En el marco de la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental, que realiza el Colegio cada año, tuvo su encuentro anual en línea del 23 al 26 de agosto, en el que tuvieron una participación especial representantes de la Auditoría Superior de la Federación, entre ellos, el del auditor, David Colmenares Páramo; Ivone Henestrosa Matus, directora general adjunta de auditoría forense; Roberto Hernández Rojas Valderrama, director de auditoría de TIC, y Miroslava Carrillo Martínez, auditora superior de fiscalización del Estado de México.
Previo a la conferencia magistral del auditor superior de la Federación, el presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, inauguró la jornada 2021, destacando la importancia de la auditoría gubernamental como medida para mejorar operaciones y actividades fiscales.
La sesión contó con las intervenciones del presidente de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Benjamín Reyes Torres, y de los integrantes Artemio Jesús Cancino Sánchez y Rodolfo Carlos Pérez Garrido, quienes fungieron como presentadores y coordinadores del primer día.
Entrando en materia de la participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el tema de los medios y el impulso de las tecnologías, Colmenares Páramo comentó “que es importante contar con foros para abrir un debate informado acerca de los medios y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para llevar a cabo la labor profesional, ya que el uso de estas alternativas permite disminuir el tiempo de atención, manejar volúmenes elevados de información, detectar patrones a partir de análisis de datos, simplificar los trámites y el contacto entre autoridades y ciudadanos”.
Asimismo, apuntó que las tecnologías permiten mantener las funciones de la dependencia, gracias al trabajo remoto como la herramienta del buzón digital de la ASF, que facilitó el intercambio de información de los organismos auditados.
Los marcos legales y administrativos a través de la inclusión de tecnologías, es para entablar una serie de acciones confiables y efectivas; sistematizar un medio para establecer la eficacia y contar con un mecanismo de seguridad. “Apostar por el cambio tecnológico es el rumbo correcto”, su uso e implementación incrementan la calidad de la auditoría gubernamental y su fiscalización.
En lo que respecta a la auditoría gubernamental, destacó la importancia de las acciones que derivan de la práctica de fiscalización superior, ya que tienen una considerable instancia en los procesos de consolidación y avances de la gobernanza democrática y aprovechamiento de los recursos, pues en palabras del auditor, “no hay nada peor, que los recursos mal empleados”.
Por último, Páramo Colmenares, habló del tema del fortalecimiento de la rendición de cuentas, a través de los funcionarios encargados de la fiscalización superior, como un proceso prioritario en las agendas de las instituciones, que siguen encargadas de esta labor, pues se pretende “aumentar la calidad de la auditoría gubernamental para garantizar la calidad de resultados, abatir la corrupción y aumentar la participación de la ciudadanía en procesos de la agenda pública”.
En virtud de lo anterior, Roberto Hernández Rojas Valderrama centró su ponencia sobre cómo la ASF está utilizando las tecnologías como la big data y el machine learning. Asimismo, comentó que gracias a las TIC en la auditoría han permitido recuperar gastos no justificados, mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información, mejorar su aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
“En torno a los retos que tienen como área es el continuar con acciones que permitan disuadir los malos manejos como contrataciones no justificadas; minimizar los riesgos ante ataques cibernéticos y auditar nuevas tecnologías 5G y el cómputo cuántico, para que el ciberataque no vulnere los sistemas de inscripción de los bancos, entre otros”.
La tercera intervención estuvo a cargo de Ivone Henestrosa Matus, quien con el tema Importancia del auditor en el nuevo sistema penal acusatorio y oral mencionó que pone a los auditores en relevancia porque depende de la defensa que hagan en cada caso o hallazgo en las auditorías para el éxito de las denuncias penales.
Además, agregó que con motivo de las reformas que se dieron en el 2008, los juicios orales son el éxito. “En el caso de la ASF, las auditorías realizadas se presentan en la Cámara de Diputados, en las que contienen las acciones determinadas derivadas de las observaciones realizadas a los entes públicos en el desarrollo de la fiscalización”.
Dentro de las acciones, cuando se determina que un acto puede constituirse en posibles delitos, que sean resultado de las auditorías, en términos de la Ley de Fiscalización y en la rendición de cuentas de la federación, se tienen que presentar denuncias o querellas penales ante la fiscalía especializada, pero la base de esas denuncias penales son los dictámenes técnicos para denuncias de hechos, que preparan las unidades administrativas auditoras, es decir, el documento o dictamen que contiene una opinión técnica, que es el resultado de las auditorías que realiza la ASF, principalmente de los pliegos de observaciones.
Henestrosa Matus comentó que como dependencia se tiene el deber ético y profesional de combatir con objetividad y transparencia el fenómeno social y gubernamental de la corrupción para rendir cuentas claras a la sociedad mexicana, aplicando la metodología científica y técnica forense de investigación apropiadas, para evitar que se invoque por los infractores de la ley, la llamada duda razonable; por este motivo, no es importante el número de denuncias penales que se presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sino aquellas que realmente prosperen derivado de una verdadera labor conjunta y coordinada entre las áreas auditoras y las jurídicas, evitando que las conductas ilícitas de servidores deshonestos y de particulares involucrados queden impunes.
La cuarta y última participación de la primera jornada estuvo liderada por Miroslava Carrillo Martínez, quien basó su intervención con el tema Control interno previo a la fiscalización, en este aspecto comentó que en el ambiente de control interno, tiene que ver con cinco componentes. “El ambiente de control es la base de control interno que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales", de ahí su importancia, por lo que instó a toda dependencia involucrar a todo el personal para que conozcan lo que hace el área o la institución.
