La Semana Nacional de Auditoría Gubernamental (SNAG), que realiza el Colegio una vez al año, presentó por segunda ocasión consecutiva su versión en línea, jornada semanal que empezó el 23 y culminó el 26 de agosto.
El presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, tuvo una participación especial al inaugurar la semana y de exponer la importancia de la auditoría gubernamental de las dependencias y entidades gubernamentales en cumplimiento de sus atribuciones legales.
El encuentro contó con las participaciones especiales de los representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quienes se enfocaron en los medios y el impulso de las tecnologías como medidas de fiscalización; y en los aspectos éticos, de eficacia y probidad como proceso para abatir corrupción e impunidad, respectivamente.
De igual manera, participaron colaboradores de ambas dependencias como Roberto Hernández Rojas Valderrama, en el que centró su ponencia sobre cómo la ASF está utilizando las tecnologías como la big data y el machine learning; Ivone Henestrosa Matus, quien con el tema Importancia del auditor en el nuevo sistema penal acusatorio y oral mencionó que pone a los auditores en relevancia porque depende de la defensa que hagan en cada caso o hallazgo en las auditorías para el éxito de las denuncias penales; Miroslava Carrillo Martínez, quien basó su intervención con el tema Control interno previo a la fiscalización, en este aspecto comentó que en el ambiente de control interno, tiene que ver con cinco componentes. Expositores representantes de la ASF.
Entretanto, colaboradores de la SFP como Nicolás Domínguez García y Eduardo Gurza Curiel, se enfocaron en la Auditoría financiera y de cumplimiento y, en el Marco jurídico para la fiscalización de obra pública.
Por igual, participaron Gerardo González de Aragón Rodríguez, presidente del consejo consultivo de la AMDAD; Benjamín Reyes Torres, Alfredo Cristalinas Kaulitz y Luis Barajas González,
comisionados técnicos de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; además de la integrante de la comisión técnica de Sector Empresa de Auditoría Interna, María del Rocío Hernández Romero.
La SNAG culminó su jornada con las intervenciones de Mercedes Santoyo Domínguez, contralora general de gobierno del Estado de Veracruz; Lizbeth Beatriz Bastos Avilés, secretaria de la contraloría general de gobierno del Estado de Yucatán; Alfonso Chávez Fierro, secretario de la contraloría del poder ejecutivo de Estado de Querétaro; Javier Vargas Zempoaltécatl, secretario de la contraloría de gobierno del Estado de México; Alejandro César Rosas Guerrero, titular de la unidad de prospectiva, planeación y evaluación de la Secretaría de Economía, quienes participaron el miércoles 25 de agosto y contaron con las coordinaciones de Laura Olivia Villaseñor Rosales, Diego Carlos Nieto Sánchez, Josué Villegas Veayra y José Luis Martiñón Cavia, integrantes de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio.
El primer panel del tercer día estuvo integrado por la contralora y secretaria general de gobierno de los estados de Veracruz y Yucatán, quienes abordaron el tema El papel del auditor en la verificación del control interno, al respecto hablaron de la importancia del control interno en las auditorías, ya que dentro del ambiente del control interno se pueden evaluar los riesgos, actividades de control e información, monitoreos y supervisión, mismas que han sido aplicadas en sus respectivos gobiernos como una línea continua de acción, aunque la representante de Yucatán reconoció que existen un rezago en la implementación del COSO (control interno), pues se aplicó 21 años después de la creación de dicho modelo; no obstante, ha sido adoptado en 28 de los 32 estados, que trabajan con un modelo implementado y homologado por la SFP, para que las líneas de acción tengan una medición adecuada para lograr los objetivos de presupuestación y plan estratégico, mitigar los riesgos a partir de los controles y eliminar posibilidad de algún fraude, lo que refleja un grado de confianza en los procesos.
“La misión debe ser preventiva, ahí descansa el control interno”, palabras de la representante del gobierno de Yucatán.
Mientras tanto, Santoyo Domínguez comentó que las herramientas y estrategias que se llevan a cabo en materia de control dentro del proceso administrativo se encuentra la planeación, ejecución, evaluación y control, y es precisamente en el control que figura la auditoría, lo que permite un panorama en la fiscalización de forma preventiva, aplicando el recurso público para la entrega de bienes y servicios a la población.
La segunda participación estuvo encabezada por el secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo de Estado de Querétaro, quien abordó el tema de La pandemia de COVID-19 y su fiscalización, sobre el tema habló de cómo se han adecuado los entes fiscalizadores ante este problema de salud.
