ser un impuesto comprendido dentro de los convenios para evitar la doble tributación, podría significar un impacto negativo a futuro, ya que, cuando se negoció el IETU con los demás países, nunca se estableció la posibilidad de tener que renegociar los tratados para incluir este impuesto como parte de los impuestos comprendidos. Los panelistas coincidieron en que la sentencia expuesta, va en contra de todo el trabajo que se hizo como política fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pues echa en reversa un esfuerzo que podría ser recaudatorio para la autoridad.
También, se pusieron sobre la mesa temas como los casos de las bases netas (Tratado México/EE.UU.), la asistencia técnica como un no beneficio empresarial, las interpretaciones dinámicas-estáticas del modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el caso de Whirlpool y sus afectaciones fiscales en México y Estados Unidos.
Por otro lado, Alejandro Héctor Calderón Aguilera y Luis Ignacio Vázquez Ruiz, integrantes de la comisión organizadora, fueron los encargados de hablar sobre los esquemas reportables en operaciones internacionales. Calderón Aguilera recordó que la incorporación de los esquemas al Código Fiscal de la Federación (CFF), tiene como antecedente el cumplimiento de las recomendaciones del Proyecto BEPS, específicamente de la acción 12, con la finalidad de que las autoridades fiscales obtengan información oportuna respecto a esquemas que puedan considerarse agresivos.
En su turno, Vázquez Ruiz explicó que los asesores fiscales podrán emitir una constancia de esquema no reportable, siempre y cuando hayan participado en alguna operación intercompañía como responsable de su diseño, comercialización, implementación o administración. “A través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y de la ficha de trámite 301/CFF, se establece que el asesor fiscal deberá expedir a su cliente la constancia mediante la plataforma del SAT, y su aplicación es obligatoria al estar así establecido en el séptimo párrafo del artículo 197 del CFF”, expresó.
Asimismo, el expositor manifestó que por cada constancia de esquema no reportable que no sea expedida, el asesor fiscal podría recibir una multa de 25 mil a 30 mil pesos, además de que la autoridad fiscal podría dar de baja su sello digital.
El segundo día de actividades dio inicio con el panel titulado Hacia una fiscalización más eficiente en materia de precios de transferencia, presentado por Yoshio Uehara Hashimoto, Ivón Marlene Sáenz Benítez y Carlos Alberto Monárrez Córdoba, integrantes de la comisión de Precios de Transferencia del Colegio.
En la charla, los ponentes analizaron cuatro ejes centrales para llevar a cabo una correcta fiscalización de precios de transferencia. En el primer eje se habló sobre la documentación contemporánea en la evaluación de riesgo; se comentó que contar con esta información propiciará un correcto cumplimento de las obligaciones fiscales, aunado a esto, las empresas deberán procurar tener una adecuada asignación y administración de recursos entre las partes relacionadas.
En el segundo eje, se discutieron las operaciones comúnmente controvertidas como los pagos a partes relacionadas, las reestructuras corporativas y las actividades que no son objeto de IVA. Explicaron que, ante una mala aplicación de estos procesos pueden terminar en una doble tributación, por lo que es importante conocerlos a fondo para su correcta aplicación.
En los ejes tres y cuatro, los expositores versaron, a grandes rasgos, acerca de los esquemas reportables, la subcontratación laboral, recomendaciones por parte de la OCDE, así como la resolución de controversias y medios de defensa.
Para hablar sobre los acuerdos conclusivos, se contó con la distinguida participación de Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de la Prodecon y de los integrantes de la comisión organizadora, Ana Aceves Villalba y Luis Antonio González Flores.
De acuerdo con estadísticas reveladas por la Prodecon, Balderas Espinosa refirió que, desde el 1 de enero de 2014 al 15 de marzo de 2021, la instancia a la cual pertenece ha recibido alrededor de 14, 183 solicitudes de acuerdos conclusivos, de las cuales el 70% de ellas están relacionadas directamente con auditorías practicadas por el SAT, el 11% son de grandes contribuyentes y sólo un 3% corresponden a la administración central de Fiscalización Internacional.
