El 31 de marzo de cada año vence el plazo para que las personas morales presenten la declaración anual ante las autoridades tributarias, y con ello, inicia una de las obligaciones importantes en materia laboral, el reparto de utilidades; ante este contexto, el Colegio presentó el pasado 12 de abril el curso PTU: determinación y aspectos legales para empresas de subcontratación.
En el foro, David Gerardo García Morales, Rubén Darío Dávalos Palomera y Arturo Luna López, fueron los encargados de platicar sobre cómo calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las sanciones establecidas en la ley por la falta de pago.
En su turno, García Morales aclaró que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) el patrón debe pagar la PTU dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, deberá pagarse antes del 31 de mayo.
Agregó que en dicha ley se señalan dos tipos de relaciones de trabajo por su temporalidad:
“Para comprender lo anterior debe atenderse a las tareas desempeñadas, ya que estas no deberán ser consideradas permanentes dentro de la fuente de trabajo”, explicó el especialista.
Asimismo, los panelistas advirtieron que, en el ejercicio del pago de utilidades, se puede producir una inspección extraordinaria por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a efecto de verificar el posible incumplimiento en el pago. “Puede generarse una multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone la ley”, enfatizó Dávalos Palomera.
En este sentido, se informó que los trabajadores, a través de su sindicato, podrán emplazar a huelga para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades, “los trabajadores podrán demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Laboral que corresponda, el pago de la participación de utilidades”, comentó García Morales.
Finalmente, el contador Dávalos Palomera detalló que se debe calcular el tope de tres meses y el promedio de tres años de PTU, pagando lo que sea mayor al trabajador; sin embargo, recordó que existe un tope primario que es el cálculo de la suma del factor peso y del factor día.
Eventos recientes
Con la coordinación de Francisco Fernando Canalizo Torres, coordinador de comisiones Normativas, y Lucelia Cuevas Rasgado, coordinadora de comisiones Gubernamentales; el 4 de noviembre dio lugar a la Mesa de análisis y reflexión de la reforma judicial.En el evento se reunieron cuatro expertos en materia de derecho: Hugo Alberto Arriaga Becerra, Miguel Buitrón Pineda, Alberto Del Castillo Del Valle y Gonzalo Covarrubias Zepeda; bajo la moderación de Arturo Vázquez Espinosa. Todos ellos, compartieron sus análisis sobre la reciente reforma judicial y las implicaciones que tiene la transformación estructural y operativa del Poder Judicial de México.Durante la conversación, se comentó el impacto negativo que puede tener la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Según comentan los expertos, si el Poder Judicial pretende garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, éste debe estar compuesto por personas expertas cuyas capacidades profesionales cumplan con los requerimientos del puesto; al reducir la elección a una de popularidad, será complicado decidir “cuál de los candidatos será bueno para ocupar un cargo público”.Posteriormente, el panel compartió el análisis de las implicaciones que tiene la constitución del Tribunal de Disciplina Judicial y señaló que compromete independencia del Poder Judicial. Según describieron, al permitir que dos de los tres poderes del país evalúen al tercero, se genera un desequilibrio que resulta anticonstitucional; “en la democracia se genera un sistema de pesos y contra pesos” y la reforma compromete este sentido, comentaron.Esta desigualdad entre los Poderes de la Unión puede producir un sesgo que comprometa la imparcialidad de los funcionarios públicos, según comentaron los participantes. Generar una posición desigual, puede ocasionar un ambiente que premie la evasión de las sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial sobre los objetivos primordiales del Poder Judicial.Finalmente, los expertos se cuestionaron si esta transformación era necesaria o no y, aunque no lograron llegar a un acuerdo absoluto durante la conversación, señalaron que en ese encuentro de ideas desiguales radica la relevancia de la reflexión. En otras palabras, “la importancia está en el punto de encuentro” de personas expertas que logren identificar las oportunidades de mejora y las carencias de los sistemas que impactan a toda la ciudadanía; una transformación del Poder Judicial “es posible, pero se tiene que hacer operativa” y para ello se necesitan expertos discutan sobre el tema.
