El 16 de agosto se celebró el 6° Foro de Ética, organizado por la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio, en el marco de los 75 años de la institución. Este evento destacó por su enfoque en el éxito y liderazgo impulsados por la ética y los valores en el ejercicio profesional, promoviendo una cultura de responsabilidad social y cero tolerancia a la corrupción.
En la inauguración del Foro, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, destacó la importancia fundamental de la ética en la profesión contable, subrayando que en un mundo cada vez más interconectado, la ética es la base sobre la cual se construyen relaciones de confianza y se promueve el bienestar colectivo. Mencionó que la reciente emisión del nuevo Código de Ética por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ofrece una oportunidad para reforzar el compromiso con la integridad, invitando a todos los miembros del Colegio a ser pioneros en la aplicación de estos principios en sus respectivos ámbitos, ya sea empresarial, gubernamental o académico.
Por su parte, Héctor Amaya Estrella, presidente del IMCP, resaltó la relevancia del foro, que se centra en la ética y los valores en el ejercicio profesional, y subrayó la responsabilidad de los contadores públicos de mantenerse a la vanguardia en estos temas. Enfatizó que la ética y los valores son los pilares que deben guiar cada acción y decisión, promoviendo una cultura de cero tolerancia a la corrupción. Amaya destacó la importancia del nuevo Código de Ética y agradeció a Ramírez por la invitación, augurando una jornada de trabajo fructífera.
Para dar inicio con las ponencias, Miguel Ángel Brizuela González, presidente del Comité Nacional de Ética Profesional del IMCP, expuso las recientes modificaciones al Código de Ética Profesional (CEP), recalcando la necesidad de adaptar este documento clave a las tendencias y necesidades que enfrenta la profesión contable, tanto a escala nacional como internacional.
“Estas reformas buscan alinear el CEP con las normativas globales y responder a las preocupaciones de diversos grupos de interés sobre la independencia y objetividad del contador público”.
Brizuela señaló que, en el contexto de los trabajos de atestiguamiento, se ha redefinido el concepto de ‘cliente de atestiguamiento’ y se han hecho enmiendas a los requisitos de independencia, lo cual aporta mayor claridad sobre los roles y responsabilidades de las partes involucradas en estos encargos.
Además, destacó la incorporación de nuevas disposiciones que refuerzan la ética en temas críticos como los honorarios y los servicios que no son de aseguramiento. “Se han establecido reglas más estrictas para evitar la dependencia indebida de los honorarios y promover la transparencia pública”.
En ese sentido, enfatizó que estas reformas son esenciales para preservar la confianza en la profesión contable. En cuanto a la definición de entidades de interés público, indicó que se ha introducido un requisito de transparencia para que las empresas revelen públicamente cuando han aplicado requisitos adicionales de independencia.
“Estos cambios no solo actualizan el CEP, sino que también reflejan un compromiso renovado con la integridad y la calidad en la práctica contable”.
En otro orden de ideas, Víctor Keller Kaplanska, expresidente del Colegio, destacó la relevancia del servicio independiente en comunión con la ética y los valores, enfatizando cómo estos principios son fundamentales para mantener la confianza en la profesión contable. A lo largo de la presentación, se abordó la evolución de las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC) desde su emisión en diciembre de 2020 por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), hasta su entrada en vigor en diciembre de 2022 y la primera evaluación del sistema prevista para diciembre de 2023. Además, se mencionó la implementación de la Norma de Revisión de la Gestión de la Calidad (NRGC) por el IMCP en enero de 2024.
Keller también explicó la aplicación del marco conceptual para los contadores públicos en la práctica independiente, según las secciones 300 a 360 del Código de Ética del Consejo de Normas de Ética para Contadores (IESBA).
“Estas secciones cubren aspectos clave como la gestión de conflictos de interés, la designación profesional, las segundas opiniones, la objetividad de los revisores de calidad, y el manejo de honorarios e incentivos”.
En la presentación subrayó la importancia de que los contadores mantengan una conducta íntegra y objetiva, especialmente en situaciones que podrían comprometer estos principios, como la custodia de activos de los clientes o la respuesta al incumplimiento de leyes y regulaciones.