Dentro de las reformas para este año, y con el fin de evitar malas prácticas por parte de los contribuyentes, se consideró la modificación de tres de los seis artículos que regulan el procedimiento de acuerdos conclusivos (69-C, 69-F y 69-H del CFF). Uno de los cambios con mayor revuelo ha sido la reducción del tiempo para la presentación del acuerdo, que paso de un lapso de hasta seis meses a tan sólo 20 días hábiles después de recibir una notificación por parte del fisco. El subprocurador puntualizó que la mayor ventaja de los acuerdos, es lograr la condonación de hasta el 100% de multas evitando así juicios largos y costosos; “Ciertamente es que dos de cada tres solicitudes logran un acuerdo con la autoridad, lo que significa un doble beneficio, pues los contribuyentes pagan lo justo y las autoridades logran una recaudación efectiva sin ir a juicios”.
Otro tema tratado fue la recaudación por parte del SAT y la percepción que tiene el contribuyente. Aceves Villalba indicó que, aunque se cree que México es un país que cobra muchos impuestos, lo que generaría una mayor recaudación, la realidad es otra y es que nuestra recaudación tributaria en comparación con otros países de América Latina y el Caribe sigue siendo muy baja.
Bajo ese panorama, González Flores expuso el plan de acción del Plan Maestro de Operación 2021, propuesto por la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal de los grandes contribuyentes, mejorando los procesos de fiscalización en un marco de legalidad y seguridad jurídica para los contribuyentes.
La tercera jornada de conferencias virtuales dio inicio con el panel conformado por Eduardo Valenzuela Acuña, socio en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía; Gerardo Napolitano Pompa, socio en Muñoz, Manzo y Ocampo; y Layda Cárcamo Sabido, socia en Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, quienes versaron acerca de las inversiones patrimoniales.
Entrando en materia, Napolitano Pompa razonó sobre las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en 2020, para la fiscalización de estructuras extrajeras. Comentó que antes de la reforma, los vehículos o estructuras extranjeras estaban regulados como paraísos fiscales de acuerdo al título VI de la LISR, y ahora sus efectos fiscales son regulados por los artículos 4-A y 4-B de la misma ley.
Dentro de los cambios a la LISR, el ponente indicó que se incorporaron reglas para hacer una separación de las entidades extranjeras transparentes, figuras jurídicas extranjeras y las entidades extranjeras no trasparentes, con el objetivo de identificar el tratamiento correcto de los ingresos.
“De acuerdo con el artículo 4-A, habrá que considerar si la estructura extranjera es residente en México o no. En caso de serlo, dejará de considerarse trasparente fiscal para efectos de la LISR, por lo que deberán pagar este impuesto como cualquier otra persona moral residente en México”
Asimismo, para lo establecido en el artículo 4-B, Napolitano Pompa señaló que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, estarán obligados a pagar ISR por los ingresos que obtengan por medio de entidades extranjeras transparentes o por figuras jurídicas extranjeras.
En su turno, Cárcamo Sabido abundó en algunas consideraciones respecto de las inversiones al extranjero como los son las implicaciones fiscales, desde los efectos cambiarios hasta la aplicación del 10% sobre dividendos mensuales; también los beneficios de la inversión directa, así como las obligaciones fiscales en ambas nacionalidades.
Por otro lado, Valenzuela Acuña enfocó su intervención en las tendencias de fiscalización para personas físicas. Aseguró que la estrategia del SAT para 2021 es explotar el intercambio de información de cuentas en el extranjero para reforzará la fiscalización de los grandes contribuyentes, esto a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) y del Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés). Entre otros aspectos tratados, se habló sobre la repatriación de capitales, el impuesto a las herencias y el impuesto al patrimonio.
El segundo panel del día contó con la participación de Juan Ignacio Rivero Celorio, integrante de la comisión organizadora, así como de Jorge de Presno y Alejandro Barrera Fernández, ambos socios en Basham, Rige y Correa. La terna debatió sobre el controvertido tema del home office, desde las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como las implicaciones fiscales tanto para empleados y empleadores de empresas nacionales como para los de empresas extranjeras.
En el cuarto y último día del 15.° Foro de aspectos fiscales en operaciones internacionales, se habló sobre fenómeno fiscal internacional más relevante del siglo XXI, el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
En el primer panel, integrado por Laura Rodríguez Berrón, socia en Deloitte México; Koen Van't Hek Koot, integrante de la comisión Fiscal Internacional del Colegio y Christian Raúl Natera Niño de Rivera, integrante de la comisión Fiscal Internacional del Colegio, profundizaron acerca de las experiencias que ha tenido el país tras un año de la adopción de las reglas del proyecto.