Chávez Fierro dijo que el tema de la fiscalización bajo el contexto de pandemia ha representado un enorme reto, pues no sólo trastocó la vida cotidiana de los ciudadanos, sino del estado mexicano, ya que la fiscalización y como agentes fiscalizadores tuvieron que urdir planes de trabajo que permitieran seguir, para ello, tanto la SFP como la ASF hicieron uso de la implementación tecnológica para llevar a cabo auditorías de forma remota y continuar con la fiscalización por medio de buzón tributario.
“La pandemia orilló a los gobiernos a centrarse en un gobierno digital, por lo que auditores y abogados deben focalizarse en habilidades tecnológicas como un tema fundamental en el sistema nacional de fiscalización; pasar de la evidencia física a la electrónica”, lo que beneficiará en la reducción de costos y tiempo.
En el campo del Compliance, el secretario de la contraloría de gobierno del Estado de México expuso el marco conceptual, histórico y el marco referencial de la figura del cumplimiento y cómo se ha aplicado en el SNA. “La implementación del compliance en el sistema de gestión de cumplimiento en el gobierno del Estado de México ha fortalecido el programa del servicio público sustentado en principios y valores éticos de los servidores públicos, ya que ha minimizado los riesgos derivados de la comisión de actos indebidos".
“En materia de ética e integridad en el servicio público en el plan de desarrollo, se tiene como principal línea de acción, aplicar el Código de Ética de los servidores públicos con el objetivo de impulsar el combate a la corrupción, promover mecanismos institucionales de control, fomentar la cultura de la legalidad, potenciar instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas; fortalecer el programa de servicio público en principios y valores éticos de los servidores”.
El tercer día de actividades cerró con el tema Los padrones de beneficiarios de programas sociales como elemento de evaluación, en el que el titular de la unidad de prospectiva, planeación y evaluación de la Secretaría de Economía mencionó que su utilidad tiene dos aristas: la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y la mejora de las políticas públicas.
En cuestión de retos en el uso de padrones, Rosas Guerrero destacó que se han detectado inconsistencias en la validación de padrones que reflejan problemas con los beneficiarios (en el caso de los fallecimientos); la existencia de la heterogeneidad, ya que cada programa puede reportar las variables de distinta manera, por lo que no es sencillo identificar duplicidades de apoyos.
“Sin embargo, existen ventanas de oportunidad al utilizar el sistema de información de programas como una herramienta para evaluar el destino de los apoyos, representando un insumo sustancial para la rendición de cuentas; dicho programa permite generar evaluaciones rigurosas a las políticas públicas y programas que se que se implementen con recursos públicos”.
El cuarto y último día, asistieron Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua; María Elena Rodríguez Uribe, directora de auditoría forense en la ASF; Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México; Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del TJA del Estado de México; Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de cumplimiento financiero en la ASF, quienes fueron coordinados por Gabriel Martínez Corona, María Elena Rodríguez Uribe y Lucelia Cuevas Rasgado de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; y Enrique Jesús Córdova y Sánchez, comisionado de desarrollo de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio.
Acosta Félix, quien con el tema La auditoría gubernamental en el contexto de la Ley General de Responsabilidad Administrativa comentó que tiene como referencia el SNA. “Esta ley tiene su antecedente en la inequidad en el proceso del derecho administrativo disciplinario, debido a que un órgano interno de control planeaba, realizaba y daba sus conclusiones de la auditoría y dentro de su proceso era difícil que terminara sin que hubiera una sanción; posteriormente, se logra una reforma a las facultades del congreso para efecto de otorgarle atribuciones para legislar en materia de creación de tribunales que conocieran de las responsabilidades de servidores públicos, pero no se concretó un sistema que rompiera la inequidad en materia de órganos internos de control”.
Referente al tema de las entidades de fiscalización superior tenían una actividad exclusivamente de fiscalización, es decir, analizar la forma en la que se realizaban las operaciones de ingreso, egreso, estado del patrimonio y deuda, sus conclusiones eran enviadas a los órganos internos de control para que continuaran el proceso, de esa forma era el esquema sancionador.
Actualmente esta ley contempla un nuevo esquema sancionador en materia administrativa al establecer un nuevo procedimiento de responsabilidades en dos tipos de faltas: graves y no graves. “Para las faltas graves, se elimina la facultad sancionadora de los órganos internos de control, ahora facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) o sus homólogos en las entidades federativas; la creación de autoridades investigadoras y substanciadoras o resolutoras”.