Por otro lado, Juan Carlos Bojorges, presidente del consejo consultivo, abordó la problemática ética en el sector empresarial. Destacó cómo la corrupción, el abuso de autoridad, el acoso, y otros comportamientos negativos deterioran el ambiente laboral y obstaculizan el logro de metas organizacionales. Asimismo, enumeró escándalos empresariales significativos, como los casos de Enron y Volkswagen, como ejemplos de cómo la falta de ética puede resultar en crisis graves y daños a la reputación. Bojorges subrayó que estos problemas no solo afectan la rentabilidad, sino que también pueden dañar el tejido social y la confianza en las instituciones.
Para enfrentar estos desafíos, propuso una estrategia integral centrada en definir y alinear los valores organizacionales con políticas y prácticas concretas. Abogó por una cultura de ética diaria, reforzada por códigos de conducta, programas de capacitación, y sistemas de denuncia.
“La propuesta incluye fortalecer la comunicación y la transparencia, premiar el buen comportamiento, y ajustar las estrategias basadas en el análisis continuo de resultados”.
Este enfoque, argumentó Bojorges, permitirá a las organizaciones no solo cumplir con sus objetivos económicos, sino también contribuir a un entorno empresarial más ético y sostenible.
Siguiendo con el programa, Rosa María Cruz Lesbros, expresidenta del Colegio por el bienio 2016-2018, abordó el papel fundamental de la ética y los valores en el servicio público. Cruz Lesbros destacó los principios rectores del servicio público, según el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que incluyen la legalidad, la honradez, la imparcialidad, y la rendición de cuentas. También explicó las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que obliga a los servidores públicos a seguir un código de ética y promueve la transparencia y el cumplimiento de normas éticas.
“Los códigos de ética deben ser conocidos y aplicados por todos los servidores públicos, y su implementación es esencial para prevenir la corrupción y mantener la integridad en el ejercicio de sus funciones”.
Cruz Lesbros también discutió las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, enfatizando la importancia de manejar conflictos de interés. También, abordó los distintos tipos de conflictos—potenciales, aparentes y reales—y se ofrecieron directrices sobre cómo identificarlos y manejarlos adecuadamente. Además, la presentación incluyó las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), que incluyen la promoción de políticas de integridad y la capacitación en ética pública.
“La ética pública debe ser una prioridad en todos los niveles de gobierno para garantizar la confianza de la sociedad y el correcto desempeño de los servidores públicos”.
En su turno, José Besil Bardawill, expresidente del Colegio durante el bienio 2012-2014, abordó el papel del docente como facilitador del conocimiento y líder en el cumplimiento de principios éticos. Destacó que los docentes deben preparar cuidadosamente sus exposiciones, consultar diversas fuentes de información y ofrecer asesorías a sus alumnos mientras observan el principio fundamental de objetividad.
“Deben aplicar estándares de calidad al investigar o generar nuevo conocimiento, garantizando que sus actividades se alineen con los principios fundamentales como integridad, objetividad, diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional”.
Besil Bardawill explicó cómo identificar, evaluar y responder a las amenazas al cumplimiento de estos principios, tales como el interés personal, la auto-revisión, y la familiaridad. Comentó que las amenazas deben ser evaluadas en función de su impacto y la naturaleza del rol del docente, ajustándose según nueva información o cambios en circunstancias. “Se deben aplicar salvaguardas como evaluaciones complementarias y revisión del trabajo por colegas para reducir las amenazas a niveles aceptables”.
Finalmente, compartió que la comunicación con los responsables de la gobernanza corporativa debe ser crucial para mantener la transparencia y adherirse a los principios éticos.
