Este 18 de septiembre, el Colegio fue sede del Maratón regional del conocimiento de Ética, una contienda que fomentó la sana competencia y brindó las herramientas necesarias para que 50 alumnos de distintas universidades pudieran medir sus capacidades y, de esta forma, representar a los Colegios de la región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en el próximo Maratón Nacional de Ética.
En su mensaje de bienvenida, Héctor Vázquez González, vicepresidente de Vinculación Universitaria del Colegio, externó su más grata felicitación a cada uno de los equipos que se dieron cita al evento, “pues con ello demuestran la dedicación y esfuerzo de sus profesores en aras de consolidar su trayectoria profesional”, aseguró.
Al maratón se congregaron nueve equipos, los cuales fueron evaluados mediante dos etapas; en la primera fase los estudiantes se enfrentaron a la resolución de un examen escrito; una vez superada esta prueba, se dieron a conocer los seis equipos que pasaron a la ronda final, la cual consistió en la formulación y presentación de un caso práctico en torno al actuar ético del contador público.
De manera posterior, el jurado calificador, el cual fue conformado por Rosario Jiménez Bustamante, Francisco Julián Boasono Ríos, Amparo Ceballos Munguía, presidentes de Colegios federados; Humberto Castro Hernández, vicepresidente de Gobierno y Apoyo a Federadas; Enrique Hilario Olvera González, vicepresidente regional de Zona Centro; y por la auditora Lourdes Sánchez Sánchez, dio a conocer a los tres primeros lugares del certamen:
El primer lugar fue para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); equipo conformado por Eliab Atlai Martínez Lechuga, Carlos González Uribe, Gerardo Novoa López, Joceline Citlaly Garcia Gutiérrez, Daniel Alejandro Castillo Torrijos y Arianna Itzel Olvera De La Cruz.
El segundo lugar lo obtuvo la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración; equipo integrado por Esteban García Cruz, Santiago Ornelas Pérez, Luis Miguel Rubio Palomo, Alondra Citlalli Salazar Pérez, Ana Paola Serna Arzate e Iván Velasco Gómez.
Y el tercer lugar fue para la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, cuyos integrantes fueron Melissa Esmeralda Ambriz Martínez, Eynar Naresh Morales Osorio, Yair Gerardo Mejía Argumedo, Cesar Emmanuel Lima Hernández, Kevin Abraham Arronte Valdovinos y Juan Carlos Basilio Flores.
Universidades participantes:
Eventos recientes
El 8 de noviembre, en el Colegio se brindó el curso Atención de visitas de verificación de PLD por el SAT, bajo la coordinación de Noé Froylán González Domínguez, integrante de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Durante el curso, Karen Rueda Calvo, integrante de la comisión previamente mencionada, compartió los detalles de este proceso de verificación y algunas recomendaciones logró recopilar durante su experiencia.De esta forma, compartió la ruta que atraviesa el proceso para compartir aspectos relevantes en cada paso. La expositora destacó una recomendación general: identificar durante todo el proceso los elementos que deben constituir los oficios que ordenan, dan seguimiento y concluyen las visitas de verificación. Según su experiencia, algunas autoridades no brindan la información pertinente durante los distintos pasos del proceso, por lo que conocerlo a profundidad es fundamental para identificar estas ausencias de información.Un ejemplo de esto ocurre en un primer momento, mientras se levanta la carta circunstancial de una visita de verificación. En este punto, es importante identificar la competencia de la autoridad que solicita la visita, los fundamentos por los que se expide la misma y los periodos que abarcará. Toda esta información es fundamental para que la visita ocurra de forma transparente.Sumado a esa recomendación, Karen Rueda comentó que es fundamental conocer los plazos de cada parte del proceso para poder actuar de forma consecuente a ellos. Al levantarse el acta constitutiva, por ejemplo, se tienen 5 días para para brindar la documentación e información solicitada; este corto periodo destaca la importancia de cuestionar cada elemento durante la presentación del acta. Al tener claridad en la solicitud, será más sencillo compartir la información y documentación.Seguido a este principio, es importante conocer que se tienen 30 días para dictar una resolución, negativa o positiva; y la Secretaría de Acción Tributaria (SAT) tiene 3 meses para concluir su visita de verificación. La autoridad está obligada a atender estos periodos concretos, por lo que es fundamental conocerlos para darle seguimiento a una visita de verificación.La ponente destacó la importancia del conocimiento de los procesos, elementos y autoridades que forman parte de una visita de verificación; además, se encargó de puntualizar de forma concreta los artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que sustentan cada acción tomada dentro de las visitas. Solo con este conocimiento se pueden identificar el correcto desempeño de las autoridades.