Entrando en materia, los ponentes explicaron que, dentro de la reforma fiscal del año pasado, se consideró la modificación del artículo 28 de la LISR, en su fracción XXIII, con el objetivo de ampliar los supuestos en los cuales no serán deducibles ciertos pagos al extranjero, incluyendo aquellos ingresos sujetos a los Regímenes Fiscales Preferentes (Refipres).
Coincidieron que, a pesar de ya haber pasado un año de su implementación, las autoridades fiscales siguen sin emitir las reglas generales a las que hace referencia la norma, además que en la cuestión práctica los asesores fiscales tienen nulas experiencias de auditoria, por lo consecuente aún no hay criterios normativos.
Otra de las recomendaciones de la OCDE, debatida por los panelistas, fue la incorporación de la fracción XXXII al artículo antes citado, que limita hasta un 30% la deducción de intereses generados por grupos multinacionales, esto como medida para combatir el traslado de utilidades de las planeaciones fiscales internacionales. Al igual que la fracción XXII, la falta de claridad por parte del fisco, ha generado incertidumbre a los contribuyentes, ya que no sabrán si se podrá deducir los costos por intereses en su próxima declaración anual.
César Julio Catalán Sánchez, integrante de la comisión Fiscal Internacional del Colegio; Juan Carlos Pérez Peña, asesor de planificación fiscal agresiva en la OCDE y Gabriel Andrade Ochoa, vicepresidente de impuestos en CEMEX, fueron los encargados de cerrar con broche de las conferencias del foro.
En el panel, se analizó el segundo pilar del proyecto BEPS que aborda los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, desde la perspectiva de OCDE, así como la visión empresarial.
Finalmente, Julián Agustín Abad Riera, vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional, agradeció la asistencia de todos los presentes, así como de los ponentes que participaron a lo largo de la semana, de igual forma, externó una grata felicitación a los integrantes de la comisión organizadora que hicieron posible la realización de este magno evento.
Eventos recientes
Esta tarde, el Colegio y la comisión de Finanzas y Sistema Financiero presentaron la conferencia Temas actuales de seguros, evento que contó con la participación del contador Diego Chávez Mojica como panelista y Tomás Francisco Palacio Fernández como coordinador del evento. La conferencia se centró en las obligaciones de cumplimiento y los retos asociados a los contratos de seguros en el contexto de las Normas de Información Financiera (NIF), normas D1, Ingresos por contratos con clientes y D-2, Costos por contratos con clientes en el sector asegurador.Durante la sesión, Chávez Mojica explicó que una entidad puede transferir el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo, lo que permite el reconocimiento de ingresos conforme se satisfacen las obligaciones contractuales. Además, resaltó la importancia de la NIF D-1, que establece que los ingresos deben ser reconocidos en función de la transferencia del control sobre los bienes o la satisfacción de los servicios acordados con los clientes.El panelista también hizo hincapié en que, al inicio de un contrato, es fundamental evaluar si la obligación se satisface a lo largo del tiempo o en un momento específico. Se discutió cómo el derecho presente al cobro y el derecho legal sobre el activo son indicadores clave para determinar quién tiene el control.El contador detalló los cinco pasos metodológicos que deben seguirse para el análisis de los contratos bajo la NIF D-1, que incluyen la identificación del contrato, las obligaciones de desempeño, el precio de la transacción, la asignación del precio y el reconocimiento del ingreso. “Este enfoque sistemático es esencial para que las entidades cumplan con las regulaciones y puedan reportar de manera adecuada sus ingresos”, enfatizó.En cuanto a la NIF D-2 sobre costos por contratos con clientes, el contador destacó que los costos deben ser reconocidos en la utilidad o pérdida neta al momento de la transferencia del control. Asimismo, subrayó que es crucial que los costos sean recuperables y puedan cuantificarse de manera confiable; “esto implica un análisis cuidadoso de los costos incrementales asociados con la obtención de contratos, así como la evaluación de los servicios prestados”.En la conferencia también se abordaron los retos en la implementación de las NIF D-1 y D-2, enfatizando la necesidad de analizar los servicios ofrecidos a los clientes y la naturaleza de estos. Se mencionaron las operaciones conexas, que son esenciales para el funcionamiento de las aseguradoras y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.De igual forma, se hizo hincapié en que el concepto de agente, el cual obliga a las entidades a reflexionar sobre el tratamiento de ingresos y costos en operaciones de asistencia, donde la entidad que proporciona el servicio no es necesariamente la institución aseguradora.Finalmente, se discutió el objetivo principal de la IFRS 17, que busca proporcionar un modelo de contabilidad útil y consistente para los contratos de seguros, ofreciendo claridad sobre las obligaciones y riesgos, así como mejorando la transparencia en la información financiera. La conferencia concluyó con un llamado a los profesionales del área a mantenerse actualizados sobre estos temas cruciales para el desarrollo de las entidades aseguradoras.
