Sin duda el ejercicio profesional independiente es un área en la cual el contador público presta sus servicios en materia de auditoría de estados financieros, desarrollo de sistemas administrativos, asistencia en problemas fiscales y asesoría en servicios administrativos, por lo que la actualización brindada en este evento es de gran ayuda para su ejercicio diario.
Entrando en materia, Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) y Salvador García Briones, integrante de comisión Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio, fueron los encargados de abordar las actualidades en materia de Normas de Información Financiera (NIF), así como la relación de las NIF con la materialidad, fecha cierta y razón de negocio.
En su turno, García Bojorges presentó cinco reportes técnicos (RT) emitidos por el órgano al cual representa durante el 2021 (RT50, RT51, RT52, RT53 y RT54), los cuales son guías para el reconocimiento contable, pero no son normativos. También, dio a conocer algunas de las mejoras de las NIF para 2022 y los cambios en marco conceptual de las NIF, que tendrán vigencia a partir de enero de 2023.
Por su parte, García Briones explicó la relación que tienen las NIF con la materialidad, la fecha cierta y la razón de negocio. Comentó que, fiscalmente estos conceptos ya tienen un peso muy importante para las autoridades, lo que está provocando que exista mayor recaudación, además, externó que se debe tener más cuidado con los registros y con los controles contables.
Los encargados de hablar sobre los aspectos relevantes en las auditorías de estados financieros en 2021 fueron Fernando Espinosa López, socio director de Mancera Ernst & Young y Juan Pablo Soto Ferrer, socio de Sovi Consulting.
En su participación coincidieron que la crisis económica derivada de la pandemia requiere de un análisis cuidadoso de planeación, evidencia y conclusiones del trabajo realizado en las auditorias de estados financieros. “Dentro de los aspectos relevantes en el trabajo se deberá tener mayor cuidado en la evaluación de los impactos a largo plazo generados por la Covid-19”, externó Soto Ferrer.
Miguel Buitrón Pineda, socio director de Buitrón y Asociados y Jesús Patiño Soto, Socio de Patiño Soto y Cía., expusieron, respectivamente, acerca de la persecución simultánea de los delitos fiscales y de lavado de dinero en México, así como de del régimen simplificado de confianza (RSC) para personas físicas y morales.
Buitrón Pineda realizó una descripción detallada del artículo 113 Bis. del Código Fiscal de la Federación (CFF) y su relación con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que, de acuerdo con la autoridad fiscal, los delitos previstos en estos artículos se podrán perseguir simultáneamente, lo que pone en tela de juicio al quehacer del profesional.
Por su parte, Patiño Soto centró su charla en el tema del Régimen simplificado de confianza, la cual es una regla fiscal impulsada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que busca la reducción del pago de impuestos y de la administración para las personas físicas y morales de menores ingresos.
Otros temas abordados en el mago evento fueron los relacionados a la liquidación de empresas, las Reformas Fiscales para 2022 y la actualización en materia de PLD, los cuales fueron expuestos por Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez, presidente de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio; Mauricio Ricardo Cristante Skinfield, integrante de la comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio; y Pablo Octaviano Mendoza García, director general de Crowe México
Para finalizar las actividades de la semana se tocaron temas referentes a la gestión de la calidad, el liderazgo y la ética, las cuales estuvieron comandadas por Horacio Zúñiga Gómez, integrante de la comisión de Auditoría; Heidi Martínez Marín, presidenta de la comisión técnica de Control de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos; Ricardo González Escobar, Presidente LATAM de Instituto de Neurociencias Australiano "About my Brain"; Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente de Colegio de Contadores Públicos de México; y Javier Díaz Brassetti, socio de Díaz Brassetti y Cía.