Eventos recientes
En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
Este 11 de abril, el Colegio, a través de la comisión de Seguridad Social, presentó la videoconferencia PTU: determinación, reparto y aspectos de seguridad social, espacio que contó con las participaciones de Hugo Meléndez Nieto, Rubén Dávalos Palomera y Arturo Luna López, quienes hablaron acerca del procedimiento para la determinación de la PTU, su fundamentación e integración, trabajadores eventuales, entre otros temas.En la introducción, Meléndez Nieto explicó que, cada año, los patrones en México deben llevar a cabo el procedimiento para calcular y repartir las utilidades que se hayan generado y que correspondan a sus trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. “Para ello, todo patrón debe constituir una comisión mixta para el reparto de utilidades, así como dar cumplimiento a una serie de reglas que se encuentran ubicadas en diferentes ordenamientos”, detalló.Sobre ello, precisó que la comisión mixta para el reparto de las utilidades deberá constituirse cada año y determinar si hay o no utilidades a repartir, con independencia del resultado de su declaración anual, es decir, si tuvo o no utilidad, o si se encuentra en alguno de los casos de excepción para repartir utilidades. “La PTU no puede ser sujeta a descuento alguno que no esté contemplado en la legislación aplicable; debe ser dispuesta de manera absolutamente libre por los trabajadores y debe ser cubierta de manera directa al trabajador”, aclaró.Asimismo, los especialistas informaron que el patrón deberá entregar al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo una copia de la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, dentro de los 10 días siguientes a su presentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sobre el tema, añadieron que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tienen derecho a la PTU; por su parte, los demás trabajadores de confianza sí participarán en la PTU. “Sin embargo, su derecho está limitado a que, si su salario es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario en la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con las mismas características, se considerará el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20% como máximo”, enfatizó Rubén Dávalos.Respecto a una de las principales dudas de los asistentes, los especialistas señalaron que las madres trabajadoras, durante los períodos pre y posnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, serán considerados como personal en activo para el cálculo de la PTU, durante el tiempo que duren sus incapacidades.En cuanto a la fecha de pago de la PTU, comentaron que el patrón deberá pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, a más tardar el 30 de mayo tratándose de personas morales, o el 29 de junio cuando el patrón sea persona física, de cada año.Para cerrar las actividades, hablaron sobre la prescripción de pago de la PTU; al respecto, comentaron que el derecho para reclamar la PTU prescribe en un año. Sin embargo, de acuerdo con el criterio emitido por el poder judicial, “este plazo iniciará a partir del día siguiente a que se notifique o se avise al trabajador o a su beneficiario la cantidad líquida e individual que le corresponde de la PTU del ejercicio de que se trate”, concluyeron.
El Colegio presentó el foro El contador público ante los juicios penales por auditoría forense, en donde los especialistas Dalia Sierra Ramírez, Ricardo Cacho García, Alexa Mendivil Ramírez y Amalin Vargas platicaron sobre la importancia del contador público en los juicios penales relacionados con la auditoría forense.En el evento, llevado a cabo el 10 de abril de manera online y coordinado por la contadora Mónica Estrada, la discusión se centró en la necesidad de entender conceptos básicos como el fraude, riesgos y la relevancia de la auditoría forense en el sistema judicial; al respecto, se puntualizó que, de acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), el fraude se refiere al uso de engaño intencional para obtener un beneficio injusto o ilegal, en detrimento de otra persona o entidad.Por lo anterior, Dalia Magaly Sierra Ramírez destacó la importancia de reconocer las diferentes tipologías de fraude, afirmando que “comprender estas categorías es esencial para prevenir y detectar irregularidades”; entre las tipologías discutidas se mencionaron el fraude ocupacional, el fraude externo y el fraude interno.Por su parte, Cacho García enfatizó que la naturaleza del fraude se basa en cuatro pilares: oportunidad, presión, racionalización y capacidad, y añadió que “la conciencia de estos factores puede ser clave para implementar medidas preventivas efectivas”.Llegado a este punto, los expositores comentaron que la auditoría forense es un enfoque técnico que permite la investigación de irregularidades y la obtención de pruebas para su análisis legal. Al respecto, Alexa Mendivil explicó que esta práctica debe responder a preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿qué? “Cada una de estas preguntas guía la investigación y asegura que no se omita ningún detalle crítico”, subrayó.Vargas añadió que “la transparencia en cada fase del proceso es fundamental para garantizar la credibilidad del informe final”.De igual forma, se mencionó que los peritos juegan un papel crucial en los juicios, actuando como expertos que ayudan a los jueces a entender hechos complejos. Dalia Magaly Sierra Ramírez mencionó que “los peritos deben ser capaces de comunicar sus hallazgos de manera clara y comprensible, ya que su testimonio puede influir significativamente en las decisiones judiciales”.Además, pueden ser oficiales, privados o terceros en discordia. La evidencia sólida es esencial para el éxito de un informe de auditoría.Los especialistas concluyeron que la auditoría forense no solo identifica y documenta fraudes y delitos financieros, sino que también asegura el cumplimiento de normativas y evita sanciones.“Los contadores públicos, con su capacidad para traducir información financiera compleja, son piezas clave en este proceso, apoyando así la justicia y la transparencia en el ámbito empresarial y gubernamental”, precisó Ricardo Cacho.
