Para conocer los avances en materia de sostenibilidad aplicables al gobierno corporativo y cómo gestionarlos de manera eficiente, el Colegio presentó el foro Mejores prácticas de sostenibilidad para el gobierno corporativo, evento presentado por Tania Cruz Ramírez, Edgar Cruz Cruz, y Arturo Reyes Figueroa, integrantes de la comisión de Auditoría Interna.
En conferencia, el contador Reyes Figueroa habló sobre cómo mejorar implementar procesos para tener mejores prácticas de sostenibilidad para el gobierno corporativo, lo anterior en atención a los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
En este sentido, el especialista planteó un panorama sobre los riesgos más altos de acuerdo con el World Economic Forum, entre los que destacó la disparidad del ingreso, desequilibrios fiscales crónicos, incremento de gases de invernadero, ataques cibernéticos y la crisis por abastecimiento de agua.
En este contexto, advirtió que las Pymes (pequeña y mediana empresa), en América Latina, representan alrededor de 90% de las empresas con el 60% de los empleos a nivel regional, “para el caso de México, según cifras del Inegi, las microempresas representan el 95.4% del total de empresas del país, mientras que las pequeñas conforman el 3.6% y las medianas 0.8%; la contribución al PIB ronda el 52% y generan 73% de la ocupación laboral”.
De igual forma, en el foro se comentó que, desde que se emitieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se han desarrollado casos de inversión alineados a dichos objetivos, “todos los países han acordado una agenda de sostenibilidad cubriendo tres áreas económico, social y medio ambiente”, apuntó Reyes Figueroa.
Por otra parte, se comentó que México es vulnerable al cambio climático, ya que, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), del total de estimaciones de pérdidas y daños reportados por eventos extremos, 62% correspondió a lluvias e inundaciones. “Al incorporar los efectos de sequías y las afectaciones correspondientes a nivel sectorial, se concluye que el cambio climático al 2030 es del orden de 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, compartieron los expositores.
Por su parte, el contador Edgar Cruz y la licenciada Tania Cruz Ramírez versaron sobre las organizaciones socialmente responsables, por lo que destacaron que, en el país, a partir de 2021, se ha implementado una certificación en materia de Empresa Socialmente Responsable (ESR), por parte del Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (Aliarse). Sin embargo, el contador Cruz resaltó que “para la participación de la obtención del distintivo ESR se ha integrado el aspecto ASG en sus indicadores de evaluación”.
En tanto, la licenciada aclaró que gracias a la creación del ISSB (International Sustainability Standards Board), la fundación IFRS proveerá a los mercados de capitales una perspectiva completa sobre los riesgos y oportunidades financieros y ASG, “lo anterior impactará en la creación, preservación y destrucción de valor empresarial”, sentenció.
Eventos recientes
Durante los días 6 y 7 de febrero, el Colegio organizó el evento Invitaciones de autoridades SAT, IMSS, locales, en el que expertos en seguridad social y fiscalización explicaron cómo los contribuyentes deben gestionar las cartas invitación enviadas. Estas invitaciones, aunque no constituyen una sanción directa, pueden derivar en auditorías o revisiones más profundas si no son atendidas con la debida diligencia. Ante este contexto, Miguel Ángel Silva Pedroza, integrante de la comisión de Seguridad Social, habló sobre la creciente interconexión entre las autoridades fiscales y de seguridad social, como el SAT, el IMSS y las tesorerías locales. “Estas colaboraciones buscan vigilar el cumplimiento de las obligaciones patronales, un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento del sistema fiscal y de seguridad social del país”.Las cartas invitación emitidas por el SAT no deben tomarse a la ligera, advirtió Silva Pedroza, ya que, aunque no implican una sanción inmediata, señalan posibles irregularidades que podrían llevar a auditorías más profundas. El experto enfatizó que es crucial atender estos requerimientos con precisión, entregando solo la información solicitada, a fin de evitar complicaciones adicionales.En su presentación, también abordó el marco legal que respalda estas notificaciones y cómo las autoridades han perfeccionado sus procesos de fiscalización a través de la inteligencia artificial, el análisis de datos y el uso de plataformas electrónicas, como el Buzón IMSS, lo que ha permitido una mayor eficiencia en las revisiones y la detección de inconsistencias. Además, se subrayó que, aunque las pequeñas empresas también son sujetas a estos requerimientos, estas plataformas digitales facilitan la comunicación y reducen los costos administrativos.Por su parte, Plácido