En la coyuntura por la conmemoración del Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos , el Colegio tuvo la oportunidad de presentar el 30 de octubre el Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción, en coordinación de José Braulio Manuel Pérez Hernández, presidente de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero, y Silvia Rosa Matus de la Cruz, integrante de la misma comisión.
Durante la inauguración, el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, comentó la importancia que tiene la comprensión y actualización constante en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción para la labor contable, ya que con ello se asegura un servicio ético y de calidad.
Para seguir ese tenor, se presentaron cinco ponentes que expusieron conceptos fundamentales, buenas prácticas, casos de éxito, oportunidades y desafíos en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción.
La contadora Silvia puntualizó la importancia de colaborar en los esfuerzos de prevención dado que el contador es “la primera línea de defensa, gatekeepers y guardianes” de esta labor. Además, expresó lo importante que es conocer las experiencias internacionales para identificar áreas de oportunidad y buenas prácticas que aprovechar a nivel nacional.
La participación de Scott Hanson, director de política y compromiso global de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), profundizó en esas ideas al señalar el alcance social y económico que tiene la profesión contable a nivel mundial.
Además, comentó que existe una relación documentada entre el impacto positivo que tiene la contaduría en el desarrollo económico y la disminución de corrupción en un país. Según los estudios de la IFAC, los países sondeados “consideran a los contadores como las personas más confiables” y a México como el quinto país que más deposita su confianza en ellos.
Scott exhortó la importancia del desarrollo, valoración y representación de los profesionales contables para construir una red de prevención contra los actos de corrupción; “si ya tenemos la confianza del público, ¿qué haremos con ella?”, dijo.
Para complementar esa idea, la intervención de Gustavo Elhim Vega, secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, presentó los retos y acciones tomadas por el grupo para el combate del lavado de dinero; todo ello bajo una premisa relevante: “no todos los países tienen el mismo contexto ni riesgo”, por ello debemos conocer los factores de riesgo específicos para identificar las amenazas a nivel regional.
Así, el trabajo del GAFILAT se ha centrado en identificar dichos factores de riesgo para generar herramientas operativas eficientes que consideren las variables de complejidad, forma y tendencias regionales.
La participación de Regino Chávez, agregado jurídico adjunto del FBI en México, ahondó en la importancia de construir herramientas operativas eficientes, pero también flexibles. Durante su participación, exploró el operativo Guard Shack, la investigación de corrupción policial más grande del FBI, realizada en Puerto Rico.
Según describe, al inicio de la investigación fue necesario considerar el contexto social, político y económico de esta nación. El uso del territorio como sitio de tránsito de drogas, el bajo salario percibido por los elementos policiales y una regulación que les impedía laborar fuera del cuerpo policial, fueron elementos clave para entender los actos de corrupción a nivel regional.
Como se pudo ver, la innovación es fundamental para construir herramientas de prevención contundentes y eficientes. Para fortalecer esa idea, Enzo Paredes Castañeda compartió las buenas prácticas que llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (UIF-Perú) a ser reconocida por el Grupo Egmont por su lucha contra el crimen financiero.
Para conseguirlo, Enzo describe que el éxito fue trazado desde la prevención basada en riesgos y la promoción de regulación para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esas medidas, permitieron la identificación temprana de indicadores de riesgo y una toma de acciones contundente para la solución del problema.
Sin embargo, esto fue posible con cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales, que lograron acordar una estrategia de acción rápida. En la cuarta presentación, dada por la especialista en PLD, Mireya Valverde Okón, se exploró la importancia de la colaboración y la proyección de métodos de prevención de lado de dinero.
Mireya señaló que identificar a los beneficiaros finales de las empresas en México es relevante para la labor de prevención anticorrupción y de lavado de dinero; por ello, comentó la importancia de construir una base de datos de acceso público para fortalecer las herramientas de prevención e indicó el reto que eso implica.
Las bases de datos de estos beneficiarios finales están dispersas entre diferentes secretarías estatales y su publicación tiene implicaciones que pueden atentar contra la privacidad de esa información. Por ello, la colaboración entre diversas instituciones es fundamental para generar un acceso a esta información sin comprometer la privacidad de los datos; por si fuera poco, al tejer una red de apoyo se pueden promover regulaciones eficientes de respuesta pronta.
