El pasado 21 y 22 de septiembre el Colegio presentó el 9.° Encuentro de temas fiscales del Sector Financiero, foro en el que representantes de Citibanamex, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y especialistas en la materia se dieron cita para compartir los aspectos trascendentes en materia fiscal de cara al Paquete Económico 2023.
El encuentro, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, fue moderado por Víctor Manuel Pérez Ruiz y Juan Alejandro Solano González, quienes destacaron la importancia de llevar a cabo en una edición más este encuentro. Posteriormente, cedieron la palabra a Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex, quien compartió un análisis sobre el panorama económico en México de cara al próximo año, a raíz de la reciente presentación del Paquete Económico 2023.
En su participación, el economista puntualizó que México se ha convertido en un fuerte receptor de remesas en el mundo, lo cual ha dado como resultado la elevación del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.9% a 4% en los últimos años.
Respecto al Paquete Económico 2023, comentó que existe un exceso de optimismo en los supuestos macroeconómicos, ya que se estima un crecimiento del PIB de hasta 3%.
Por su parte, Víctor Pérez Ruiz y Pablo Javier Corvera Caraza, versaron sobre los principales cambios fiscales tales como la fiscalización para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), al respecto señalaron que la autoridad tributaria considera que estas sociedades de grupo abusaron de los beneficios fiscales debido a que en su razonamiento las Sofomes de grupo no son Sofomes por no tener como fin principal abaratar los financiamientos para el público, por ello, la campaña de fiscalización.
De la misma manera explicaron que, dentro de los argumentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentra la retención de intereses que aplica retroactivamente reglas de capitalización delgada, así como el incumplimiento de la Sofom de estas reglas, lo que d como resultado el que se tenga que recalcular en las empresas operativas considerando la deuda de la sociedad como si fuera del extranjero directamente.
En otro tenor, la presidenta del comité fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Laura Martínez Martínez, en compañía de Ernesto Reyes Retana Valdés, director técnico de comités de la AMIB, se encargaron de explicar los proyectos fiscales que el gremio bursátil ha emprendido en el presente año, tales como el régimen fiscal a fondos de inversión, operaciones de préstamo de valores, fondos multiactivos, facturación electrónica, entre otros.
Por lo anterior, la presidenta puntualizó, con relación al régimen fiscal aplicable a los Fondos de Inversión, que su asociación ha tenido diversos acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a quienes se le han presentado propuestas para su revisión. “A pesar de que la SHCP externó su interés en los proyectos, finalmente no se incluyó en el Paquete Económico 2023, sin embargo, continuaremos insistiendo en la necesidad de dicha propuesta”, expresó.
En su intervención, Asael Eduardo Apolinar Hernández y José Luis Mejía Soto discutieron acerca de las consideraciones en las reglas de capitalización delgada aplicables a Sofomes derivadas de la reforma del presente año. Al respecto aclararon que el criterio normativo 64/ISR/N relativo a intereses pagados a residentes en el extranjero limita la retención del 4.9% por intereses pagados, mismos que incluye también a los percibidos de certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos.
Para reforzar el tema, se presentaron Adriana Vázquez Padilla y Ángel José Turanzas Díaz quienes informaron sobre las actividades que forman parte de las incorporaciones a la reforma fiscal de 2022. Además, compartieron las principales controversias presentadas en los actos no objeto.
Finalmente, Marcela Calderón Agoitia, Luis Guillén Juárez y Olivia Segura Ortiz, presentaron un panorama sobre la evolución de la reglamentación para el trabajo remoto en México, partiendo de la NOM-037 y las principales normativas incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Eventos recientes
Esta tarde, el Colegio y la comisión de Finanzas y Sistema Financiero presentaron la conferencia Temas actuales de seguros, evento que contó con la participación del contador Diego Chávez Mojica como panelista y Tomás Francisco Palacio Fernández como coordinador del evento. La conferencia se centró en las obligaciones de cumplimiento y los retos asociados a los contratos de seguros en el contexto de las Normas de Información Financiera (NIF), normas D1, Ingresos por contratos con clientes y D-2, Costos por contratos con clientes en el sector asegurador.Durante la sesión, Chávez Mojica explicó que una entidad puede transferir el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo, lo que permite el reconocimiento de ingresos conforme se satisfacen las obligaciones contractuales. Además, resaltó la importancia de la NIF D-1, que establece que los ingresos deben ser reconocidos en función de la transferencia del control sobre los bienes o la satisfacción de los servicios acordados con los clientes.El panelista también hizo hincapié en que, al inicio de un contrato, es fundamental evaluar si la obligación se satisface a lo largo del tiempo o en un momento específico. Se discutió cómo el derecho presente al cobro y el derecho legal sobre el activo son indicadores clave para determinar quién tiene el control.El contador detalló los cinco pasos metodológicos que deben seguirse para el análisis de los contratos bajo la NIF D-1, que incluyen la identificación del contrato, las obligaciones de desempeño, el precio de la transacción, la asignación del precio y el reconocimiento del ingreso. “Este enfoque