La reciente reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit y la creciente complejidad en los dictámenes de seguridad social fueron el eje central del evento Aspectos prácticos en los dictámenes del IMSS e Infonavit, organizado por la comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos los días 8 y 9 de julio.Durante las dos jornadas, expertos abordaron los nuevos retos para las empresas ante cambios normativos que impactan directamente en la administración de créditos de vivienda, control de ausentismo, y responsabilidades patronales, así como en la calidad técnica de los dictámenes fiscales ante el IMSS.Durante el primer día, María de Lourdes Nabor Cadena, Miguel Ángel Silva Pedroza y Ariel Morales García, integrantes de la comisión organizadora, centraron su atención en los efectos de la reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit, publicada el 21 de febrero de 2025. Mencionaron que este cambio legal establece que las amortizaciones de créditos de vivienda no se suspenderán, aunque el trabajador tenga ausencias o incapacidades, lo que representa un cambio significativo para las empresas.En ese orden de ideas, explicaron que esta reforma implica nuevas responsabilidades para los patrones, quienes deberán ajustar sus sistemas de nómina y controles internos para evitar errores en los pagos y sanciones por diferencias. También, advirtieron sobre posibles conflictos al intentar recuperar pagos en exceso o cuando el salario no sea suficiente para aplicar los descuentos correspondientes.En este contexto, se discutió la utilidad del dictamen del Infonavit como herramienta preventiva, a pesar de no ser obligatorio. Los expositores recomendaron implementar controles detallados de ausentismo y conciliaciones con la Emisión Bimestral Anticipada (EBA), así como establecer convenios de reembolso de incapacidades con el IMSS. Además, enfatizaron la necesidad de sensibilizar a los trabajadores sobre el cumplimiento puntual de sus obligaciones crediticias.Con miras al cuarto bimestre del año, cuyo pago inicia en septiembre de 2025, se recordó a los asistentes que el Infonavit ya ha otorgado una prórroga, pero se advirtió sobre la necesidad de estar preparados. Los especialistas concluyeron que los contadores deben mantenerse actualizados y evaluar el costo-beneficio de cada acción para evitar contingencias futuras.En la segunda jornada, Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la comisión de Auditoría Fiscal; Miguel Arnulfo Castellanos Cadena y Moisés Velázquez Ortega de la comisión organizadora, abordaron los aspectos técnicos del dictamen de seguridad social. Aunque el Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS) no presentó cambios relevantes respecto al año anterior, los expositores subrayaron la importancia de la calidad en los papeles de trabajo, que son el soporte técnico del dictamen y reflejan el profesionalismo del contador público autorizado.Uno de los temas destacados fue la obligación de dictaminar para patrones con un promedio anual de 300 o más trabajadores. Se explicó cómo calcular este promedio y la relevancia de verificar la información frente a los datos del IMSS, ya que cualquier discrepancia podría derivar en sanciones o requerimientos formales por parte de la autoridad.También se analizó el procedimiento de corrección voluntaria y las invitaciones del IMSS. Los especialistas advirtieron que aceptar una invitación podría implicar la obligación de dictaminar varios ejercicios fiscales, y recordaron que, una vez iniciada la solicitud de dictamen, no es posible acogerse a otro esquema de corrección. Por ello, se recomendó evaluar cuidadosamente la estrategia más adecuada para cada caso.Finalmente, los ponentes resaltaron los beneficios de dictaminar de forma proactiva, como evitar visitas domiciliarias, siempre y cuando el dictamen se presente sin observaciones graves. La sesión cerró con consejos prácticos sobre el uso del SIDEIMSS y la planificación anticipada del aviso y presentación del dictamen, así como la necesidad de mantener la capacitación continua y cumplir con las normas de control de calidad.