Aurelio del Ángel Herrera, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, profundizó en cómo las autoridades fiscales, como el SAT, utilizan herramientas como el CFDI, el visor de nóminas y la DIOT para detectar inconsistencias en los pagos, deducciones y retenciones, con el objetivo de fomentar la autocorrección de los contribuyentes. Aunque las cartas invitación no son auditorías formales, Del Ángel Herrera resaltó que ignorarlas o no atenderlas en el plazo estipulado de 15 días podría generar consecuencias graves, como créditos fiscales, multas o incluso la cancelación de sellos digitales.Finalmente, José Eduardo Beristain Martínez, integrante de la comisión de contribuciones locales, explicó el procedimiento específico para responder a las cartas invitación de las autoridades fiscales locales, como las secretarías de finanzas estatales. “Las autoridades locales, ante la necesidad de aumentar la recaudación, han adoptado estas cartas como herramienta para corregir omisiones fiscales, especialmente en el ámbito del impuesto sobre nómina y otros impuestos laborales”.Se mencionó cómo la interconexión con el SAT, el IMSS y el Infonavit facilita la detección de inconsistencias, y destacó la importancia de realizar conciliaciones periódicas de las obligaciones fiscales para evitar discrepancias que puedan derivar en auditorías o revisiones profundas. Beristain Martínez concluyó recomendando que los contribuyentes cuenten con asesoría fiscal adecuada y analicen cada carta invitación de manera detallada para determinar si se requiere una corrección o si la autoridad ha cometido algún error.
Debido a la puesta en marcha del Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Colegio de Contadores Públicos de México ofreció un curso para informar sobre los principales ejes, sus efectos fiscales y de comercio exterior. Después de exponer los objetivos del plan con visión a 2030, entre los que se encuentran colocar a México en el top 10 de las economías del mundo, elevar la inversión al 25% del PIB, generar 1.5 millones de empleos y aprovechar el nearshoring, entre otros; Gloria Estrada Antón y Enrique Ramírez Luna expusieron los 12 polos de desarrollo del bienestar (Prodebis), beneficiarios principales del plan, así como los ocho sectores de desarrollo: textil y zapatos, farmacéutica, agroindustria, semiconductores, energía, automotriz y electromovilidad, química y petroquímica, viene de consumo y aeroespacial. Durante sus intervenciones ambos comentaron su percepción como un plan ambicioso mediante el que se busca sustituir las importaciones chinas, desarrollar la proveeduría local, promover la formación de profesionales en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés); así como los estímulos fiscales, entre los que se encuentran de 3 a 6 años sin pago de ISR si superan los niveles esperados de empleo, reducción del 100% para enajenación de bienes por cuatro años y la deducción inmediata del 100% en activos fijos. Posteriormente, con participación de Rosaura Aguilar Peña y Víctor Manuel Pérez Ruiz, se revisaron las implicaciones en regulaciones, aranceles y tratados comerciales, dentro de las que se encuentra el decreto sobre textiles para proteger la industria nacional, evitar prácticas desleales y aumentar la recaudación en las aduanas, mas no se establecen procesos definidos para su operación. También, se comentó sobre la nueva agencia de transformación digital que busca simplificar trámites y combatir la corrupción mediante una nueva plataforma, que tendrá que superar a su antecesora (ventanilla única) en cuanto a capacidad de atención y se requerirá vencer la resistencia de varias dependencias a subir sus trámites. Finalmente, con el análisis de José Luis Ortiz Coronado y Pablo Cervantes García se revisaron las implicaciones fiscales del plan como la deducción inmediata por cinco años en inversiones, beneficio que no distingue sectores de la producción, es adicional al 25% en capacitación y no está condicionado a la exportación, éstos aunados a otros beneficios como el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex). Se aclaró que las deducciones inmediatas no son del 100%, sino que van del 35 al 91% según la actividad y tipo de activo, estarán vigente al 30 de diciembre de 2030 y las inversiones deben usarse por lo menos dos años. El beneficio no aplica a activos como automóviles y mobiliario y se tendrá un comité de evaluación que revisará a quienes soliciten participar de estos estímulos. También, se precisó la vigencia de otros decretos como los estímulos fiscales a la región fronteriza norte y sur, a la zona libre de Chetumal y al corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec. El curso concluyó con el ofrecimiento del Colegio para generar otras espacios que aborden las reglas de operación y temas específicos derivados del Plan México.