Durante los días 5 y 6 de noviembre, la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental organizó un foro enfocado en las fases esenciales de una auditoría y en las normativas aplicables para la revisión de los estados presupuestales de instituciones públicas. Bajo el nombre de Dictamen Presupuestal, el evento reunión a miembros de la comisión organizadora, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias para fomentar la transparencia y reforzar la rendición de cuentas en la administración pública.La sesión de apertura fue liderada por Rodolfo Carlos Pérez Garrido, quien habló sobre la importancia de la normativa en la auditoría de información presupuestaria de las entidades públicas de México. Destacó el papel de la Auditoría Superior de la Federación y de auditores externos en garantizar el cumplimiento de leyes como la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Su presentación enfatizó cómo los dictámenes, preparados bajo Normas Internacionales de Auditoría, fortalecen la confianza pública al ofrecer una evaluación objetiva de la información financiera.Anayansi Hernández Bello continuó con una exposición sobre la etapa de planeación en el dictamen presupuestal, explicando cómo los términos de referencia y el plan de auditoría permiten una revisión profunda de los recursos públicos. Hizo énfasis en la estrategia global que determina los objetivos, alcance y recursos necesarios para una auditoría eficiente. Su presentación abordó también los procedimientos de valoración de riesgos y destacó la influencia de la Ley Sarbanes-Oxley en el proceso.El dictamen presupuestal y los aspectos de verificación del uso de recursos fueron el tema principal de José Juan Lazo Sarmiento, quien explicó los requisitos para la auditoría de los estados financieros de entidades públicas, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Lazo Sarmiento detalló los análisis de ingresos, egresos y conciliaciones contables que permiten evaluar la correcta ejecución del presupuesto.Ricardo Oropeza Troche presentó los procedimientos de auditoría para la preparación de informes de auditoría independiente y dictamen presupuestario, que contienen evaluaciones exhaustivas sobre ingresos y flujos de efectivo. Además, se hizo énfasis en el cumplimiento normativo y en la identificación de deficiencias en el control interno, clasificando los hallazgos según su impacto en el ente auditado.Finalmente, Diego Carlos Nieto Sánchez compartió los resultados de las revisiones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en los dictámenes presupuestales. Su exposición incluyó el desarrollo de pruebas específicas de auditoría y la implementación de medidas contra posibles fraudes, subrayando el compromiso de las entidades con la exactitud y la transparencia en la información financiera.
Con la coordinación de Francisco Fernando Canalizo Torres, coordinador de comisiones Normativas, y Lucelia Cuevas Rasgado, coordinadora de comisiones Gubernamentales; el 4 de noviembre dio lugar a la Mesa de análisis y reflexión de la reforma judicial.En el evento se reunieron cuatro expertos en materia de derecho: Hugo Alberto Arriaga Becerra, Miguel Buitrón Pineda, Alberto Del Castillo Del Valle y Gonzalo Covarrubias Zepeda; bajo la moderación de Arturo Vázquez Espinosa. Todos ellos, compartieron sus análisis sobre la reciente reforma judicial y las implicaciones que tiene la transformación estructural y operativa del Poder Judicial de México.Durante la conversación, se comentó el impacto negativo que puede tener la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Según comentan los expertos, si el Poder Judicial pretende garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, éste debe estar compuesto por personas expertas cuyas capacidades profesionales cumplan con los requerimientos del puesto; al reducir la elección a una de popularidad, será complicado decidir “cuál de los candidatos será bueno para ocupar un cargo público”.Posteriormente, el panel compartió el análisis de las implicaciones que tiene la constitución del Tribunal de Disciplina Judicial y señaló que compromete independencia del Poder Judicial. Según describieron, al permitir que dos de los tres poderes del país evalúen al tercero, se genera un desequilibrio que resulta anticonstitucional; “en la democracia se genera un sistema de pesos y contra pesos” y la reforma compromete este sentido, comentaron.Esta desigualdad entre los Poderes de la Unión puede producir un sesgo que comprometa la imparcialidad de los funcionarios públicos, según comentaron los participantes. Generar una posición desigual, puede ocasionar un ambiente que premie la evasión de las sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial sobre los objetivos primordiales del Poder Judicial.Finalmente, los expertos se cuestionaron si esta transformación era necesaria o no y, aunque no lograron llegar a un acuerdo absoluto durante la conversación, señalaron que en ese encuentro de ideas desiguales radica la relevancia de la reflexión. En otras palabras, “la importancia está en el punto de encuentro” de personas expertas que logren identificar las oportunidades de mejora y las carencias de los sistemas que impactan a toda la ciudadanía; una transformación del Poder Judicial “es posible, pero se tiene que hacer operativa” y para ello se necesitan expertos discutan sobre el tema.