Con esta modificación, las entidades de fiscalización superior cambian la naturaleza de sus funciones; es decir, mejorar los sistemas de control interno de los ingresos, egresos y la administración del patrimonio de los entes públicos al prevenir, detectar y combatir la corrupción.
Por lo que se refiere a la Auditoría forense, la directora de auditoría forense en la ASF, hizo referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el instrumento normativo que establece el marco de actuación de la ASF, que los faculta con la autonomía de gestión y técnica, rendición de cuentas, mejores prácticas, “que tienen por objetivo proveer de resultados a la ciudadanía a través de la fiscalización de la cuenta pública a fin de que éstos impacten en el buen gobierno de las entidades, mejora de la gestión gubernamental y combate a la corrupción e impunidad”.
Dentro de las técnicas de investigación forense “tienen por finalidad determinar si se cometió o no un hecho delictuoso o irregularidad administrativa a través del estudio de determinados hechos u omisiones relacionados con equipos, instalaciones, registros, documentos, personas, que se asocian normalmente a un accidente, incidente o comportamiento irregular que provoca una situación no deseada y determinar quién lo realizó”, en este sentido, se valen de herramientas como la documentoscopía, cómputo forense, entrevista forense y de la evaluación y métodos de riesgos para la prevención del fraude.
Acto seguido, se presentó el panel Responsabilidades administrativas bajo la autoría de los magistrados titular de la ponencia 17 del TJA de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes respondieron al planteamiento de las áreas de oportunidad en el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que han identificado para que opere de manera más eficiente y eficaz la integración de los expedientes de responsabilidades y en la aplicación y ejecución de las sanciones administrativas, al respecto, Ruiz Esparza comentó que es necesario fortalecer las capacidades de las autoridades investigantes; afianzar estas capacidades de los servidores, pues en ocasiones se confunde como impunidad cuando en realidad se trata de ineficacia o desconocimiento de los procedimientos.
Referente al marco normativo vigente de las responsabilidades administrativas, sobre si es competente para lograr abatir la corrupción e impunidad, Muñoz Mejía respondió que el marco normativo es suficiente y que la reforma que implementa el SNA en materia de transparencia, manejo de recursos eficientaron los procedimientos administrativos, entre otros, han permitido la prevención, detección y sanción ante el problema de la corrupción, y “aunque la sociedad demanda resultados, éstos no son a corto plazo”.
El encargado de cerrar la semana fue el auditor especial de cumplimiento financiero en la ASF, quien abordó el tema de los Retos y logros de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en el que destacó, entre otros, el de la fiscalización de la cuenta pública, “que comprende la revisión de la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales, en cuanto a los ingresos y gastos públicos”; de la misma forma, comentó que dentro de esta fiscalización comprende el análisis de la información financiera y presupuestaria, así como de los principales proyectos y programas fiscalizables.
Lozano Dubernard fue cerrando su intervención con el tema de los retos, en el que resaltó el de “fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución (Auditoría Superior de la Federación) a partir de los resultados de la labor fiscalizadora; dar prioridad a las revisiones de calidad por encima de la cantidad, los montos observados y acciones emitidas; consolidar el desarrollo de inteligencia artificial (base de datos) para fortalecer la planeación estratégica y ejecución de la fiscalización; ampliar el alcance de la fiscalización a la porción del universo no muestreado cuando se detectan actos de corrupción”.
Por último, comentó que la facultad de la fiscalización a los particulares que reciben recursos públicos ha potenciado el ámbito de acción de la ASF, fortaleciendo las acciones emitidas y dando un mayor sustento a las responsabilidades que se promuevan ante las autoridades competente, a fin de evitar la impunidad por hechos de corrupción.
El mensaje final y clausura de la SNAG estuvo a cargo del vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional, Julián Agustín Abad Riera.