Eventos recientes
El 24 de enero, la comisión de Seguridad Social organizó el evento Actualización de salarios y la correcta aplicación de la UMA, con el objetivo de garantizar que los procedimientos laborales y fiscales relacionados con la UMA se apliquen de manera transparente y ajustada a la normativa vigente. Este encuentro, dirigido por José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada y con la participación y coordinación de Rubén Darío Dávalos Palomera, se centró en esclarecer el impacto de la UMA en distintos ámbitos, tanto para los trabajadores como para los sistemas de seguridad social y fiscal.Entrando en tema, se comentó la transición del Salario Mínimo General (SMG) como unidad de referencia, para que fuera sustituido por la UMA en diversas obligaciones legales. Dávalos Palomera explicó cómo el SMG dejó de ser solo un parámetro para el pago de remuneraciones y pasó a ser utilizado como unidad de cuenta para fines adicionales. Ante esta situación, explicó que se decidió crear la UMA con el propósito de desindexar el salario mínimo de otros usos, protegiendo así su función exclusiva como remuneración básica para los trabajadores. Refirió que este cambio legal fue impulsado por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. Dicha modificación aclaró que el SMG ya no podía utilizarse como unidad de referencia para fines distintos al de salario, y se asignó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la responsabilidad de calcular anualmente el valor de la UMA, que marca la pauta para el cálculo de diversas obligaciones fiscales y laborales.En su intervención, Suasnávar detalló los efectos de la reforma sobre los cálculos de pensiones jubilatorias. Según un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la reforma, el monto máximo de la pensión debe calcularse en base a la UMA, y no al SMG. “Este ajuste tiene como fin evitar el incremento innecesario en las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo que a su vez protege el poder adquisitivo del salario mínimo”.Además, Suasnávar explicó cómo la reforma impactó el cálculo de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ahora se calculan utilizando la UMA en lugar del SMG. Para ello, dijo que el IMSS adaptó su Sistema Único de Autodeterminación (SUA) para asegurar que la UMA se aplique correctamente en todos los procesos relacionados con la seguridad social.Otro de los puntos clave fue el análisis de los límites de la UMA en relación con el salario base de cotización y el tope salarial. El expositor declaró que, aunque el salario mínimo sigue siendo el mínimo para el registro en el IMSS, se precisó que el límite máximo de cotización está establecido en 25 veces el valor de la UMA. En esa línea, se abordaron los ajustes que se realizarán para los trabajadores registrados con salarios previamente establecidos, a través de la Emisión Mensual Anticipada.En cuanto a las prestaciones laborales, se detalló cómo la UMA influye en el cálculo de indemnizaciones, primas, horas extras y pagos por separación. Se especificaron también los topes de la UMA para diferentes tipos de ingresos exentos de impuestos, lo que tiene una incidencia directa en el cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR) de los trabajadores.Finalmente, Suasnávar trató el impacto de la UMA en los créditos de Infonavit. Al respecto comentó que partir de la reforma, los saldos de los créditos que antes se ajustaban con base en el salario mínimo ahora se actualizan conforme al valor de la UMA. “Este cambio también afecta el cálculo del Subsidio al Empleo, el cual se determina en función de la UMA y tiene implicaciones directas en los subsidios que los trabajadores pueden recibir”.
Para conocer acerca del impacto que generan en las compañías los reportes de sostenibilidad, el Colegio presentó, el 23 de enero, el foro Introducción a las normas de sostenibilidad para empresarios, evento en el que se dieron cita Stefani Ivonne Ferreira Ruíz, Jorge Alvarado Cordero, integrantes de la comisión Sector Empresarial, y Carlos Carrillo Contreras, de la comisión de Sostenibilidad.En ponencia, Carlos Carrillo presentó un breve panorama sobre los orígenes y avances que ha manifestado el país en materia de desarrollo sostenible. Explicó que, desde los años setenta, México ha celebrado diversos acuerdos en materia de cambio climático y la desigualdad, incluidos los acuerdos de la Agenda 2030.Al respecto, comentó que el desarrollo sostenible permite a los países establecer estrategias de desarrollo y crecimiento económico que impacten de manera positiva el medio ambiente; esto obedece a que el cambio climático representa un riesgo creciente vinculado a las actividades del ser humano y un incremento de temperatura global. “Ante esta situación, se han emitido leyes y regulaciones que deben considerarse por las empresas y también para el diseño de la política ambiental en el país”, puntualizó el expositor.Además, informó que, en 2017, el ejecutivo federal mexicano creó por decreto el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; esta visión prioriza el bienestar, el medio ambiente, la reactivación económica y el impulso de la equidad y justicia social. “La Secretaría de Economía publica de forma anual el grado de avance de los programas gubernamentales con los OSD”.Por lo anterior, los expositores recalcaron la importancia de que hoy día se debe alentar a las empresas, en especial, a las trasnacionales a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sus actividades sostenibles en sus reportes empresariales.Al presentar un estatus sobre la situación en el país, se comentó que de 2019 a 2023 se han emitido diversos instrumentos de política dirigidos a tener un consumo y producción sustentable, tales como políticas, estrategias, instrumentos voluntarios, emisión de estándares de reporte contable.Por lo anterior, los especialistas explicaron que los reportes de sostenibilidad deben incluir, entre otra información, perfil de la empresa, cadena de valor, aspectos ASG, estar alineado con marcos y estándares de referencia, grupos de interés y el reporte de aseguramiento.Por su parte, la contadora Stefani Ivonne Ferreira manifestó que la emisión de las normas de sostenibilidad representa un impulso por parte del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) para que el informe empresarial evolucione e incluya, además de los estados financieros, notas que permitan entender la capacidad de una entidad para mantenerse operando en el largo plazo.En el caso de México, expusieron que las NIS requieren que se reporten 30 métricas denominadas Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) en lugar de un reporte sofisticado de sostenibilidad; “este reporte ayuda a interconectar la información financiera con la información de sostenibilidad, cada vez se han desarrollado más guías, cursos específicos, entre otros mecanismos para atender este ámbito”, concluyó la especialista.