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) presentó el 2 de julio una calculadora de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en colaboración con el Colegio y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Para el anuncio se reunieron autoridades de las instituciones mencionadas, cuerpos directivos de los colegios federados y profesionales asociados.La intención detrás del lanzamiento de esta herramienta es facilitar el cumplimiento de las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), ya que la calculadora está alineada con los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO), con lo que se proyecta apoyar a organizaciones mexicanas a cumplir con los requisitos normativos al elaborar sus informes de sostenibilidad.Para comenzar el evento, la presidenta del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) en el CINIF, Elsa Beatriz García Bojorges, comentó que “la relación de los IBSO permitirá a las empresas informar sobre su desempeño sostenible, identificar sus riesgos materiales y plantear una estrategia de sostenibilidad, permitiéndoles ser más rentables y generar mayor valor económico mientras contribuyen a generar un entorno global más sostenible”. Según describió Elsa Beatriz, la calculadora de GEI fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), quien puso en marcha el desarrollo de esta herramienta como parte de su labor para impulsar acciones de sostenibilidad a nivel mundial. “A partir de hoy, esta calculadora se convierte en un bien de carácter público que se pondrá al alcance de las empresas mexicanas y de forma gratuita a través del CINIF”, concluyó.Erika Casamadrid Gutiérrez, directora del Financiamiento para la Acción Climática en México (FINACC) del GIZ, agradeció a todas las personas involucradas que han permitido el lanzamiento de esta herramienta, incluido el equipo técnico que permitió alcanzar el objetivo final. Además, señaló que la cooperación es fundamental para construir soluciones sostenibles para enfrentar los retos globales y locales. “Con la accesibilidad de esta calculadora, las empresas podrán tomar decisiones informadas que les permitan sumarse a esta colaboración mundial por la sostenibilidad”, comentó.Posteriormente, Bernardo Rivadeneyra Pérez, presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que la acción climática es un reto mayúsculo y supone un reto, pero también una oportunidad para generar valor y fortalecer las empresas con decisiones que contemplen la responsabilidad social, por lo que extendió una invitación a la inclusión de esta herramienta en organizaciones de todos los tamaños. Rivadeneyra comentó que “la calculadora es el resultado del trabajo conjunto de instituciones, expertos y organismos comprometidos que no solo facilita la medición y el reporte de GEI, sino también impulsa la transparencia e impulsa el camino hacia una economía baja en carbono”.Patricia Moles Fanjul, miembro del Consejo Emisor del CINIF, y Jessica Trinidad Magaña López, investigadora en sostenibilidad del CINIF compartieron con los asistentes la estructura y funcionamiento de la calculadora. En ese espacio, se comentó que tras un análisis de las NIS se identificó que los GEI podían suponer una limitante para el cumplimiento normativo debido a la complejidad de su cálculo. Con esta herramienta no solo se permite determinar las emisiones de GEI alcance 1 y 2, sino que agrega el consumo de energía. Además, su facilidad de operación con parámetros precargados verificables y actualizables permite integrar esos conocimientos complejos e interdisciplinarios en una herramienta accesible y escalable.Finalmente, el evento concluyó con un panel compuesto por Elsa Beatriz García Bojorges; Daniel Ledesma González, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, (IMEF CDMX), Grupo Ciudad de México; Patricia Moles Fanjul; y Mariuz Calvet Roquero, experta en sostenibilidad y finanzas sostenibles. Durante este diálogo se discutió la importancia de medir y analizar los datos de GEI, no solo a primer grado; según comenta Mariuz en las organizaciones bancarias, por ejemplo, solo el 1% de su huella de carbono se encuentra en sus sucursales, el 99% se encuentra en sus portafolios. Es debido a esta red de servicios en distintas industrias que es fundamental contar con las herramientas para alinear de forma colectiva cada organización con las NIS y otras regulaciones en materia de sostenibilidad. Es por lo que la calculadora de GEI supone un paso adelante, ya que la accesibilidad y escalabilidad de ella permitirá a más instituciones sumarse a esa red, y no solo a las empresas de gran tamaño.En suma, el presidente del IMEF comentó que la concientización, enseñanza y capacitación es el siguiente paso para atender para que la calculadora alcance su máximo potencial. Sin embargo, este compromiso supone un beneficio bidireccional, ya que las empresas alineadas a las normativas de sostenibilidad tienen una ventaja competitiva sobre aquellas que no lo están, así que procurar las políticas de sostenibilidad también permite la permanencia en el tiempo de las organizaciones, el bienestar social y el medio ambiente.