Celebrado el 30 y 31 de octubre, el 23.º Foro de Investigación Fiscal, organizado por la comisión de Investigación Fiscal, abordó los temas más actuales en materia tributaria, desde la aplicación de las disposiciones fiscales y los retos de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito fiscal, hasta la necesidad de implementar reformas fiscales a partir de 2025. Durante dos días, especialistas en fiscalización y tributación exploraron nuevas estrategias para mejorar el sistema fiscal mexicano y promover un crecimiento económico sostenible.El foro comenzó con la intervención de Miguel Ángel Temblador Torres, miembro de la comisión organizadora, quien enseñó un análisis sobre las reformas fiscales previstas para el próximo año. Su propuesta destaca la simplificación y digitalización de trámites, la promoción de la seguridad jurídica y el impulso a la inversión mediante regulaciones favorables para las energías limpias y la relocalización de empresas. También subrayó la importancia de ajustar las retenciones de impuestos para personas físicas y eliminar límites en deducciones, lo que permitiría una mayor competitividad y dinamismo en la economía mexicana.Otra de las exposiciones fue la de Víctor Manuel Pérez Ruiz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal y Gerardo Alegría Benítez, director de Impuestos en KPMG, quienes abordaron el uso de la IA en el SAT. Comentaron que la incorporación de IA generativa ha permitido al SAT optimizar los procesos de compensación y fiscalización, identificando patrones de evasión en áreas como el IVA y el comercio exterior, y orientando auditorías hacia contribuyentes de mayor riesgo. No obstante, enfatizaron la necesidad de supervisión humana para asegurar la ética y precisión de los resultados obtenidos por las herramientas de IA, que hoy en día desempeñan un papel esencial en el cumplimiento fiscal.Por su parte, Alejandro Guízar Acosta, integrante de la comisión antes mencionada, presentó un análisis sobre el juicio de resolución exclusiva de fondo, un mecanismo introducido en 2017 para agilizar los procesos contenciosos administrativos en materia fiscal. Este recurso se centra en el fondo de las controversias, omitiendo argumentos de forma, y ofrece beneficios como la suspensión sin garantía del interés fiscal y una resolución ágil. Sin embargo, también cuenta con limitaciones, entre las cuales destacan los requisitos específicos de aplicación y la exclusión de ciertos argumentos formales.Oscar De la Vega Gómez y Manuel Gómez Morin Cuevas, por su parte, abordan las recientes reformas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con especial énfasis en la explotación laboral. Explicaron cómo las reformas buscan reforzar la responsabilidad penal de las empresas en temas de explotación laboral, estableciendo sanciones más severas y destacando la necesidad de políticas de control interno adecuadas.Continuando con el programa, Ángel José Turanzas Díaz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, desplegó un análisis sobre los medios de defensa disponibles en el ámbito fiscal, destacando el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo. Subrayó que el recurso de revocación es opcional y permite al contribuyente suspender el procedimiento de ejecución sin necesidad de una garantía, mientras que el juicio contencioso administrativo, en su modalidad exclusiva de fondo, se aplica únicamente a casos de cuantías significativas. Turanzas Díaz también mencionó recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la importancia de estas jurisprudencias para fortalecer la defensa de los derechos de los contribuyentes, mejorando la transparencia y la eficiencia en el proceso de fiscalización.Finalmente, Adrián Urbina Galicia, de la comisión organizadora, analizó los cambios en el régimen fiscal de sueldos y salarios, especialmente las exenciones de retención de ISR para trabajadores con ingresos bajos y la regulación del CFDI en casos de defunción de empleados. También se destacó la necesidad de ajustar el régimen fiscal en zonas fronterizas, asegurando así que las políticas tributarias respondan a las realidades regionales del país.El foro culminó con una reflexión sobre la importancia de avanzar hacia un sistema fiscal adaptado a las tecnologías actuales y las necesidades económicas de México, promoviendo una fiscalización más efectiva y alineada con los objetivos de desarrollo económico del país.