Con la importancia que han cobrado los trámites digitales para la presentación de obligaciones fiscales, los Certificados de Sello Digital (CSD) se han convertido en una herramienta indispensable cuya suspensión o cancelación representa un impacto financiero y económico enorme.Por ello, en el Colegio se compartió el curso Suspensión y cancelación de CSD. Acciones y medios de defensa, donde se exploraron las causas que pueden llevar a la restricción y suspensión de CSD; sus procedimientos de aclaración y revisión; y los medios legales de defensa al alcance del contribuyente.En evento, la contadora Mirella M. Plácido Hernández, integrante de la comisión D. Fiscal; Angélica L. Valladares López, presidenta de la comisión D. Fiscal 2; y Antonio Alberto Vela Peón, coordinador de noticias de la comisión T. Fiscal; compartieron su experticia con el fin de brindar a los contadores la información necesaria para evitar afectar la operación empresarial derivada de la incapacidad de emitir Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Todo ello bajo la coordinación de Jose A. Estudillo Cruz, integrante de la comisión D. Fiscal 4.La autoridad tiene la facultad de restringir CSD de manera temporal cuando detecta que el contribuyente se encuentra dentro de alguno de los supuestos mencionados en el artículo 17-H BIS del Código Fiscal de la Federación (CFF), según comenta la contadora Mirella. Dentro de estos causales se encuentra omitir la declaración anual de más de dos pagos provisionales o definitivos, sean consecutivos o no y la incapacidad de localizar al contribuyente en procedimientos administrativos.Según la contadora, “en impuestos no hay materialidad. Mientras haya una diferencia, independientemente de su tamaño, se debe desvirtuar esa diferencia”, por ello ante la restricción de CSD se debe emplear un procedimiento descrito en la regla 2.2.15 de las Reglas de Miscelánea Fiscal (RMF) que subsane las irregularidades presentadas para la posterior obtención de un nuevo certificado. Cabe mencionar que, una vez iniciada la solicitud de aclaración, la autoridad restablece el CSD de forma provisional, por lo que la agilidad es fundamental para evitar incrementar la gravedad de las afecciones provocadas por la restricción.Mediante este proceso, se presenta la aclaración correspondiente que permita desvirtuar la inconsistencia fiscal, por lo que es importante la manera en que se presenta esta aclaración, más allá de la materialidad. Lo más importante, según comentan los expositores, es dar claridad a la autoridad.Si esta aclaración no es presentada, no se subsanan las irregularidades detectadas o no se desvirtúan las causas que motivaron la restricción en primer lugar, se interrumpe y suspende el uso del CSD, dejándolo sin efectos.Una vez llegados a ese punto, donde se ha efectuado una cancelación de CSD, según el artículo 17-H Bis es posible establecer contacto con la autoridad para corregir la situación fiscal y emitir un nuevo CSD. Angélica Valladares comenta que, a pesar de existir una aparente contradicción entre el párrafo séptimo y octavo del artículo en cuestión, en la práctica estos apartados indican que se debe “acercar con la autoridad para ver la posibilidad de expedir un nuevo certificado tras realizar una aclaración”, ya que en función de la naturaleza de cancelación es posible obtener un nuevo certificado.Finalmente, Antonio Vela abona a la conversación al compartir los medios legales de defensa al alcance del contribuyente, una vez a agotados los procesos de aclaración. De ellos, el expositor destaca que la posibilidad de un juicio debe ser considerada con cuidado, ya que la duración inexacta de este mediopuede suponer una pérdida insostenible de patrimonio para cualquier negocio.Por ello, el medio de defensa óptimo resulta ser la presentación de una queja frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), quien brinda intermediación para la resolución de los procesos previamente descritos mediante un proceso administrativo.De esta manera, dicha queja nos ayuda a indicar los incumplimientos surgidos del proceso de aclaración presentado, y brinda un soporte que puede hacer la diferencia para el éxito de la aclaración.