La sostenibilidad es cada vez más relevante para el sector empresarial; reconocer el impacto y responsabilidad que tienen los actores de una empresa en esta materia es fundamental para seguir sumando al bienestar ambiental, social y económico.En este tenor, el 5 de febrero, el Colegio presentó un curso titulado La participación del contralor en la sostenibilidad de las empresas, bajo la coordinación de Jaime Montiel Uribe, integrante de la comisión T. SE Contraloría Financiera. En él, Eduardo Pérez Pérez y Victor Felipe Lozano Avilez, integrantes de la misma comisión, expusieron el papel del contralor en la sostenibilidad empresarial a través de su labor en el control financiero y el control interno.En un primer momento, Eduardo Pérez definió el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer lo mismo. En México, este fue el concepto adoptado por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF). Además, la sostenibilidad comprende tres pilares fundamentales: Pilar económico.Pilar social.Pilar ambiental.Respecto al papel del contralor en este paradigma dentro de las empresas, Eduardo comentó que es “una figura estratégica en el cumplimiento de las regulaciones de sostenibilidad, pero no puede actuar de manera individual”, por ello es importante tejer una red dentro de la empresa que permita un cumplimiento apropiado de las normativas de sostenibilidad.Aunque adoptar criterios de sostenibilidad pudiera parecer un riesgo para la empresa, al implicar la modificación operativa y de normatividad interna, es importante comparar con los riesgos de no-adopción que pueden ir desde dañar la reputación de la empresa hasta resultar perjudicada legalmente. Aunado a ello, la sostenibilidad brinda oportunidades empresariales, como el acceso a nuevos mercados o la atracción de talento.Además, los expositores señalaron que los objetivos de sostenibilidad están alineados a factores indisociables del sector empresarial, “la búsqueda de rentabilidad, la planeación estratégica y el control interno son parte de las empresas” de forma natural, pero también son objetivos de sostenibilidad. En el caso de la planeación estratégica, por ejemplo, esa planeación permanecerá incompleta si no se consideran estos factores de sostenibilidad, ya que su no-adopción compromete la permanencia de la empresa”. Durante el curso, se exploró la labor del contralor que, en resumen, opera en dos fases: una fase inicial y una fase de seguimiento. Ambas fases fueron detalladas mediante ejemplos prácticos durante la exposición.Para la primera fase el contralor se encarga de un proceso lineal:Identificar riesgos y áreas de oportunidad en materia de sostenibilidad.Establecer lineamientos y políticas que alinean a la empresa con objetivos de sostenibilidad.Coordinar y capacita a equipos para la adopción de objetivos de sostenibilidad.Supervisar la elaboración de un primer informe.Para la segunda fase, la labor del contralor se enfoca en:Mantener la calidad y consistencia de la información reportada.Revisar los resultados de las estrategias empleadas.Pulir las estrategias ya establecidas para su mejora continua.Actualizar los procesos en función de los cambios normativos.Los expositores señalaron que esta labor, aunque parece monumental, no corre por cuenta única del contralor. El contralor, como se mencionó al inicio, “es un ensamble que navega con las demás partes de una empresa con un objetivo en común”. Como ejemplo de ello, se puede considerar que es responsabilidad del contralor promover el uso de herramientas competentes y eficientes para la presentación de los informes de sostenibilidad; pero su labor es comunicar las necesidades de inversión para esa tarea a los departamentos de la empresa que puedan encargarse de dichas necesidades.En resumidas cuentas, el trabajo fundamental del contralor en materia de sostenibilidad es ser nexo entre los actores de una empresa para alinearlos con un objetivo común: el desarrollo sostenible.