En la coyuntura por la conmemoración del Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos , el Colegio tuvo la oportunidad de presentar el 30 de octubre el Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción, en coordinación de José Braulio Manuel Pérez Hernández, presidente de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero, y Silvia Rosa Matus de la Cruz, integrante de la misma comisión.Durante la inauguración, el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, comentó la importancia que tiene la comprensión y actualización constante en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción para la labor contable, ya que con ello se asegura un servicio ético y de calidad.Para seguir ese tenor, se presentaron cinco ponentes que expusieron conceptos fundamentales, buenas prácticas, casos de éxito, oportunidades y desafíos en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción.La contadora Silvia puntualizó la importancia de colaborar en los esfuerzos de prevención dado que el contador es “la primera línea de defensa, gatekeepers y guardianes” de esta labor. Además, expresó lo importante que es conocer las experiencias internacionales para identificar áreas de oportunidad y buenas prácticas que aprovechar a nivel nacional.La participación de Scott Hanson, director de política y compromiso global de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), profundizó en esas ideas al señalar el alcance social y económico que tiene la profesión contable a nivel mundial.Además, comentó que existe una relación documentada entre el impacto positivo que tiene la contaduría en el desarrollo económico y la disminución de corrupción en un país. Según los estudios de la IFAC, los países sondeados “consideran a los contadores como las personas más confiables” y a México como el quinto país que más deposita su confianza en ellos.Scott exhortó la importancia del desarrollo, valoración y representación de los profesionales contables para construir una red de prevención contra los actos de corrupción; “si ya tenemos la confianza del público, ¿qué haremos con ella?”, dijo.Para complementar esa idea, la intervención de Gustavo Elhim Vega, secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, presentó los retos y acciones tomadas por el grupo para el combate del lavado de dinero; todo ello bajo una premisa relevante: “no todos los países tienen el mismo contexto ni riesgo”, por ello debemos conocer los factores de riesgo específicos para identificar las amenazas a nivel regional.Así, el trabajo del GAFILAT se ha centrado en identificar dichos factores de riesgo para generar herramientas operativas eficientes que consideren las variables de complejidad, forma y tendencias regionales.La participación de Regino Chávez, agregado jurídico adjunto del FBI en México, ahondó en la importancia de construir herramientas operativas eficientes, pero también flexibles. Durante su participación, exploró el operativo Guard Shack, la investigación de corrupción policial más grande del FBI, realizada en Puerto Rico.Según describe, al inicio de la investigación fue necesario considerar el contexto social, político y económico de esta nación. El uso del territorio como sitio de tránsito de drogas, el bajo salario percibido por los elementos policiales y una regulación que les impedía laborar fuera del cuerpo policial, fueron elementos clave para entender los actos de corrupción a nivel regional.Como se pudo ver, la innovación es fundamental para construir herramientas de prevención contundentes y eficientes. Para fortalecer esa idea, Enzo Paredes Castañeda compartió las buenas prácticas que llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (UIF-Perú) a ser reconocida por el Grupo Egmont por su lucha contra el crimen financiero.Para conseguirlo, Enzo describe que el éxito fue trazado desde la prevención basada en riesgos y la promoción de regulación para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esas medidas, permitieron la identificación temprana de indicadores de riesgo y una toma de acciones contundente para la solución del problema. Sin embargo, esto fue posible con cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales, que lograron acordar una estrategia de acción rápida. En la cuarta presentación, dada por la especialista en PLD, Mireya Valverde Okón, se exploró la importancia de la colaboración y la proyección de métodos de prevención de lado de dinero.Mireya señaló que identificar a los beneficiaros finales de las empresas en México es relevante para la labor de prevención anticorrupción y de lavado de dinero; por ello, comentó la importancia de construir una base de datos de acceso público para fortalecer las herramientas de prevención e indicó el reto que eso implica.Las bases de datos de estos beneficiarios finales están dispersas entre diferentes secretarías estatales y su publicación tiene implicaciones que pueden atentar contra la privacidad de esa información. Por ello, la colaboración entre diversas instituciones es fundamental para generar un acceso a esta información sin comprometer la privacidad de los datos; por si fuera poco, al tejer una red de apoyo se pueden promover regulaciones eficientes de respuesta pronta.
