La comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio reunió del 22 al 26 de agosto a miembros de la función pública – federales y estatales – así como especialistas académicos y de Tecnologías de la Información (TI) en la Semana nacional de auditoría gubernamental.
El control interno y la fiscalización, SFP
Para dar inicio con las ponencias, el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública y encargado del despacho de los asuntos de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Eduardo Gurza Curiel, brindó un análisis sobre el control interno y la fiscalización.
En este sentido, comentó que la SFP es el órgano encargado de conducir la política de control interno mediante la emisión de la normativa en materia de control interno, la participación en órganos colegiados, la práctica de visitas e intervenciones de control y acompañamiento en la implementación del Sistema de control interno institucional (SCII).
Asimismo, recordó que, dentro de la estrategia de fiscalización, cada acto debe ser un tiro de precisión, y que, a la vez, fomenten la mejora continua de la administración pública.
Finalmente, puntualizó que un gobierno responsable debe estar dotado de facultades de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización de la gestión gubernamental.
CFE, desafíos de la auditoría gubernamental
En su turno, Ricardo Gutiérrez Calderón, titular de la Auditoría Interna en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), profundizó en los retos que enfrenta la auditoría gubernamental. Comentó que, en la actualidad, dirigir un área de auditoría de manera coherente y ordenada, conlleva desafíos significativos. “Para hacer frente a estos, es necesario implementar acciones contundentes, como fortalecer la planeación basada en riesgos y adaptar enforques innovadores”.
Afirmó que, los desafíos a los que se enfrenta la práctica confirman el compromiso de los profesionales para responder ante las funciones y expectativas de las instituciones; perseverando una perspectiva eminentemente técnica en el desarrollo de su trabajo anteponiendo el beneficio institucional.
Por lo anterior, subrayó que, las labores de Auditoría en la CFE, tanto de sus empresas productivas subsidiarias y filiales, enfrentan los desafíos que conlleva el contexto interno y externo de la actualidad, lo que representa uno de los aspectos más significativos del valor que agrega esta función al fortalecimiento de la empresa y sus más de 93 mil empleados y 45 millones de usuarios.
Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF)
Alejandro Romero Gudiño, administrador Desconcentrado de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió las estrategias y acciones que ha implementado el gobierno para asegurar la integridad en las contrataciones públicas en el presente año.
Aseguró que con la transferencia de funciones de planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSR) a la SFP, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos en apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 constitucional.
Además, expresó que con la facultad que SFP tendrá de nombrar y remover en el sector central a las personas titulares de las UAF, aumentará su capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, ya que esto le otorgará mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción.
Fiscalización Superior, implicaciones y retos
Continuando con las ponencias, se dio paso a un panel integrado por David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados; Marlon Aguilar George, coordinación de Seguimiento de Recomendaciones e Integración de Informes Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX); Cesáreo Esparza Ham, auditor Especial para Gobierno del Estado de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas; y José Uriel Estrada Martínez, auditor Superior del Estado de Chiapas; quienes, desde su perspectiva como autoridades, debatieron sobre los retos de la fiscalización superior.
Al respecto, Villanueva Lomelí compartió las implicaciones y los principales retos del sistema de fiscalización en México. Por su parte, Esparza Ham y Estrada Martínez, respectivamente, explicaron las estrategias de desarrollo sostenible como parte de la agenda 2030 de fiscalización de cada entidad, mismas que están basadas en el aprovechamiento de capital humano e inteligencia artificial.
Aguilar George, aclaró que el desarrollo de la fiscalización requiere una visión estratégica partiendo de la reducción de la brecha entre el presupuesto ejercido y el auditado, así como incorporar el valor público a los resultados de las auditorias ejercidas y fortalecer los sistemas de anticorrupción.
Las TIC en la gestión pública
Los encargados de conversar sobre las oportunidades y retos en los servicios gubernamentales y su fiscalización, tras la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la gestión pública fueron Dan Ostrosky Shejet, presidente del Consejo de Administración de SeguriData y Francisco Javier Romero Morato, director Comercial de Edicomunicaciones México.
SESNA: la fiscalización como estrategia en el combate a la corrupción
El secretario técnico de la e la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Roberto Moreno Herrera, disertó sobre como la fiscalización puede formar parte de la estrategia en el combate a la corrupción.
Reconoció que la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y su programa de implementación considera de forma transversal la importancia del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) quedando reflejado en 10 prioridades, 14 estrategias y 24 líneas de acción; y en la PNA se destacan tres prioridades que se alinean a los diagnósticos de fortalecimiento que en su momento realizó la OCDE.