Eventos recientes
En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
Este 11 de abril, el Colegio, a través de la comisión de Seguridad Social, presentó la videoconferencia PTU: determinación, reparto y aspectos de seguridad social, espacio que contó con las participaciones de Hugo Meléndez Nieto, Rubén Dávalos Palomera y Arturo Luna López, quienes hablaron acerca del procedimiento para la determinación de la PTU, su fundamentación e integración, trabajadores eventuales, entre otros temas.En la introducción, Meléndez Nieto explicó que, cada año, los patrones en México deben llevar a cabo el procedimiento para calcular y repartir las utilidades que se hayan generado y que correspondan a sus trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. “Para ello, todo patrón debe constituir una comisión mixta para el reparto de utilidades, así como dar cumplimiento a una serie de reglas que se encuentran ubicadas en diferentes ordenamientos”, detalló.Sobre ello, precisó que la comisión mixta para el reparto de las utilidades deberá constituirse cada año y determinar si hay o no utilidades a repartir, con independencia del resultado de su declaración anual, es decir, si tuvo o no utilidad, o si se encuentra en alguno de los casos de excepción para repartir utilidades. “La PTU no puede ser sujeta a descuento alguno que no esté contemplado en la legislación aplicable; debe ser dispuesta de manera absolutamente libre por los trabajadores y debe ser cubierta de manera directa al trabajador”, aclaró.Asimismo, los especialistas informaron que el patrón deberá entregar al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo una copia de la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, dentro de los 10 días siguientes a su presentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sobre el tema, añadieron que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tienen derecho a la PTU; por su parte, los demás trabajadores de confianza sí participarán en la PTU. “Sin embargo, su derecho está limitado a que, si su salario es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario en la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con las mismas características, se considerará el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20% como máximo”, enfatizó Rubén Dávalos.Respecto a una de las principales dudas de los asistentes, los especialistas señalaron que las madres trabajadoras, durante los períodos pre y posnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, serán considerados como personal en activo para el cálculo de la PTU, durante el tiempo que duren sus incapacidades.En cuanto a la fecha de pago de la PTU, comentaron que el patrón deberá pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, a más tardar el 30 de mayo tratándose de personas morales, o el 29 de junio cuando el patrón sea persona física, de cada año.Para cerrar las actividades, hablaron sobre la prescripción de pago de la PTU; al respecto, comentaron que el derecho para reclamar la PTU prescribe en un año. Sin embargo, de acuerdo con el criterio emitido por el poder judicial, “este plazo iniciará a partir del día siguiente a que se notifique o se avise al trabajador o a su beneficiario la cantidad líquida e individual que le corresponde de la PTU del ejercicio de que se trate”, concluyeron.
El Colegio presentó el foro El contador público ante los juicios penales por auditoría forense, en donde los especialistas Dalia Sierra Ramírez, Ricardo Cacho García, Alexa Mendivil Ramírez y Amalin Vargas platicaron sobre la importancia del contador público en los juicios penales relacionados con la auditoría forense.En el evento, llevado a cabo el 10 de abril de manera online y coordinado por la contadora Mónica Estrada, la discusión se centró en la necesidad de entender conceptos básicos como el fraude, riesgos y la relevancia de la auditoría forense en el sistema judicial; al respecto, se puntualizó que, de acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), el fraude se refiere al uso de engaño intencional para obtener un beneficio injusto o ilegal, en detrimento de otra persona o entidad.Por lo anterior, Dalia Magaly Sierra Ramírez destacó la importancia de reconocer las diferentes tipologías de fraude, afirmando que “comprender estas categorías es esencial para prevenir y detectar irregularidades”; entre las tipologías discutidas se mencionaron el fraude ocupacional, el fraude externo y el fraude interno.Por su parte, Cacho García enfatizó que la naturaleza del fraude se basa en cuatro pilares: oportunidad, presión, racionalización y capacidad, y añadió que “la conciencia de estos factores puede ser clave para implementar medidas preventivas efectivas”.Llegado a este punto, los expositores comentaron que la auditoría forense es un enfoque técnico que permite la investigación de irregularidades y la obtención de pruebas para su análisis legal. Al respecto, Alexa Mendivil explicó que esta práctica debe responder a preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿qué? “Cada una de estas preguntas guía la investigación y asegura que no se omita ningún detalle crítico”, subrayó.Vargas añadió que “la transparencia en cada fase del proceso es fundamental para garantizar la credibilidad del informe final”.De igual forma, se mencionó que los peritos juegan un papel crucial en los juicios, actuando como expertos que ayudan a los jueces a entender hechos complejos. Dalia Magaly Sierra Ramírez mencionó que “los peritos deben ser capaces de comunicar sus hallazgos de manera clara y comprensible, ya que su testimonio puede influir significativamente en las decisiones judiciales”.Además, pueden ser oficiales, privados o terceros en discordia. La evidencia sólida es esencial para el éxito de un informe de auditoría.Los especialistas concluyeron que la auditoría forense no solo identifica y documenta fraudes y delitos financieros, sino que también asegura el cumplimiento de normativas y evita sanciones.“Los contadores públicos, con su capacidad para traducir información financiera compleja, son piezas clave en este proceso, apoyando así la justicia y la transparencia en el ámbito empresarial y gubernamental”, precisó Ricardo Cacho.