Eventos recientes
En la conferencia universitaria de abril, el tema principal fue los Instrumentos auxiliares de fiscalización del SAT, un evento que contó con la destacada participación de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan. David Osorio Cetina, docente de referida institución educativa, tuvo la responsabilidad de explicar en detalle los mecanismos y herramientas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emplea para respaldar y complementar sus facultades de comprobación. Su ponencia se centró en cómo estos instrumentos ayudan a identificar posibles incumplimientos fiscales por parte de los contribuyentes. El curso, que se ofreció de manera gratuita en un formato híbrido el 24 de abril, fue inaugurado por el vicepresidente de Vinculación Universitaria, Héctor Vázquez González, junto con el profesor de la ESCA Tepepan, Hugo Rodríguez Barbosa. Durante su presentación, Osorio Cetina hizo hincapié en la importante diferencia entre estos instrumentos auxiliares y las facultades de comprobación directas del SAT, como las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Subrayó que los instrumentos auxiliares no son actos de fiscalización en sí, sino que ofrecen información y elementos valiosos para que el SAT pueda ejercer sus facultades de manera más eficiente y selectiva. En este contexto, la recomendación más importante es prestar atención a los comunicados emitidos por la autoridad fiscal. Este tema está estrechamente relacionado con el control interno de las empresas, por lo que es esencial mantener un diálogo con las áreas de contabilidad y, si es necesario, con asesores fiscales. Al recibir un comunicado del SAT, es crucial verificar la información que la autoridad presenta. Por ejemplo, si el SAT notifica la omisión de la declaración anual, se debe corroborar de manera interna el estado de dicha obligación. Una de las grandes ventajas en el ámbito de las vigilancias profundas es que el cumplimiento que se realiza después de recibir un comunicado se considera aún como algo espontáneo. Según el artículo 72.° del Código Fiscal de la Federación (CFF), “si se presentan las declaraciones de manera espontánea, se está exento de sanciones por parte de la autoridad”, destacó el también abogado en Derecho. “Así que, aunque llegue una notificación, si se presenta la declaración después, sigue siendo considerada espontánea. Esto es muy diferente a un requerimiento formal por no cumplir con las obligaciones, donde la espontaneidad ya no cuenta”. La oportunidad de corregir la situación fiscal sin tener que enfrentar multas u otras sanciones es un gran beneficio para el contribuyente. Por último, David Osorio destacó la importancia de visitar la página oficial del SAT y la plataforma de gobierno abierto, donde se publican cifras de recaudación que muestran lo valiosos que son estos instrumentos auxiliares y la vigilancia constante en la labor recaudatoria del SAT. "La eficiencia que han demostrado estas herramientas ha asegurado su uso continuo, marcando un avance firme en la estrategia de fiscalización, ya que permiten una recaudación significativa sin necesidad de ejercer facultades de comprobación directas", concluyó.
En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
Este 11 de abril, el Colegio, a través de la comisión de Seguridad Social, presentó la videoconferencia PTU: determinación, reparto y aspectos de seguridad social, espacio que contó con las participaciones de Hugo Meléndez Nieto, Rubén Dávalos Palomera y Arturo Luna López, quienes hablaron acerca del procedimiento para la determinación de la PTU, su fundamentación e integración, trabajadores eventuales, entre otros temas.En la introducción, Meléndez Nieto explicó que, cada año, los patrones en México deben llevar a cabo el procedimiento para calcular y repartir las utilidades que se hayan generado y que correspondan a sus trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. “Para ello, todo patrón debe constituir una comisión mixta para el reparto de utilidades, así como dar cumplimiento a una serie de reglas que se encuentran ubicadas en diferentes ordenamientos”, detalló.Sobre ello, precisó que la comisión mixta para el reparto de las utilidades deberá constituirse cada año y determinar si hay o no utilidades a repartir, con independencia del resultado de su declaración anual, es decir, si tuvo o no utilidad, o si se encuentra en alguno de los casos de excepción para repartir utilidades. “La PTU no puede ser sujeta a descuento alguno que no esté contemplado en la legislación aplicable; debe ser dispuesta de manera absolutamente libre por los trabajadores y debe ser cubierta de manera directa al trabajador”, aclaró.Asimismo, los especialistas informaron que el patrón deberá entregar al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo una copia de la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, dentro de los 10 días siguientes a su presentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sobre el tema, añadieron que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tienen derecho a la PTU; por su parte, los demás trabajadores de confianza sí participarán en la PTU. “Sin embargo, su derecho está limitado a que, si su salario es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario en la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con las mismas características, se considerará el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20% como máximo”, enfatizó Rubén Dávalos.Respecto a una de las principales dudas de los asistentes, los especialistas señalaron que las madres trabajadoras, durante los períodos pre y posnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, serán considerados como personal en activo para el cálculo de la PTU, durante el tiempo que duren sus incapacidades.En cuanto a la fecha de pago de la PTU, comentaron que el patrón deberá pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, a más tardar el 30 de mayo tratándose de personas morales, o el 29 de junio cuando el patrón sea persona física, de cada año.Para cerrar las actividades, hablaron sobre la prescripción de pago de la PTU; al respecto, comentaron que el derecho para reclamar la PTU prescribe en un año. Sin embargo, de acuerdo con el criterio emitido por el poder judicial, “este plazo iniciará a partir del día siguiente a que se notifique o se avise al trabajador o a su beneficiario la cantidad líquida e individual que le corresponde de la PTU del ejercicio de que se trate”, concluyeron.