sistemático es esencial para que las entidades cumplan con las regulaciones y puedan reportar de manera adecuada sus ingresos”, enfatizó.En cuanto a la NIF D-2 sobre costos por contratos con clientes, el contador destacó que los costos deben ser reconocidos en la utilidad o pérdida neta al momento de la transferencia del control. Asimismo, subrayó que es crucial que los costos sean recuperables y puedan cuantificarse de manera confiable; “esto implica un análisis cuidadoso de los costos incrementales asociados con la obtención de contratos, así como la evaluación de los servicios prestados”.En la conferencia también se abordaron los retos en la implementación de las NIF D-1 y D-2, enfatizando la necesidad de analizar los servicios ofrecidos a los clientes y la naturaleza de estos. Se mencionaron las operaciones conexas, que son esenciales para el funcionamiento de las aseguradoras y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.De igual forma, se hizo hincapié en que el concepto de agente, el cual obliga a las entidades a reflexionar sobre el tratamiento de ingresos y costos en operaciones de asistencia, donde la entidad que proporciona el servicio no es necesariamente la institución aseguradora.Finalmente, se discutió el objetivo principal de la IFRS 17, que busca proporcionar un modelo de contabilidad útil y consistente para los contratos de seguros, ofreciendo claridad sobre las obligaciones y riesgos, así como mejorando la transparencia en la información financiera. La conferencia concluyó con un llamado a los profesionales del área a mantenerse actualizados sobre estos temas cruciales para el desarrollo de las entidades aseguradoras.
La reciente reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit y la creciente complejidad en los dictámenes de seguridad social fueron el eje central del evento Aspectos prácticos en los dictámenes del IMSS e Infonavit, organizado por la comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos los días 8 y 9 de julio.Durante las dos jornadas, expertos abordaron los nuevos retos para las empresas ante cambios normativos que impactan directamente en la administración de créditos de vivienda, control de ausentismo, y responsabilidades patronales, así como en la calidad técnica de los dictámenes fiscales ante el IMSS.Durante el primer día, María de Lourdes Nabor Cadena, Miguel Ángel Silva Pedroza y Ariel Morales García, integrantes de la comisión organizadora, centraron su atención en los efectos de la reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit, publicada el 21 de febrero de 2025. Mencionaron que este cambio legal establece que las amortizaciones de créditos de vivienda no se suspenderán, aunque el trabajador tenga ausencias o incapacidades, lo que representa un cambio significativo para las empresas.En ese orden de ideas, explicaron que esta reforma implica nuevas responsabilidades para los patrones, quienes deberán ajustar sus sistemas de nómina y controles internos para evitar errores en los pagos y sanciones por diferencias. También, advirtieron sobre posibles conflictos al intentar recuperar pagos en exceso o cuando el salario no sea suficiente para aplicar los descuentos correspondientes.En este contexto, se discutió la utilidad del dictamen del Infonavit como herramienta preventiva, a pesar de no ser obligatorio. Los expositores recomendaron implementar controles detallados de ausentismo y conciliaciones con la Emisión Bimestral Anticipada (EBA), así como establecer convenios de reembolso de incapacidades con el IMSS. Además, enfatizaron la necesidad de sensibilizar a los trabajadores sobre el cumplimiento puntual de sus obligaciones crediticias.Con miras al cuarto bimestre del año, cuyo pago inicia en septiembre de 2025, se recordó a los asistentes que el Infonavit ya ha otorgado una prórroga, pero se advirtió sobre la necesidad de estar preparados. Los especialistas concluyeron que los contadores deben mantenerse actualizados y evaluar el costo-beneficio de cada acción para evitar contingencias futuras.En la segunda jornada, Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la comisión de Auditoría Fiscal; Miguel Arnulfo Castellanos Cadena y Moisés Velázquez Ortega de la comisión organizadora, abordaron los aspectos técnicos del dictamen de seguridad social. Aunque el Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS) no presentó cambios relevantes respecto al año anterior, los expositores subrayaron la importancia de la calidad en los papeles de trabajo, que son el soporte técnico del dictamen y reflejan el profesionalismo del contador público autorizado.Uno de los temas destacados fue la obligación de dictaminar para patrones con un promedio anual de 300 o más trabajadores. Se explicó cómo calcular este promedio y la relevancia de verificar la información frente a los datos del IMSS, ya que cualquier discrepancia podría derivar en sanciones o requerimientos formales por parte de la autoridad.También se analizó el procedimiento de corrección voluntaria y las invitaciones del IMSS. Los especialistas advirtieron que aceptar una invitación podría implicar la obligación de dictaminar varios ejercicios fiscales, y recordaron que, una vez iniciada la solicitud de dictamen, no es posible acogerse a otro esquema de corrección. Por ello, se recomendó evaluar cuidadosamente la estrategia más adecuada para cada caso.Finalmente, los ponentes resaltaron los beneficios de dictaminar de forma proactiva, como evitar visitas domiciliarias, siempre y cuando el dictamen se presente sin observaciones graves. La sesión cerró con consejos prácticos sobre el uso del SIDEIMSS y la planificación anticipada del aviso y presentación del dictamen, así como la necesidad de mantener la capacitación continua y cumplir con las normas de control de calidad.