Dentro de los retos para este segundo periodo, destacó:
Esto con el fin de generar mayores impactos positivos en anticorrupción con especial énfasis en poblaciones vulnerables con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
TRIJAEM: complejidad en la falta de armonización de leyes de fiscalización superior
Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) dialogó sobre el vínculo que se presenta entre la fiscalización superior y el procedimiento de responsabilidades administrativas, partiendo de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su participación detalló que la autoridad investigadora elabora los informes y documentación a cualquier ente público con el propósito de contar con los elementos que determinen la existencia o inexistencia de alguna presunta responsabilidad administrativa. A su vez, dicha autoridad procede al análisis de los hechos para calificar la posible falta, siempre que existan actos u omisiones que la ley, los cuales se determinaran como grave y no grave.
“Es importante tomar en cuenta los requisitos que debe reunir una auditoría, que supone cuenta con elementos mínimos que describan hechos que la ley considere como irregulares y con mínimos indicios de prueba que lo hagan verosímil y atribuibles a un individuo obligado”.
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
Elsa García Duarte, presidenta de la comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, aclaró que el SNF establece acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema; en el ámbito de sus respectivas competencias para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Bajo este panorama, señaló que los integrantes del sistema de fiscalización celebran reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario con la intención de dar cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, la especialista advierte que el este sistema de fiscalización debe ser fortalecido por las entidades federativas desde los tres poderes de gobierno, para que, por medio de un debido proceso, se adapte a las actuales necesidades de fiscalización.
La fiscalización desde los OIC
Con la finalidad de conocer las acciones a favor del cumplimiento en las entidades, se presentó la mesa de discusión integrada por Javier Vargas Zempoaltecatl, titular de la Contraloría del Estado de México; Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México; Lizbeth Beatriz Basto Avilés, titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán; y Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la Contraloría General de Veracruz, quienes compartieron que, entre sus principales funciones están las de controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
Fiscalización en el fincamiento de responsabilidad administrativa
Sergio Huacuja Betancourt, coordinador de la comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, compartió cómo y en qué consiste el informe de resultados de la cuenta pública federal, así como las acciones fiscalizadoras de la ASF que ha puesto en marcha durante 2022.
Explicó que las entidades que fueron fiscalizadas deben proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías y de no hacerlo, los responsables serán sancionados con multa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Agregó que todas las personas pueden presentar denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o bien, de algún desvío. “las denuncias se pueden presentar ante la Cámara, o directamente ante la Auditoría Superior”.
Propuesta de modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Por otra parte, Gerardo Lozano Dubernard, experto en Fiscalización de la Gestión Gubernamental, compartió una serie de propuestas de modificación a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, alineadas a la misión, visión y principios de las tareas de fiscalización superior, cuya finalidad es hacer frente a la corrupción e impunidad.
En su mensaje, Lozano Dubernard aclaró que dichas propuestas deben derivar de un análisis profundo, propuesta y consulta abierta y transparente a la H. Comisión de Vigilancia con la participación de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), priorizando el fortalecimiento de la ASF.
“Estas propuestas se encuentran alineadas a una visión estratégica que sintetiza principios, misión y metas a alcanzar en las tareas de fiscalización superior para hacer frente a la corrupción”.
Insistió en que la ASF deberá transparentar los resultados del proceso de aclaración que realizan los entes fiscalizados que concluyen en un pronunciamiento, por lo que es importante fijar plazos para la publicación del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior (PAAF).
La transparencia y la fiscalización
Por último, Ileana Hidalgo Rioja, representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que la transparencia constituye un elemento critico en la rendición de cuentas lo que permite gestionar, administrar, controlar, monitorear y evaluar las acciones del Estado, principalmente desde la perspectiva del gasto público.
Puntualizó que, para regular de la transparencia pública presupuestaria, cuentan con la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), la cual basa su evaluación con la transparencia presupuestaria, participación ciudadana y la vigilancia.
Para el caso particular de México, detalló que la encuesta arrojó una puntuación de 82 sobre 100, siendo el líder en la región Latinoamericana y ocupando el quinto lugar a nivel mundial. “Sin embargo, la participación pública en los procesos fiscales en México tiene una puntuación baja, 22 sobre 100, por lo que es necesario promover la participación e inclusión ciudadana en los procesos de fiscalización presupuestaria mediante diversos mecanismos”.
En virtud de lo anterior, informó que el INAI pone ha puesto a disposición el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI), orientado al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción a través de diferentes vías de colaboración.
Durante los cinco días de ponencias, también se abordaron temas como las irregularidades detectadas en los procesos de auditorías en la investigación de responsabilidades administrativas y los retos de la fiscalización superior en México.
Asimismo, el evento contó con la presencia de Juan Manuel Puebla Domínguez, presidente del Colegio; Lucelia Cuevas Rasgado, presidenta de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; e integrantes de la comisión organizadora quienes fueron los encargados de moderar las ponencias presentadas.
