En el marco del Foro de Tributación Internacional, organizado por el Colegio, se presentó el 3er. Simposio Internacional de Precios de Transferencia, con el objetivo de conocer los programas de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su estrecha relación con la tributación internacional, criterios no vinculativos, entre otros temas de interés.
En el evento, Luis Eduardo Natera Niño de Rivera, presidente de la comisión de Precios de Transferencia, apuntó que esta participación deriva de la necesidad de transmitir las actualizaciones en la materia a raíz de la Reforma Fiscal para el presente año. A su mensaje se sumó Raúl Gustavo López Gárate y Miguel Ángel Morales García, quienes aseguraron que a través de la realización de estos espacios se refrenda el compromiso de la institución.
Durante el panel, Niño de Rivera versó sobre los ajustes de comparabilidad, al respecto aclaró que una empresa es comparable cuando no existan diferencias entre éstas que afecten el precio de la contraprestación o el margen de utilidad, o bien, cuando existan diferencias y estas se eliminen mediante ajustes razonables.
También puntualizó que la documentación comprobatoria debe contener el método aplicado conforme al artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el detalle en la aplicación de los ajustes que, en su caso, se hayan realizado en los términos del artículo 179.
Por otra parte, López Gárate explicó las razones por las que se debe contar con un modelo operacional de precios de transferencia, “Este proceso es importante ya que nos ayuda a mantener consistencia y coherencia en las transacciones, así como disminuir los riesgos de doble tributación”, expresó.
Durante su intervención en el simposio, agregó que la planeación, implementación, documentación y la defensa, respaldan el impulso continuo hacia la excelencia, con un enfoque constante en la mejora de los procesos.
En tanto, Miguel Ángel Morales García dialogó sobre la guía revisada del método de partición de utilidades, comentó que el reporte de 2018 recomienda este procedimiento cuando las partes involucradas realizan contribuciones únicas y valiosas, y también si las partes asumen riesgos estrechamente relacionados.
Señaló que la aplicación consiste en la división de las utilidades sobre la base de la contribución relativa de las empresas, “el análisis residual es un proceso de dos pasos: en el primer paso, se determinan los rendimientos que pueden compararse de manera confiable, y en el segundo paso, las ganancias restantes se dividen utilizando un análisis de contribución”.
Finalmente, los expositores agradecieron la presencia de los participantes en el simposio, e invitaron a seguir de cerca las actividades programadas del Colegio en las playas de Acapulco.
Eventos recientes
Con el propósito de analizar la gestión de portafolios de inversión y su tratamiento fiscal para fortalecer la toma de decisiones financieras estratégicas, este 22 de septiembre se llevó a cabo el foro Portafolios de inversión: una visión financiera y fiscal, un espacio de análisis que reunió a especialistas para examinar la dinámica de los mercados. Las ponencias estuvieron a cargo de Martha Angélica León Alvarado y Christofer Flores Estrella, ambos integrantes de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero.Durante su intervención, la doctora León Alvarado centró su exposición en la estructura de los mercados de capitales y deuda, definiendo el portafolio como un conjunto seleccionado de instrumentos financieros cotizados que busca optimizar la diversificación para repartir el riesgo.Al respecto, detalló las diferencias fundamentales entre el mercado primario, enfocado en la colocación inicial de valores y la canalización directa de fondos al emisor, y el secundario, responsable de dotar de liquidez continua y permitir el descubrimiento de precios.Asimismo, profundizó en las distintas clases de activos, desde instrumentos de corto plazo como Cetes y pagarés bancarios hasta renta fija soberana y corporativa, renta variable global, activos alternativos y materias primas, además de instrumentos derivados destinados a la cobertura de riesgos cambiarios y de tasas.En el plano teórico, la ponente destacó la relevancia de la teoría moderna de carteras, particularmente el modelo de selección de Markowitz, subrayando que el diseño de un portafolio debe partir de un análisis riguroso de las expectativas del comportamiento futuro de los valores y de las características del inversionista, tales como su capacidad de ahorro, horizonte temporal y perfil de riesgo, clasificados desde enfoques conservadores hasta niveles especulativos.Por su parte, Christofer Flores abordó el complejo panorama fiscal derivado de la operación de estos instrumentos, ofreciendo un desglose técnico sobre el tratamiento tributario de las acciones, dividendos, ganancias de capital y pagos provisionales.Explicó las implicaciones de acumulación e integración en la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (Cufin), así como el cálculo del costo fiscal y las retenciones aplicables a enajenaciones de valores.De igual forma, profundizó en el régimen fiscal de la FIBRA inmobiliaria, analizando la acumulación de la ganancia en la enajenación de inmuebles, la aplicación del ajuste al costo con reembolsos de capital y las retenciones específicas correspondientes, brindando un panorama indispensable para mitigar riesgos fiscales en la administración de carteras.