El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) presentó el 2 de julio una calculadora de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en colaboración con el Colegio y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Para el anuncio se reunieron autoridades de las instituciones mencionadas, cuerpos directivos de los colegios federados y profesionales asociados.La intención detrás del lanzamiento de esta herramienta es facilitar el cumplimiento de las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), ya que la calculadora está alineada con los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO), con lo que se proyecta apoyar a organizaciones mexicanas a cumplir con los requisitos normativos al elaborar sus informes de sostenibilidad.Para comenzar el evento, la presidenta del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) en el CINIF, Elsa Beatriz García Bojorges, comentó que “la relación de los IBSO permitirá a las empresas informar sobre su desempeño sostenible, identificar sus riesgos materiales y plantear una estrategia de sostenibilidad, permitiéndoles ser más rentables y generar mayor valor económico mientras contribuyen a generar un entorno global más sostenible”. Según describió Elsa Beatriz, la calculadora de GEI fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), quien puso en marcha el desarrollo de esta herramienta como parte de su labor para impulsar acciones de sostenibilidad a nivel mundial. “A partir de hoy, esta calculadora se convierte en un bien de carácter público que se pondrá al alcance de las empresas mexicanas y de forma gratuita a través del CINIF”, concluyó.Erika Casamadrid Gutiérrez, directora del Financiamiento para la Acción Climática en México (FINACC) del GIZ, agradeció a todas las personas involucradas que han permitido el lanzamiento de esta herramienta, incluido el equipo técnico que permitió alcanzar el objetivo final. Además, señaló que la cooperación es fundamental para construir soluciones sostenibles para enfrentar los retos globales y locales. “Con la accesibilidad de esta calculadora, las empresas podrán tomar decisiones informadas que les permitan sumarse a esta colaboración mundial por la sostenibilidad”, comentó.Posteriormente, Bernardo Rivadeneyra Pérez, presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que la acción climática es un reto mayúsculo y supone un reto, pero también una oportunidad para generar valor y fortalecer las empresas con decisiones que contemplen la responsabilidad social, por lo que extendió una invitación a la inclusión de esta herramienta en organizaciones de todos los tamaños. Rivadeneyra comentó que “la calculadora es el resultado del trabajo conjunto de instituciones, expertos y organismos comprometidos que no solo facilita la medición y el reporte de GEI, sino también impulsa la transparencia e impulsa el camino hacia una economía baja en carbono”.Patricia Moles Fanjul, miembro del Consejo Emisor del CINIF, y Jessica Trinidad Magaña López, investigadora en sostenibilidad del CINIF compartieron con los asistentes la estructura y funcionamiento de la calculadora. En ese espacio, se comentó que tras un análisis de las NIS se identificó que los GEI podían suponer una limitante para el cumplimiento normativo debido a la complejidad de su cálculo. Con esta herramienta no solo se permite determinar las emisiones de GEI alcance 1 y 2, sino que agrega el consumo de energía. Además, su facilidad de operación con parámetros precargados verificables y actualizables permite integrar esos conocimientos complejos e interdisciplinarios en una herramienta accesible y escalable.Finalmente, el evento concluyó con un panel compuesto por Elsa Beatriz García Bojorges; Daniel Ledesma González, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, (IMEF CDMX), Grupo Ciudad de México; Patricia Moles Fanjul; y Mariuz Calvet Roquero, experta en sostenibilidad y finanzas sostenibles. Durante este diálogo se discutió la importancia de medir y analizar los datos de GEI, no solo a primer grado; según comenta Mariuz en las organizaciones bancarias, por ejemplo, solo el 1% de su huella de carbono se encuentra en sus sucursales, el 99% se encuentra en sus portafolios. Es debido a esta red de servicios en distintas industrias que es fundamental contar con las herramientas para alinear de forma colectiva cada organización con las NIS y otras regulaciones en materia de sostenibilidad. Es por lo que la calculadora de GEI supone un paso adelante, ya que la accesibilidad y escalabilidad de ella permitirá a más instituciones sumarse a esa red, y no solo a las empresas de gran tamaño.En suma, el presidente del IMEF comentó que la concientización, enseñanza y capacitación es el siguiente paso para atender para que la calculadora alcance su máximo potencial. Sin embargo, este compromiso supone un beneficio bidireccional, ya que las empresas alineadas a las normativas de sostenibilidad tienen una ventaja competitiva sobre aquellas que no lo están, así que procurar las políticas de sostenibilidad también permite la permanencia en el tiempo de las organizaciones, el bienestar social y el medio ambiente.