Eventos recientes
El 28 de abril se presentó en el colegio el curso Criterios no vinculativos para efectos del informe fiscal, SIPRED. En el evento, bajo la coordinación de Teresa Cruz Rodríguez, representante de la comisión técnica de Auditoría Fiscal, se presentaron las consideraciones para tener en cuenta sobre los criterios no vinculativos contenidos en distintos cuerpos normativos.Para cubrir el tema, se contó con la valiosa participación de Manuel Corral Moreno y Álvaro Enrique Cordón Álvarez, integrantes de comisión mencionada previamente.Antes de comenzar, los contadores señalaron la importancia de los criterios no vinculativos ya que, aunque no tienen fuerza legal obligatoria, su relevancia permite alinear los tres elementos o perspectivas que convergen durante el informe fiscal: la autoridad fiscal, el contribuyente y el auditor; de esta forma, estos criterios permiten dar cuenta de la forma en que el sujeto pasivo (la autoridad) interpreta una normativa para orientar al sujeto activo (el contribuyente).Además, se comentó que, pese a que el contribuyente no tiene la obligación de considerar estos criterios vinculantes, “el auditor tiene la obligación de revelar las discrepancias entre los criterios de la autoridad fiscal y el contribuyente”, ya que en caso de no hacerlo puede ser copartícipe de un encubrimiento de discrepancias fiscales.Una vez establecido ese precedente, los ponentes detallaron los criterios no vinculativos relacionados con distintos cuerpos normativos, comenzando con el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley de Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la LIEPS (Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH). Para cada apartado, los expositores comentaron los criterios no vinculativos aplicables a cada conjunto de leyes y ejemplos prácticos que permitieron profundizar en ellos, desde aquellos relacionados con la expedición, timbrado y entrega de CFDI; la base gravable del IEPS en la prestación de servicios de juegos con apuestas y sorteos; la deducción de pagos a sindicatos; los gastos a favor de terceros; entre otros.
En la conferencia universitaria de abril, el tema principal fue los Instrumentos auxiliares de fiscalización del SAT, un evento que contó con la destacada participación de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan. David Osorio Cetina, docente de referida institución educativa, tuvo la responsabilidad de explicar en detalle los mecanismos y herramientas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emplea para respaldar y complementar sus facultades de comprobación. Su ponencia se centró en cómo estos instrumentos ayudan a identificar posibles incumplimientos fiscales por parte de los contribuyentes. El curso, que se ofreció de manera gratuita en un formato híbrido el 24 de abril, fue inaugurado por el vicepresidente de Vinculación Universitaria, Héctor Vázquez González, junto con el profesor de la ESCA Tepepan, Hugo Rodríguez Barbosa. Durante su presentación, Osorio Cetina hizo hincapié en la importante diferencia entre estos instrumentos auxiliares y las facultades de comprobación directas del SAT, como las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Subrayó que los instrumentos auxiliares no son actos de fiscalización en sí, sino que ofrecen información y elementos valiosos para que el SAT pueda ejercer sus facultades de manera más eficiente y selectiva. En este contexto, la recomendación más importante es prestar atención a los comunicados emitidos por la autoridad fiscal. Este tema está estrechamente relacionado con el control interno de las empresas, por lo que es esencial mantener un diálogo con las áreas de contabilidad y, si es necesario, con asesores fiscales. Al recibir un comunicado del SAT, es crucial verificar la información que la autoridad presenta. Por ejemplo, si el SAT notifica la omisión de la declaración anual, se debe corroborar de manera interna el estado de dicha obligación. Una de las grandes ventajas en el ámbito de las vigilancias profundas es que el cumplimiento que se realiza después de recibir un comunicado se considera aún como algo espontáneo. Según el artículo 72.° del Código Fiscal de la Federación (CFF), “si se presentan las declaraciones de manera espontánea, se está exento de sanciones por parte de la autoridad”, destacó el también abogado en Derecho. “Así que, aunque llegue una notificación, si se presenta la declaración después, sigue siendo considerada espontánea. Esto es muy diferente a un requerimiento formal por no cumplir con las obligaciones, donde la espontaneidad ya no cuenta”. La oportunidad de corregir la situación fiscal sin tener que enfrentar multas u otras sanciones es un gran beneficio para el contribuyente. Por último, David Osorio destacó la importancia de visitar la página oficial del SAT y la plataforma de gobierno abierto, donde se publican cifras de recaudación que muestran lo valiosos que son estos instrumentos auxiliares y la vigilancia constante en la labor recaudatoria del SAT. "La eficiencia que han demostrado estas herramientas ha asegurado su uso continuo, marcando un avance firme en la estrategia de fiscalización, ya que permiten una recaudación significativa sin necesidad de ejercer facultades de comprobación directas", concluyó.
En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
