Para prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) en el sector tecnofinanciero es necesaria la implementación de un marco normativo.
En este sentido, la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, encabezado por su presidenta, Cynthia Escoffie Caballero, y los integrantes Juan Carlos Cervantes Córdova y Guillermo Álvaro Ruiz Ramírez, presentaron el 27 de julio el curso en línea Implementación del programa PLD para Fintech, en el que abordaron las Generalidades de la Ley Fintech en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), Elementos del programa PLD/FT mínimos a considerar para las Fintech y los Principales aspectos para implementar el programa de PLD/FT.
Juan Carlos Cervantes comentó que las Fintech no son un organismo distinto a las otras entidades financieras (banco, Sofom, Sofipo, centro cambiario, casa de Bolsa, operadora de fondos).
“Cualquiera de las instituciones financieras dentro del marco del propio sistema financiero supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD estarían obligadas a un marco normativo muy similar, sólo tendrían algunos cambios por el tipo de operación que se va a realizar en el caso de reportes”.
Asimismo, agregó que las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) son aquellas empresas que tienen un componente tecnológico fuerte y se caracterizan por su innovación en sus procesos bancarios, productos y servicios; tecnología adaptada a las situaciones novedosas; que busca ser ágil y eficiente a través de plataformas como páginas web, aplicaciones y redes sociales.
Además de que nacen con la tecnología y están adaptadas a nuevas situaciones de mercado. Para organizarse y operar como ITF se requiere de una autorización que sería otorgada por la CNBV.
“De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las Fintech son la suma de finanzas y tecnología que tiene como resultado la innovación tecnológica aplicada a los servicios financieros, según se dio a conocer en el 2018”.
Por último, en cuanto a la Implementación del programa PLD para Fintech, Guillermo Álvaro Ruiz agregó que la SHCP emitió disposiciones de Carácter General (artículo 58.° de la Ley Fintech), en la que se establecen medidas y procedimientos mínimos, así como plazos para el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD/FT.
Eventos recientes
El pasado 21 y 22 de septiembre el Colegio presentó el 9.° Encuentro de temas fiscales del Sector Financiero, foro en el que representantes de Citibanamex, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y especialistas en la materia se dieron cita para compartir los aspectos trascendentes en materia fiscal de cara al Paquete Económico 2023.El encuentro, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, fue moderado por Víctor Manuel Pérez Ruiz y Juan Alejandro Solano González, quienes destacaron la importancia de llevar a cabo en una edición más este encuentro. Posteriormente, cedieron la palabra a Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex, quien compartió un análisis sobre el panorama económico en México de cara al próximo año, a raíz de la reciente presentación del Paquete Económico 2023.En su participación, el economista puntualizó que México se ha convertido en un fuerte receptor de remesas en el mundo, lo cual ha dado como resultado la elevación del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.9% a 4% en los últimos años.Respecto al Paquete Económico 2023, comentó que existe un exceso de optimismo en los supuestos macroeconómicos, ya que se estima un crecimiento del PIB de hasta 3%.Por su parte, Víctor Pérez Ruiz y Pablo Javier Corvera Caraza, versaron sobre los principales cambios fiscales tales como la fiscalización para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), al respecto señalaron que la autoridad tributaria considera que estas sociedades de grupo abusaron de los beneficios fiscales debido a que en su razonamiento las Sofomes de grupo no son Sofomes por no tener como fin principal abaratar los financiamientos para el público, por ello, la campaña de fiscalización.De la misma manera explicaron que, dentro de los argumentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentra la retención de intereses que aplica retroactivamente reglas de capitalización delgada, así como el incumplimiento de la Sofom de estas reglas, lo que d como resultado el que se tenga que recalcular en las empresas operativas considerando la deuda de la sociedad como si fuera del extranjero directamente.En otro tenor, la presidenta del comité fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Laura Martínez Martínez, en compañía de Ernesto Reyes Retana Valdés, director técnico de comités de la AMIB, se encargaron de explicar los proyectos fiscales que el gremio bursátil ha emprendido en el presente año, tales como el régimen fiscal a fondos de inversión, operaciones de préstamo de valores, fondos multiactivos, facturación electrónica, entre otros.Por lo anterior, la presidenta puntualizó, con relación al régimen fiscal aplicable a los Fondos de Inversión, que su asociación ha tenido diversos acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a quienes se le han presentado propuestas para su revisión. “A pesar de que la SHCP externó su interés en los proyectos, finalmente no se incluyó en el Paquete Económico 2023, sin embargo, continuaremos insistiendo en la necesidad de dicha propuesta”, expresó.En su intervención, Asael Eduardo Apolinar Hernández y José Luis Mejía Soto discutieron acerca de las consideraciones en las reglas de capitalización delgada aplicables a Sofomes derivadas de la reforma del presente año. Al respecto aclararon que el criterio normativo 64/ISR/N relativo a intereses pagados a residentes en el extranjero limita la retención del 4.9% por intereses pagados, mismos que incluye también a los percibidos de certificados, aceptaciones, préstamos u otros créditos.Para reforzar el tema, se presentaron Adriana Vázquez Padilla y Ángel José Turanzas Díaz quienes informaron sobre las actividades que forman parte de las incorporaciones a la reforma fiscal de 2022. Además, compartieron las principales controversias presentadas en los actos no objeto.Finalmente, Marcela