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En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
Este 11 de abril, el Colegio, a través de la comisión de Seguridad Social, presentó la videoconferencia PTU: determinación, reparto y aspectos de seguridad social, espacio que contó con las participaciones de Hugo Meléndez Nieto, Rubén Dávalos Palomera y Arturo Luna López, quienes hablaron acerca del procedimiento para la determinación de la PTU, su fundamentación e integración, trabajadores eventuales, entre otros temas.En la introducción, Meléndez Nieto explicó que, cada año, los patrones en México deben llevar a cabo el procedimiento para calcular y repartir las utilidades que se hayan generado y que correspondan a sus trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. “Para ello, todo patrón debe constituir una comisión mixta para el reparto de utilidades, así como dar cumplimiento a una serie de reglas que se encuentran ubicadas en diferentes ordenamientos”, detalló.Sobre ello, precisó que la comisión mixta para el reparto de las utilidades deberá constituirse cada año y determinar si hay o no utilidades a repartir, con independencia del resultado de su declaración anual, es decir, si tuvo o no utilidad, o si se encuentra en alguno de los casos de excepción para repartir utilidades. “La PTU no puede ser sujeta a descuento alguno que no esté contemplado en la legislación aplicable; debe ser dispuesta de manera absolutamente libre por los trabajadores y debe ser cubierta de manera directa al trabajador”, aclaró.Asimismo, los especialistas informaron que el patrón deberá entregar al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo una copia de la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, dentro de los 10 días siguientes a su presentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sobre el tema, añadieron que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tienen derecho a la PTU; por su parte, los demás trabajadores de confianza sí participarán en la PTU. “Sin embargo, su derecho está limitado a que, si su salario es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario en la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con las mismas características, se considerará el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20% como máximo”, enfatizó Rubén Dávalos.Respecto a una de las principales dudas de los asistentes, los especialistas señalaron que las madres trabajadoras, durante los períodos pre y posnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, serán considerados como personal en activo para el cálculo de la PTU, durante el tiempo que duren sus incapacidades.En cuanto a la fecha de pago de la PTU, comentaron que el patrón deberá pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, a más tardar el 30 de mayo tratándose de personas morales, o el 29 de junio cuando el patrón sea persona física, de cada año.Para cerrar las actividades, hablaron sobre la prescripción de pago de la PTU; al respecto, comentaron que el derecho para reclamar la PTU prescribe en un año. Sin embargo, de acuerdo con el criterio emitido por el poder judicial, “este plazo iniciará a partir del día siguiente a que se notifique o se avise al trabajador o a su beneficiario la cantidad líquida e individual que le corresponde de la PTU del ejercicio de que se trate”, concluyeron.
El Colegio presentó el foro El contador público ante los juicios penales por auditoría forense, en donde los especialistas Dalia Sierra Ramírez, Ricardo Cacho García, Alexa Mendivil Ramírez y Amalin Vargas platicaron sobre la importancia del contador público en los juicios penales relacionados con la auditoría forense.En el evento, llevado a cabo el 10 de abril de manera online y coordinado por la contadora Mónica Estrada, la discusión se centró en la necesidad de entender conceptos básicos como el fraude, riesgos y la relevancia de la auditoría forense en el sistema judicial; al respecto, se puntualizó que, de acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), el fraude se refiere al uso de engaño intencional para obtener un beneficio injusto o ilegal, en detrimento de otra persona o entidad.Por lo anterior, Dalia Magaly Sierra Ramírez destacó la importancia de reconocer las diferentes tipologías de fraude, afirmando que “comprender estas categorías es esencial para prevenir y detectar irregularidades”; entre las tipologías discutidas se mencionaron el fraude ocupacional, el fraude externo y el fraude interno.Por su parte, Cacho García enfatizó que la naturaleza del fraude se basa en cuatro pilares: oportunidad, presión, racionalización y capacidad, y añadió que “la conciencia de estos factores puede ser clave para implementar medidas preventivas efectivas”.Llegado a este punto, los expositores comentaron que la auditoría forense es un enfoque técnico que permite la investigación de irregularidades y la obtención de pruebas para su análisis legal. Al respecto, Alexa Mendivil explicó que esta práctica debe responder a preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿qué? “Cada una de estas preguntas guía la investigación y asegura que no se omita ningún detalle crítico”, subrayó.Vargas añadió que “la transparencia en cada fase del proceso es fundamental para garantizar la credibilidad del informe final”.De igual forma, se mencionó que los peritos juegan un papel crucial en los juicios, actuando como expertos que ayudan a los jueces a entender hechos complejos. Dalia Magaly Sierra Ramírez mencionó que “los peritos deben ser capaces de comunicar sus hallazgos de manera clara y comprensible, ya que su testimonio puede influir significativamente en las decisiones judiciales”.Además, pueden ser oficiales, privados o terceros en discordia. La evidencia sólida es esencial para el éxito de un informe de auditoría.Los especialistas concluyeron que la auditoría forense no solo identifica y documenta fraudes y delitos financieros, sino que también asegura el cumplimiento de normativas y evita sanciones.“Los contadores públicos, con su capacidad para traducir información financiera compleja, son piezas clave en este proceso, apoyando así la justicia y la transparencia en el ámbito empresarial y gubernamental”, precisó Ricardo Cacho.