La creciente incorporación de factores ambientales y otros aspectos no financieros a la información empresarial plantea nuevas consideraciones para el trabajo de auditoría. Este vínculo fue abordado durante el curso El auditor financiero en la revisión de temas de sostenibilidad, realizado el 19 de septiembre por la comisión de Auditoría del Colegio, en el que se revisaron los nuevos requerimientos para generar, reportar y asegurar este tipo de información.La sesión contó con la participación de Juan Carlos Rodríguez de León, integrante de la comisión de Sostenibilidad, y Rafael Yela Gutiérrez, de la comisión de Auditoría. La coordinación estuvo a cargo de Justo Elí Jiménez Rodríguez y Jessica Gómez Domínguez, también integrantes de esta última comisión.Durante su participación, Rodríguez de León explicó la relación entre la sostenibilidad y la información financiera, y destacó la importancia de conectar los datos financieros y no financieros bajo una misma narrativa. En este contexto, hizo referencia a las normas IFRS S1 y S2, así como a las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), vigentes en México desde 2025, que incorporan 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad. También abordó el concepto de doble materialidad y señaló que los riesgos de sostenibilidad pueden tener consecuencias directas en las cifras de una organización.Para ejemplificarlo, explicó que un evento como una inundación puede afectar el flujo de efectivo, el costo de capital, las provisiones, el valor de los activos o las inversiones. Bajo esta perspectiva, destacó que la información de sostenibilidad no debe permanecer aislada de los estados financieros, sino integrarse a la información que utilizan inversionistas y acreedores para valorar los riesgos y oportunidades de una empresa.Por su parte, Yela Gutiérrez centró su exposición en el trabajo del auditor frente a la información de sostenibilidad y en la transición hacia la Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad 5000 (NIA 5000), que será obligatoria para ejercicios que inicien a partir del 15 de diciembre de 2026. Explicó que el aseguramiento de sostenibilidad es distinto de la auditoría de estados financieros y contempla encargos de seguridad limitada y de seguridad razonable. Asimismo, detalló que el proceso comprende etapas como la aceptación, planeación, evaluación de riesgos, obtención de evidencia y emisión de conclusiones.Al referirse a los riesgos del encargo, advirtió que la información de sostenibilidad suele generarse fuera de los sistemas financieros tradicionales, lo que puede incrementar la posibilidad de errores, sesgos o prácticas de greenwashing. Por ello, enfatizó la importancia de garantizar la trazabilidad de los datos desde su origen hasta el reporte final y de evaluar los controles internos. Finalmente, señaló que estos trabajos pueden requerir equipos multidisciplinarios, con especialistas en áreas como ingeniería ambiental o hidrología, aunque puntualizó que la responsabilidad sobre la conclusión final permanece en el líder del encargo.
El Colegio llevó a cabo, este 17 de septiembre, el foro Iniciativa fiscal para 2027, espacio de análisis en el que María Mancilla Rendón, Arturo Halgraves Cerda, Juan Torres Romero y Eduardo Sánchez Lemoine revisaron el proyecto de iniciativa de reforma y expusieron sus posibles implicaciones para contribuyentes y organizaciones.Durante el encuentro, la doctora Mancilla Rendón abordó los aspectos relacionados con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los estímulos fiscales y las expectativas de recaudación. Como parte de su exposición, explicó el procedimiento previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la presentación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como los elementos que integran los Criterios Generales de Política Económica. Por lo anterior, informó que se prevé una aceleración de la economía mexicana con una expansión del PIB de entre 1.5% y 2.5%, menor inflación y estabilidad cambiaria.Además, puntualizó que los ingresos presupuestarios ascenderían a 9.157 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del Producto Interno o Interior Bruto (PIB), con una variación real de 3.9% respecto a 2026. Los ingresos tributarios representarían 15.9% del PIB.La ponente explicó el papel de la recaudación como mecanismo de distribución de recursos hacia las entidades federativas y los municipios, así como la función del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ante posibles variaciones en la recaudación.Otro de los temas expuestos fue el esquema de multas por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas del pago de contribuciones. Al respecto, detalló los supuestos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la presentación de declaraciones, solicitudes y avisos, así como las obligaciones vinculadas con la contabilidad y los pagos provisionales.Por su parte, Arturo Halgraves Cerda concentró su participación en siete modificaciones con posibles efectos operativos, particularmente en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), retenciones e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); entre los planteamientos revisados se encontró el tratamiento fiscal para libros, periódicos y revistas, cuya tasa cero estaría condicionada a que al menos el 90% de los ingresos del ejercicio anterior proviniera de la venta de estos bienes.El análisis de Halgraves Cerda también abarcó las retenciones aplicables a plataformas digitales, la ampliación del tratamiento de tasa cero para determinados productos de gestión menstrual, las restricciones al acreditamiento del IVA en ciertos casos relacionados con aseguradoras, una alternativa de pago para contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y medidas de trazabilidad para productos con nicotina.En tanto, Juan Torres Romero centró su intervención en el mecanismo propuesto para el control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales. Explicó que la iniciativa contempla incorporar a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) un límite para las deducciones de personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos, así como disposiciones relacionadas con la disminución de las cantidades que no puedan aplicarse en el ejercicio correspondiente.Finalmente, Eduardo Sánchez Lemoine incorporó la perspectiva jurídica al análisis de las deducciones estructurales y no estructurales. Explicó que las primeras corresponden a erogaciones vinculadas con la producción u obtención de los ingresos y que su reconocimiento se relaciona con el principio de proporcionalidad tributaria, al permitir determinar la renta neta que constituye la base del ISR.En contraste, señaló que las deducciones no estructurales no mantienen ese vínculo directo con la generación de ingresos. Como parte de esta revisión, Sánchez Lemoine hizo referencia al criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la limitación a la deducción de intereses netos.