Calderón Agoitia, Luis Guillén Juárez y Olivia Segura Ortiz, presentaron un panorama sobre la evolución de la reglamentación para el trabajo remoto en México, partiendo de la NOM-037 y las principales normativas incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El mundo está cambiando y con él la forma de hacer las cosas. Un nuevo planteamiento estructural para agilizar los procesos en las auditorías fue la exposición de motivos en la plática en línea La auditoría desde el Modelo Agile, que se realizó el 22 de septiembre, en una acción concertada con la Universidad Iberoamericana (Ibero). Rosalía Ortega López, vicepresidenta de Vinculación Universitaria en el Colegio, y José Luis Vásquez Costa, integrante de la comisión de Docencia, se sumaron a los comentarios acerca de la trascendencia de realizar trabajos conjuntos con instituciones educativas, lo que representa estar a la vanguardia y actualizados; demás de plantear un panorama real que contribuye al desarrollo profesional de los universitarios. Entrando de lleno en la plática, el abogado y catedrático de la Iberoamericana, Roberto Flavio Ramos Maruri, basó su participación en el Modelo Agile, del cual comentó que se trata de un formato ágil que permite la mejora en los procesos, entre ellos, el de la auditoría como parte de la estrategia del negocio. El modelo está basado en cuatro pilares nominados Valores de la agilidad: 1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 2. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. 3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Estas convicciones a su vez están definidas en 12 principios, que se resumen en transparencia, inspección, adaptación y autoorganización. El enfoque en la auditoría agile facilita la priorización de trabajos, actividades y recursos en función de la relevancia y aporte de valor para la organización, todo centrado hacia un mismo objetivo: la eficacia. Ramos Maruri comentó que la auditoría agile posibilita la flexibilidad en los planes y programas de trabajo para adaptarse a los requerimientos y riesgos emergentes; además de la reducción en los tiempos de entrega, pero principalmente en la anticipación y solución de problemas.El consejero técnico con experiencia en controles internos y regulación contable incentivó a los participantes a sumarse al cambio con esta metodología, que representa agilidad en los procesos de revisión de la auditoría.
Para considerar que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) —que se percibe a través de entidades extranjeras— es sujeto al Régimen Fiscal Preferente (Refipres), se presentó el curso en línea Implicaciones en México de 4-A, 4-B y Refipres, realizado el 20 de septiembre, y contó con las intervenciones de los comisionados en Fiscal en el Colegio, Roberto Ivan Colín Mosqueda, Pablo Cervantes García, Guillermo Leopoldo Uribe Garay y Guillermo López Corral, quienes pusieron en contexto el origen, según la OCDE, la tributación en México por beneficiarios controladores, la fiscalización de las entidades extranjeras y el cumplimiento de obligaciones, así como la definición de control efectivo desde sus aspectos prácticos y su problemática.Con objeto de entender mejor en qué consiste este impuesto y cuándo fue implementado en México, el contador Colín Mosqueda mencionó que tiene su origen en el plan BEPS emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual contiene medidas, cuya finalidad es que las jurisdicciones puedan prever reglas para obligar a los inversionistas residentes en una entidad o figura extranjera transparente, a que reconozcan los ingresos a través de éstas, así como el evitar situaciones donde exista una deducción en una jurisdicción sin la correspondiente inclusión en otra, y por ello, las reglas de híbridos deben permitir la deducción en la medida que la otra instancia adopte la recomendación vinculante. “Las reglas respecto a entidades o pagos híbridos deben ser diseñadas en coordinación con otras jurisdicciones a efecto de evitar la doble tributación”. En lo que concierne a la reforma fiscal 2020, se propuso regular a las entidades y figuras jurídicas extranjeras, por lo que se adicionaron los artículos 4-A y 4-B de la Ley del ISR, que reglamenta el régimen tributario de los residentes en el extranjero con permanencia en México.En esa misma línea informativa, Pablo Cervantes García argumentó que en la exposición de motivos de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) se planteó la necesidad de cumplir con los compromisos a nivel internacional para garantizar condiciones de igual y dar respuesta al llamado G-20, que invita a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador para efectos del estándar de intercambio de información, previa petición con respecto a personas, estructuras jurídicas y cuentas bancarias. En ese tenor, Guillermo Leopoldo Uribe Garay habló, entre otros temas, del Refipres, del cual dijo que se consideran los ingresos sujetos a este régimen los que no están gravados en el extranjero —para no caer en la doble tributación— o los que están con un ISR inferior al 75%, que se causaría y pagaría en México. Al tiempo que comentó que para determinar la tasa a que está sujeta la entidad se debe considerar el impuesto consolidado, el ISR que pague la entidad extranjera, sin importar el país donde se paga (si es federal o local); excluir el ISR pagado mediante acreditamiento y para la comparación, excluir el ISR adicional por dividendos. Para concluir de forma magistral, Guillermo López Corral se enfocó en el control efectivo como una medida de incorporar una prueba de inspección que combina la evaluación de control jurídico y económico, y la inclusión de supuestos normativos referentes al test de control de facto y de consolidación. En la determinación de control efectivo, se consideran los derechos que tenga el contribuyente y sus partes relacionadas y personas vinculadas, sin importar su residencia fiscal o lugar de constitución. “En el caso de partes relacionadas y personas vinculadas que sean residentes en México o establecimientos permanentes en territorio nacional de residentes en el extranjero, se encuentran obligadas a cumplir con disposiciones fiscales”.
